Pasó el nerviosismo, pero queda la incertidumbre. El sector audiovisual ha esperado durante meses a que el Tribunal Supremo (TS) decidiera sobre el futuro de la TDT. El Alto Tribunal por fin se pronunció este miércoles. Su decisión es clara: nueve de los actuales canales deben dejar de emitir cuanto antes. Un varapalo para los grupos de comunicación, que a priori deben perder licencias. Y, si se lee la letra pequeña, el auto del Supremo es también un varapalo para el Gobierno. Los jueces dejan en evidencia que el Ejecutivo ha errado al no acometer antes los cambios y se ha equivocado al vincular esas modificaciones al llamado "dividendo digital". Así, los magistrados pasan esta patata caliente al Gobierno, que ahora debe decidir cómo resuelve el entuerto. Y la incertidumbre crece en el sector mientras esa solución no llega.
Básicamente, el auto del Supremo conocido este miércoles ratifica y completa su propia sentencia de hace un año. El Alto Tribunal ha dejado claro que nueve de los actuales canales de TDT fueron adjudicados de forma irregular en 2010 por el Gobierno de Zapatero. Ahora, deben frenar sus emisiones cuanto antes. Se trata de tres canales de Atresmedia, dos de Mediaset, dos más de Vocento/Net TV y otros dos de Unidad Editorial. Por ello, los principales grupos audiovisuales están afectados. Y en su seno el malestar con el Ejecutivo es obvio porque consideran que la decisión sobre este asunto tendría que haber llegado hace ya un tiempo.
Todo el proceso
Como se ha dicho, el Supremo sentenció a finales de 2012 que nueve canales debían dejar de emitir. Contra pronóstico, en marzo de este año el Gobierno anunció que ejecutaría esa sentencia. Eso sí, para ganar tiempo el Ejecutivo estipuló en una orden ministerial que los nueve canales "transitoriamente podrán seguir emitiendo los canales afectados hasta que culmine el proceso de liberación del dividendo digital". Tras ese anuncio, se sucedieron los recursos enviados al Supremo respecto a esa orden ministerial. Por un lado, las televisiones, agrupadas en la patronal Uteca y también cada una por separado, pidieron la nulidad de la orden ministerial (es decir, que no se ejecutase la sentencia y los canales siguieran emitiendo para siempre). Por otro lado, la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 (la que reclamó la nulidad de lo decidido en 2010) pidió que desapareciera esa emisión "transitoria" de los canales.
Pues bien, en su auto de este miércoles los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestiman la pretensión de las televisiones de que no se ejecutase la sentencia. Y además estiman parcialmente lo pedido por Infraestructuras y Gestión 2002 y, por ello, apremian al Ejecutivo para que demore por más tiempo su actuación. Es innegable, por tanto, que se trata de un varapalo para las televisiones y para el Ejecutivo. Especialmente para este último, que queda en evidencia y que ahora ve cómo se la agota el tiempo, dado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, prometió en noviembre que este asunto se habría arreglado antes de que acabase el año.
Los jueces del Supremo reprochan con dureza la actuación del Ejecutivo al posponer la ejecución de la sentencia
En las 48 páginas que conforman el auto, los jueces del Supremo incluyen evidentes críticas al Gobierno por su forma de proceder. Para empezar le reprochan que en su orden ministerial no especificase qué canales eran los afectados. Pero el ataque más duro aparece en el fundamento jurídico duodécimo (páginas 42-45). Ahí el Supremo recuerda que "la suspensión o la inejecución de una sentencia, sea de manera definitiva o transitoria, no es una decisión que puedan adoptar las partes, ni siquiera el Consejo de Ministros en pretendida defensa de intereses generales". Y un poco más adelante niegan que la llegada del "dividendo digital" y el reparto de la TDT estén relacionados, al revés de lo que ha venido defendiendo el Ejecutivo.
"En cuanto a las dificultades de todo orden del proceso de liberación del dividendo digital, nada tienen que ver con lo que se resuelve; tales dificultades existen con o sin nulidad del acuerdo, y la cesación de determinados canales en nada obstaculiza dicho proceso, fuera del hecho de que constituya un factor más a tener en consideración en cuanto al espacio radioeléctrico ocupado. En todo caso no se trata de un factor que haya de implicar por sí mismo retrasos o que incremente la dificultad intrínseca de dicho proceso, sino que más bien, en la medida en que libera espacio -al menos provisionalmente- facilita a la Administración la reordenación del espacio que conlleva la necesidad de dar cabida a las nuevas tecnologías de comunicaciones que determina la liberación del espacio radioeléctrico denominada dividendo digital".
Las opciones
Así las cosas, las opciones que ahora tiene el Ejecutivo son varias, pero se resumen en dos. El Gobierno puede simplemente ejecutar la sentencia, lo que supondría eliminar los nueve canales que estipula el Supremo, sin hacer otros movimientos. La otra posibilidad es obligar a que esos nueve canales dejen de emitir, sí, pero, a renglón seguido, sacar a concurso nuevamente sus frecuencias. Obviamente, la segunda opción es la preferida por los grupos de comunicación. Fuentes de varios de ellos explican a Vozpópuli que el Ejecutivo "aún tiene margen para que todas las partes salgamos ganando" y que denuncian que "es injusto que ahora nos quedemos sin canales cuando hemos invertido mucho dinero en ponerlos en marcha". "Lo que ha hecho el Supremo es confirmar que esos canales deben dejar de emitir, pero no ha dicho que deban desaparecer, el matiz es importante", remarcan.
Las negociaciones entre Lara, por parte de Uteca, y Soraya, por parte del Gobierno, no han dado frutos conocidos
Es de sobra conocido que en los últimos meses no ha parado la interlocución entre las televisiones privadas, agrupadas en la patronal Uteca, presidida ahora por José Manuel Lara, y el Ejecutivo, liderado en este asunto por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, hasta ahora las conversaciones no han dado frutos conocidos. Unos y otros esperaban a la decisión judicial, que ya es definitiva. Ahora, lo único seguro es que el Gobierno, tal y como prometió en marzo, debe ejecutar la sentencia que el Supremo dictó hace un año, en noviembre de 2012. Y, como ya se ha dicho, todo lo demás son incógnitas. De hecho, todas las fuentes del sector consultadas este miércoles coincidieron en señalar que desconocen qué piensa hacer el Ejecutivo ahora.
Las implicaciones
Y es que ahora lo que haga finalmente el Gobierno va a tener enormes repercusiones sobre el futuro del sector. Por ejemplo, está en el aire el pacto entre Intereconomía y el Real Madrid para que el canal del club blanco pueda emitir en TDT. También está por ver qué ocurre con 13TV. La cadena de los obispos emite hasta el momento en una licencia alquilada a Unidad Editorial y pretende tener una frecuencia propia. ¿Se la dará el Ejecutivo acometiendo un nuevo reparto? Más incertidumbre. Y, de postre, más incertidumbre.
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