Circula un vídeo por internet en el que Antonio García Ferreras y Ana Pastor, matrimonio, ella y él, él y ella, bromean sobre sus dificultades para conciliar el trabajo con la vida familiar. “Hace mucho que no te veo”, afirma el presentador, todavía con ojeras tras la maratoniana cobertura que realizó del famoso 'sábado de los cuchillos largos del PSOE'. En aquella ocasión su programa fue tan largo como el del pasado martes, cuando pernoctó para narrar la victoria de Donald Trump -con gesto torcido, eso sí-, mientras ella recorría las calles de Nueva York. No se puede decir que el esfuerzo de los periodistas estrella de La Sexta sea en vano, puesto que sus resultados de audiencia en este tipo de acontecimientos son de notable alto. Siempre ganan.
Las televisiones privadas han redescubierto en estos últimos años que la política, cuando se condimenta con una dosis de espectáculo, engancha a los telespectadores. De ahí que todos los días de la semana estas tertulias aireen las vergüenzas de los partidos y expliquen hasta el último detalle de sus casos de corrupción. Algo que, está claro, no es plato de buen gusto en Génova y en Ferraz.
Sobre la relación que mantuvieron Atresmedia y Mediaset con el Gobierno durante la pasada legislatura se han escrito decenas de páginas. Entre ambas partes hubo guerra, paz y uniones de conveniencia (do ut des). Caricias y golpes, dependiendo de lo que tocara. Estas empresas sacaron toda su artillería contra Mariano Rajoy cuando tuvieron que cerrar nueve canales por decisión judicial y el Ejecutivo no movió un dedo para evitarlo, algo que les sacó de quicio, dado que el ínclito José Manuel Soria les prometió que, llegado el momento, actuaría para evitarlo.
Cuando la cosa se puso fea, en Moncloa se sacaron un as de la manga que sirvió para aplacar la ira de estas compañías: un concurso de canales. Se convocó en abril de 2015 y se resolvió en noviembre. Los principales agentes del mercado (incluidos Atresmedia y Mediaset) obtuvieron su premio, lo que aminoró el volumen de sus críticas, algo importante a pocas semanas de las elecciones del 20 de diciembre. Ese verano, el programa del Gran Wyoming no se emitió. Y pocos días antes de que se convocara el procedimiento de reparto de licencias, Paolo Vasile apartó de la parrilla de Cuatro a su presentador más contestatario: Jesús Cintora.
Los dos grupos niegan que estos acontecimientos obedecieran a presiones políticas o a la autocensura. Pero lo cierto es que estas decisiones se sucedieron en este contexto, lo que resulta sospechoso, cuanto menos.
Más poder para Rajoy
Sobre la política de comunicación del nuevo gobierno, las compañías de este sector tienen más dudas que certezas. La Secretaría de Estado de este ramo estará adscrita a Presidencia, al contrario que en la anterior legislatura, cuando dependía de Soraya Sáenz de Santamaría.
La responsable de este departamento será –salvo sorpresa- Carmen Martínez de Castro, quien despachará con los directores de los medios de comunicación y les trasladará sus quejas cuando considere que han traspasado alguna línea roja. Para los asuntos de suma importancia o máxima urgencia, las televisiones recurrirán al presidente, quien –estiman- asumirá una responsabilidad para con este sector que durante los últimos cinco años ha ejercido Sáenz de Santamaría.
En lo que haga o diga el jefe del Ejecutivo durante los próximos años volverá a tener una gran influencia Jorge Moragas, el jefe de su Gabinete y el muñidor de ese plan de comunicación que adoptó el Gobierno a partir de verano de 2014, con el que se reclutó a portavoces más jóvenes y menos quemados por el brillo de los focos, se devolvió a los ministros a los platós de televisión y se sacó a Rajoy del plasma.
A Íñigo Méndez de Vigo las televisiones le consideran “una incógnita”. Un portavoz que utilizará esa habilidad que tienen los diplomáticos para que “les resbalen” las críticas que causan desazón en el común de los mortales.
Como ironiza el directivo de una televisión privada, entonces fue el encargado de subsanar los “graves errores” de comunicación que se cometieron desde 2012 y, a partir de ahora, el que se ocupará de que los posibles recortes o subidas de impuestos sean presentados a la ciudadanía como “sacrificios temporales”.
A Íñigo Méndez de Vigo le consideran “una incógnita”. Un portavoz que utilizará esa habilidad que tienen los diplomáticos para que “les resbalen” las críticas que causan desazón en el común de los mortales. Un político con el que apenas si han tenido relación hasta el momento, pero al que sitúan como la cara del Gobierno que más se expondrá ante las cámaras en los próximos años. Dentro y fuera de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.
Eso sí, queda la duda acerca del papel que jugará durante la próxima legislatura Pedro Arriola, asesor áulico del presidente durante los últimos años y a quien los analistas políticos han situado tan dentro como fuera de su órbita durante los últimos tiempos. El defensor de esa política de “resiste y vencerás” y de mantener un perfil bajo con los medios de comunicación. Aunque esto último a veces roce la fobia.
A vueltas con el nuevo movimiento de canales
Las televisiones privadas presentarán en público sus reivindicaciones el próximo 29 de noviembre. Lo harán a través de Alejandro Echevarría, el presidente de UTECA, su patronal. De momento, los representantes de esta asociación han declinado hacer declaraciones sobre sus prioridades para los próximos años, pero Vozpópuli ha podido saber que la principal será retrasar lo máximo posible el segundo dividendo digital. Es decir, la nueva migración de canales de TDT que estarán obligados a realizar los españoles en el medio plazo y que estará coordinada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, según esperan.
Más allá de este punto, volverán a exigir que las Administraciones no privilegien a la televisión de pago (Telefónica, principalmente) frente a los canales en abierto, más influyentes y con más audiencia. En su próxima intervención, también avisarán de las consecuencias que tendría para el sector audiovisual la vuelta de la publicidad a Radiotelevisión Española. A las cadenas privadas les afectaría, dado que ingresarían menos millones de euros. Pero, en su opinión, para la pública supondría una sentencia de muerte, dado que recaudaría menos dinero que con el sistema actual.
Para las televisiones privadas, devolver la publicidad a Televisión Española, con su actual audiencia, sería condenarla a una muerte segura.
Las televisiones que conforman UTECA tampoco aceptarán que el Gobierno les arrebate más espacio en la TDT, tal y como reconocía a Vozpópuli hace unas semanas un directivo de una de estas cadenas. “Antes del primer dividendo digital teníamos asignado un múltiplex por empresa. Éramos 6 y emitíamos en 6 múltipex. Ahora somos 9 y tenemos 5. No queremos que nos sigan arrinconando”, detalló este ejecutivo, que en su discurso criticó que, al contrario que ha ocurrido en el caso de las 'telecos', a las televisiones privadas no se les haya concedido la oportunidad de alquilar más porciones del espectro radioeléctrico para expandir sus negocios.
El Canon AEDE 2.0
En cuanto a los editores de prensa escrita, uno de sus principales caballos de batalla –sino el mayor- con la Administración durante los próximos años será el relativo a la aplicación de la futura directiva de la propiedad intelectual. El pasado septiembre, la Comisión Europea hizo pública su propuesta con respecto a esta normativa y sorprendió dentro de este sector, dado que en el texto se planteaba la posibilidad de crear un canon que pagarían los agregadores de noticias y redes sociales por utilizar contenidos de terceros. Algo similar a la famosa Tasa Google.
El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ya dejó claras sus intenciones sobre este tema el pasado septiembre: "Quiero que los periodistas, editores y autores reciban una justa remuneración por su trabajo, se lleve a cabo en un estudio o en el salón de su casa, se difunda en línea o fuera de línea, se publique mediante una fotocopiadora o un hipervínculo comercial en la web".
"Quiero que los periodistas, editores y autores reciban una justa remuneración por su trabajo", dijo Juncker el pasado septiembre, al presentar su propuesta de Directiva de Propiedad Intelectual.
El tema levantará de nuevo una gran polvareda y, de hecho, Google ya ha expresado sus reticencias en lo que respecta a esta propuesta: “Tanto para los creadores como para los consumidores europeos es vital preservar los principios del enlace, compartición y creatividad, pilares sobre los que se fundamenta el éxito de la web” (…) y “creemos que hay otra manera de hacer las cosas”, expuso la compañía, que prevé invertir 150 millones de euros para fomentar la innovación de los medios de comunicación en Europa en los próximos años, dentro de su proyecto Digital News Iniciative.
Sea como fuere, el nuevo Gobierno deberá reformar la tan criticada Ley de Propiedad Intelectual, denostada por la oposición y vapuleada por la justicia europea. En esa tarea, recibirá un marcaje en corto por parte de la prensa escrita, cada vez menos leída e influyente, pero todavía capaz de hacer temblar al Ejecutivo con sus afiladas portadas.
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