En una España paralizada por la guerra de trincheras que libran los principales partidos nacionales, la elección del nuevo director de Telemadrid se encuentra seriamente amenazada por las dificultades para consensuar políticas que han escenificado estas formaciones desde el pasado diciembre. Una vez designado el Consejo de Administración de la cadena, en los próximos días se convocará un concurso público en el que los candidatos a liderarla deberán exponer sus méritos y su proyecto para relanzar esta televisión.
Los nueve miembros del órgano de Gobierno del canal propondrán a la Asamblea autonómica un nombre y los diputados deberán ratificarlo, por mayoría de dos tercios. La necesidad de obtener quorum, unida a las turbulencias políticas que afectan al Congreso, amenazan con enturbiar este proceso.
Los miembros del Consejo de Administración de la cadena deberán elegir al director general dentro de un concurso público
Para entender la actual situación de Telemadrid hay que remontarse a junio de 2015, cuando el Partido Popular y Ciudadanos rubricaron un pacto para investir a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. En ese documento, ambas formaciones se comprometían a efectuar unas necesarias reformas estructurales en la televisión autonómica, corroída después de muchos años de férreo control gubernamental -según denunció la oposición en reiteradas ocasiones- y con una audiencia bajo mínimos que se encontraba entre las más bajas de la FORTA.
La búsqueda de un líder en un concurso público
El paso fundamental que se dio entonces fue el de elaborar una nueva ley que sirviera para sostener a este medio de comunicación. Este documento, aprobado en agosto de 2015, contemplaba que a partir de ahora el director general de Telemadrid lo ratificaría la Asamblea autonómica por mayoría de dos tercios, después de que su Consejo de Administración le propusiera un candidato de entre todos los que se presentaran a un concurso público.
Si bien hasta 2015 todos los miembros del Consejo eran propuestos por los partidos políticos, con la nueva Ley sólo lo son cuatro de los nueve. El resto, deben elegirlos las asociaciones de periodistas y de televisión.
Los miembros de este órgano fueron confirmados hace unas semanas y son Pepe Oneto (propuesto por el PP), Carmen Caffarel (PSOE), Mari Pau Domínguez (Ciudadanos), Mae Lozano (Podemos), Juan Ignacio Ocaña, María José Peláez, Alejandro Perales, Alfonso Morales y Salvador Molina.
Los consejeros propuestos por los partidos fueron Pepe Oneto (PP), Carmen Caffarel (PSOE), Mari Pau Domínguez (Ciudadanos) y Mae Lozano (Podemos)
Sobre el papel, tendrán una mayor libertad que sus antecesores para gestionar la televisión autonómica al margen del criterio de los partidos políticos. Ahora bien, su decisión sobre el nombramiento del director general deberá ser ratificada por la Cámara regional. Y ese proceso podría verse enturbiado por lo que ocurre en el Congreso de los Diputados.
Conservar el control de Telemadrid
Fuentes de la oposición de la Comunidad de Madrid temen que alguno de los grupos políticos bloquee este proceso, motivado por las instrucciones que reciba desde el cuartel general de su partido. “Para el PP, mantener el control de esta televisión autonómica hasta que haya nuevo Gobierno sería positivo. De ahí que, con el número de escaños con el que cuenta en la Asamblea, pudiera adoptar una estrategia de bloqueo”, detallan.
En la boca de todos los críticos con este sistema de elección ha estado siempre la situación que se produjo en Radiotelevisión Española tras la dimisión, en julio de 2011, de Alberto Oliart. Entonces, los grupos políticos -con el bloqueo del PP- fueron incapaces de ponerse de acuerdo para designar a un nuevo presidente, lo que creó una situación de vacío de poder en la corporación que agravó considerablemente su crisis.
Mientras se resuelve esta situación, el Gobierno autonómico terminará de lubricar los engranajes de la sociedad que se constituyó el pasado 26 de julio para dar cobertura a la radio y a la televisión pública autonómicas: Radio Televisión Madrid S.A.
Sobre esta empresa pública -cuyos accionistas son los miembros del Consejo de Gobierno- se erigirá la nueva Telemadrid y a ella se asignará el contrato-programa que cada año recibe Telemadrid del Ejecutivo regional, que en 2016 ha sido de 67,9 millones de euros.
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