El guión de la reunión del Consejo de Administración de Telemadrid del pasado lunes pudo haberse escrito hace varios meses. Exactamente, el pasado 4 de mayo, cuando la prensa publicó que José Pablo López (13TV) era el máximo favorito para dirigir este canal. Su nombre se filtró antes de que se constituyera la nueva sociedad que da cobertura a esta televisión y, evidentemente, antes de que se convocara el concurso público que debía servir para elegir a un director general con un perfil independiente. Esto ha generado suspicacias dentro y fuera del ente público, puesto que se sospecha que su candidatura ha estado apadrinada por algunos grupos políticos.
La historia de la Telemadrid del último año y medio se ha desarrollado entre dos mundos. Uno de ellos es el de las ideas. El del wishful thinking de quienes aspiraron –al menos, en apariencia- a convertirla en la primera televisión autonómica verdaderamente despolitizada, pero fracasaron en su empeño cuando se encontraron con un muro: el que separa los pensamientos utópicos del mundo real. Y en el universo material existe una ley no escrita que dicta que ningún gobierno está dispuesto a renunciar al control de un medio de comunicación que actúa dentro de su jurisdicción y se financia a través de los presupuestos estatales, regionales o locales.
El pasado lunes, los nuevos consejeros de esta televisión autonómica se citaron para analizar los proyectos de los 36 candidatos a dirigir Telemadrid. Su misión era proponer un nombre de entre todos ellos para que próximamente pueda ser ratificado por la Asamblea de Madrid. La decisión de elegir a José Pablo López la tomaron en tres horas y media. “Sospechosamente rápido”, según reconoce uno de los periodistas cuya candidatura no prosperó.
Cada uno de los nueve miembros de este órgano propuso a tres candidatos. Para seleccionar el mejor proyecto de todos los que pasaron esta primera criba, se realizaron cuatro votaciones. En todas ellas, López obtuvo cinco votos a favor, según detallan a Vozpópuli fuentes conocedoras de lo que aconteció en la reunión.
Uno de los candidatos a director general de Telemadrid ha impugnado el concurso público. “No se ha actuado con transparencia", indica en su recurso.
Pocas después de que trascendiera el resultado, uno de los postulantes, Enrique Riobóo, remitió un recurso de reposición al presidente del Consejo en el que denunciaba las irregularidades que observó en este procedimiento público. “No se ha actuado con transparencia en el proceso ni se ha garantizado (…) la igualdad, mérito y capacidad que se mencionan en las propias bases de la convocatoria”, señala en el documento.
En declaraciones a este periódico, el afectado incide en que el Consejo renunció a su derecho de solicitar la comparecencia de los candidatos para aclarar cualquier aspecto relacionado con su proyecto o con su currículum. “Esto podría denotar que en realidad la selección ha sido un espejismo o un sucedáneo de un proceso para justificar el nombramiento de un candidato ya preconcebido. De esta forma, queda viciado todo el procedimiento”, añade en el recurso.
Algunos miembros del máximo órgano de gobierno de Telemadrid sugirieron la posibilidad de que se realizaran entrevistas a algunos postulantes, pero la mayoría de los miembros -quienes apoyaron a López- rechazaron la propuesta, alegando que eso retrasaría el nombramiento del sustituto de Ángel Martín Vizcaíno al frente del canal.
Pero aún hay más. Según ha podido saber este periódico, personas próximas al Gobierno autonómico sondearon el pasado abril a expertos en el mundo de la televisión, con una dilatada trayectoria en este medio de comunicación, para animarles a presentar su candidatura a la Dirección General de Telemadrid. Pocos días después de que tuvieran lugar esas conversaciones, la prensa publicó el nombre de José Pablo López. “Es el favorito para dirigir Telemadrid tras gestionar 13TV”, aseguró El Español. Siete meses después, se ha cumplido lo publicado con una asombrosa exactitud.
Nada ha cambiado en las televisiones públicas
Más de un año y medio después de las últimas elecciones autonómicas, en las que la irrupción de Podemos y Ciudadanos en los parlamentos autonómicos hizo pensar a una parte de la sociedad española que la ‘nueva política’ iba a traer aire fresco a estas Administraciones, lo cierto es que la vida sigue igual. Al menos, en lo que respecta a las televisiones autonómicas.
La misma noche de los comicios del 24 de mayo de 2015, Emiliano García-Page pidió la dimisión de Nacho Villa como director de Castilla-La Mancha Televisión y prometió que las cosas iban a cambiar. Pocos meses después, estalló un conflicto en este medio de comunicación cuando dos de los editores de sus informativos fueron destituidos por su forma de abordar el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña. Su cese se produjo después de que los noticiarios de la cadena emitieran unas declaraciones de Francisco Hernando, El Pocero, en las que exigía la dimisión del presidente autonómico.
En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig y su equipo han sido acusados por la representación de los trabajadores del antiguo Canal Nou de querer abrir una nueva televisión autonómica con periodistas afines a su proyecto político. Es decir, sin correr el riesgo de contratar a exempleados de la Radiotelevisión Valenciana que, en algunos casos, identifican con la Administración del Partido Popular. Y en regiones como Andalucía (Canal Sur), Cataluña (TV-3), Galicia (TVG) o País Vasco (EiTB), nada ha cambiado, y las acusaciones de que sus gobiernos autonómicos controlan férreamente la línea editorial de sus televisiones públicas son demasiado frecuentes.
Dos editores de informativos de la televisión de Castilla-La Mancha fueron destituidos tras la emisión de una noticia perjudicial para Emiliano García-Page.
A nivel estatal, RTVE siempre se encuentra en el centro de la polémica. Sus informativos han sido acusados prácticamente en todas las legislaturas de defender los intereses del gobierno de turno; y sus más altos despachos han estado (y están) regentados habitualmente por personas más cercanas a los cuarteles generales de los partidos políticos que al sector audiovisual. Su propio presidente reconoció en el Parlamento, en 2015, ser votante del Partido Popular, algo totalmente lícito, pero que, desde luego, no ayudó a desterrar la imagen de televisión controlada por el Ejecutivo.
El pasado 7 de noviembre, el último barómetro del CIS desveló que TVE ha dejado de ser la televisión preferida por los españoles para informarse de la actualidad política y electoral. Tan sólo un 19,2% de los encuestados expresaron su predilección por la cadena pública, frente al 39,4% de hace cuatro años. Su descrédito ha aumentado a marchas forzadas. Casi al mismo ritmo al que se ha producido su pérdida de audiencia, que en este tiempo ha sido preocupante. Como la de los medios de comunicación autonómicos.
A estas alturas, no hay ninguna duda de que estas empresas públicas padecen la mayor crisis de su historia. Y su resolución no parece que pase porque los partidos mantengan el férreo control que ejercen sobre ellas.
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