Las televisiones y el Gobierno han aprovechado la jornada de debate anual de la patronal de las cadenas privadas (UTECA) para lanzarse algunos mensajes que han evidenciado que la relación entre ambas partes no es excesivamente buena. Estas empresas han vuelto a reivindicar su papel vertebrador de la sociedad española y a reclamar al Ejecutivo que ponga fin a la inestabilidad que –consideran- sufre el sector de la TDT. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido su importante papel para la conformación de la opinión pública, pero les ha enviado un dardo envenenado que a pocos ha dejado indiferentes: su obligación es “formar y no deformar”.
Dentro de un Gobierno en el que Mariano Rajoy otorgó una importancia secundaria a la política para con los medios de comunicación, y en el que la norma durante la mayor parte de la anterior legislatura fue la de limitar al máximo las apariciones ante la prensa del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría asumió la mayor parte de la responsabilidad en lo que respecta a este sector. Sin ir más lejos, a la vicepresidenta se le atribuye un papel fundamental dentro del proceso de refinanciación de la deuda de Prisa, en el que “convenció” a la banca acreedora de que aceptara canjear una parte de su deuda por acciones del grupo. Esto le ha valido un trato especialmente respetuoso por parte de El País, denunciado, entre otros, por los propios trabajadores del diario.
Su intervención en la jornada anual de UTECA ha llegado en último lugar, después de las de personajes de referencia en la industria como Alejandro Echevarría o Maurizio Carlotti. El primero, presidente de la patronal y alto ejecutivo de Mediaset, ha lamentado las complicaciones técnicas y regulatorias a las que se han enfrentado las empresas del sector durante los últimos años, que han provocado desde el cierre de nueve canales por orden del Tribunal Supremo, hasta un dividendo digital (cambio de posición de sus cadenas) que derivó en una situación caótica, con retrasos con respecto a lo exigido por la Unión Europea, gasto de millones de euros en ayudas que, además, llegaron tarde; y operadoras de telecomunicaciones que consiguieron una cuantiosa indemnización por haber recibido tarde la parte del espectro radioeléctrico que tenían arrendada.
La amenaza de Movistar Plus
Ante las consecuencias que han generado estos errores gubernamentales y ante el auge de la televisión de pago, Echevarría ha reclamado un trato equitativo y justo para la TDT. “Con la irrupción de nuevos actores que compiten directamente con la TDT, es razonable demandar una revisión de las condiciones exigidas a estas plataformas alternativas, aparejando la equidad en las obligaciones, tanto económicas, como de funcionamiento”, ha exigido.
Durante su ponencia en la jornada, Carlotti, vicepresidente de Atresmedia, ha respondido a las críticas que su empresa y Mediaset han recibido en los últimos tiempos por su situación duopolística en la televisión en abierto: “la situación de España es la más competitiva de Europa”, pues existen 28 canales de 8 operadores privados y 2 públicos. En este sentido, ha propinado un golpe al PP y al PSOE: “el bipartidismo ha comenzado a tambalearse y ha habido alguien que ha atribuido al duopolio televisivo este hecho”. Y eso “no es cierto”, ha manifestado.
En contestación a las críticas que ha recibido el Ejecutivo durante la jornada, Sáenz de Santamaría asegurado que la Comisión Europea ultima una reforma de la directiva audiovisual que garantizará la igualdad de condiciones entre todos los agentes que participan en este sector y tratará de garantizar a los nuevos operadores unas condiciones que les permitan prosperar en el negocio.
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