Sucedió durante el mandato de Rosa María Mateo en Radiotelevisión Española y el episodio todavía está vivo en los tribunales. De hecho, se encuentra pendiente de un recurso judicial que esperan los 35 trabajadores afectados.
Según los afectados consultados por este periódico, hubo un día en el que desaparecieron varios pendrives de uno de los despachos que utiliza Comisiones Obreras, en Madrid. Estos dispositivos eran responsabilidad de un dirigente del sindicato.
Las memorias externas digitales contenían los datos de los planes de pensiones de los trabajadores de la corporación y de las 4.150 personas que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo de 2006. También los de sus beneficiarios. Es decir, incluían información sobre su domicilio, sus familiares, sus cuentas bancarias y sus ahorros.
La persona que comprobó que esos documentos habían desaparecido, lo denunció en la comisaría, pero, en paralelo, algunos trabajadores expresaron su malestar en la empresa por el escaso celo que había tenido en la difusión de datos tan sensibles sobre su vida privada. En paralelo -según reveló La Información-, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa de 60.000 euros a RTVE a finales de 2019, pero la perdonó en febrero de 2020, al considerar que no había indicios razonables de la existencia de una infracción por parte de la corporación.
Camino judicial
Pese a todo, una parte de los afectados decidió acudir a la justicia ordinaria para reclamar una indemnización por el perjuicio que les ocasionó esa sustracción de datos. Entre medias, se produjo otro hecho que los afectados consultados por este periódico califican como “misterioso”: las memorias USB que se extraviaron aparecieron, sin que la empresa supiera dar una explicación acerca de lo que había ocurrido.
El Informe de la Intervención General de la Administración del Estado de 2021 sobre RTVE -el último que se ha elaborado- hace referencia a este asunto. A fecha de finalización de ese trabajo, existían “8 provisiones por 5,59 millones de euros en la corporación (…). La principal se refiere al procedimiento impuesto por 597 trabajadores que solicitan una cuantía de 9.000 euros cada uno por derecho al honor, basado en la pérdida de sus datos personales”, expresa el documento.
Fuentes sindicales han incidido en que algunos de los consejeros actuales están afectados por este tema, que provocó que casi el 10% de los empleados de RTVE presentaran demandas contra la empresa.
El juez de primera instancia rechazó las pretensiones de los denunciantes y les impuso las costas del proceso. El asunto se encuentra actualmente en manos de la siguiente instancia judicial, a la que han acudido 35 de los afectados. El resto se ha desligado del procedimiento, detallan estas fuentes.
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