El presidente del Gobierno regional madrileño, Ignacio González, se sale con la suya. La decisión del Tribunal Supremo conocida este miércoles sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telemadrid permite al político no cumplir su amenaza de dar cerrojazo a la cadena. Los exempleados del canal autonómico se tendrán que conformar con cobrar indemnizaciones más altas, de 45 días, como ya había estipulado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiempo atrás. Pero no consiguen su sueño de volver al trabajo, como deseaban. De hecho, el Ejecutivo de la comunidad autónoma ya tenía prevista en sus presupuestos una cantidad para pagar este desfase de indemnizaciones a los extrabajadores.
Meses atrás, el presidente de la Comunidad de Madrid anunció que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el ente público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico, la radiotelevisión valenciana (RTVV). Sin embargo, en el caso de Madrid la sangre no llegará al río. En el Gobierno dirigido por González se asumía como opción posible justo lo que ha ocurrido: el Supremo se limita a obligar a que se aumenten las indemnizaciones pero no obliga a readmitir a los 860 despedidos. De hecho, las fuentes de los exempleados consultadas por este diario muestran su sensación de derrota, ya que lo que esperaban era volver a trabajar en la cadena.
Tres posibilidades
Como ya informó este diario, el Supremo tenía básicamente tres posibilidades: ratificar la legalidad del ERE y tumbar lo decidido por el TSJM (es lo que pedía la empresa), mantener la sentencia del tribunal autonómico salvo alguna correcciones (la decisión final, que era la que pedía la Fiscalía) o anular el ERE en su totalidad y obligar a la readmisión de los despedidos (es lo que pedían los trabajadores y lo que González dijo que en ningún caso asumiría).
En enero se cumplió un año del ERE. En total perdieron su empleo 861 trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid. Pero tres meses después, tras la denuncia de los afectados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que el ERE no era "ajustado a derecho" y obligó al ente público a elegir: o readmitía a los despedidos o aumentaba sus indemnizaciones. La intención de los exempleados, representados por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, era, como ya se ha dicho y como finalmente no ha ocurrido, que el Supremo fuera más allá y anulase el expediente en su totalidad.
En todo caso, se trata de una nueva derrota judicial de la cadena pública madrileña. Como ya informó Vozpópuli el pasado enero, el anterior varapalo en los tribunales llegó cuando los jueces obligaron a que el convenio colectivo volviera a regir las relaciones laborales entre la compañía y los empleados. Dos derrotas judiciales que se suman a la primera, la ya referida, cuando en mayo del año pasado el TSJM declaró el ERE "no ajustado a derecho".
