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Sigue la hemorragia de dinero público por el ERE de TVE: costará 671 millones de euros más hasta 2022

Desde 2007 hasta 2013, este Expediente de Regulación de Empleo tuvo un coste de 1.050 millones de euros para las arcas públicas.  El Tribunal de Cuentas ha detectado que ha estado acompañado de contrataciones irregulares y cobro de complementos salariales inadecuados.

El Tribunal de Cuentas ha publicado este jueves un informe demoledor sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que provocó el despido de 4.150 trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE) en 2006. El documento denuncia las diversas irregularidades que incluyó este plan de bajas y revela su coste total, que ascenderá a más de 1.700 millones de euros. De estos, aún quedan por pagar 671 millones que deberán salir de la Hacienda pública antes de 2022.

Los auditores de este organismo reflejan en su extensa memoria de 92 páginas los múltiples dispendios cometidos por los responsables de gestionar este recorte de plantilla. Destacan, por ejemplo, lo poco “restrictivos” que fueron para incluir complementos salariales de hasta 38 tipos en el Plan de Rentas elaborado para los trabajadores que se acogieron al ERE, algo que ha supuesto un desembolso multimillonario para el Estado.

Más grave aún es la subida salarial fija anual del 2,5 % que pactaron para que estos empleados compensaran el aumento del IPC, a pesar de que, como trabajadores del sector público, también perciben el incremento que estipulan los Presupuestos Generales del Estado (o el que la propia RTVE fije para su personal). El Tribunal de Cuentas considera esta medida injustificada y estima que, durante los 16 años que estará vigente el ERE, tendrá un coste por cada uno de los 4.150 afectados de entre 12.816 y 157.897 euros.

La comisión de seguimiento del ERE se extralimitó en sus funciones y tomó decisiones cuyo coste económico es imposible cuantificar

Esta doble subida salarial provocará que, a partir de 2020, un empleado de Radiotelevisión Española que saliera de la empresa en 2006, dentro de este Expediente, vaya a cobrar más de lo que percibiría si en ese año todavía trabajara para la corporación.

Barra libre de contrataciones

El informe tambien censura la actuación que han llevado a cabo los gestores del ente público en materia de contratación, que ha contravenido los términos del conocido como Acuerdo de Los Peñascales al que llegaron RTVE, la SEPI y los sindicatos en 2006 para reducir la plantilla de la televisión pública. Ese pacto estipulaba que de los 1.124 trabajadores con contrato laboral que había en ese momento, un total de 450 se convertirían en fijos. Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha detectado que en realidad han sido 866 los que se han beneficiado de este ascenso.

Este órgano fiscalizador recuerda que, en 2006, RTVE estableció una serie de criterios para poder convertir a los empleados con contrato en fijos. En seis de cada diez casos se han incumplido. Pero aún hay más, puesto que el Tribunal también ha detectado que 248 contratados han accedido a un puesto fijo en estos años a partir de sentencias judiciales que han reconocido que habían realizado labores que no figuraban en su acuerdo con la empresa.

En este sentido, el documento también retrata la elevada "conflictividad judicial" que ha generado el Expediente de Regulación de Empleo, que se ha plasmado en 950 demandas ante los tribunales en las que se han visto implicados 3.300 empleados, con el coste que eso ha supuesto para el erario público.

La polémica comisión de seguimiento del ERE

Uno de los puntos más polémicos de este dossier es el relativo a la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE, un grupo formado por seis sindicalistas y seis miembros de la dirección de Televisión Española -cuatro de estos últimos, incluidos en el Expediente- cuyas únicas funciones era las de velar por el cumplimiento de las condiciones de esta medida laboral y resolver las posibles discrepancias que surgieran al respecto. En palabras del Tribunal, este órgano "adoptó una serie de decisiones que excedían claramente de su competencia" cuyo coste para las arcas del Estado no se ha podido cuantificar, "ni siquiera de una manera aproximada".

Ocho años después de la puesta en marcha de este ERE, no se puede decir que haya servido para solucionar los asfixiantes números rojos de la televisión pública española, pues en cada uno de los últimos ejercicios ha perdido más de 100 millones de euros y es altamente improbable que en 2015 no vaya a presentar un déficit alarmante. Una buena parte de estas pérdidas se explica en su elevado gasto en personal, que en 2014 alcanzó los 377 millones. Cabe recordar que su plantilla, con 6.400 empleados, es tres veces más grande que la de Atresmedia y Mediaset juntas.

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