Los fabricantes de vehículos Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen y Opel deberán revisar un total de 630.000 coches a raíz de los resultados de un estudio encargado por el Ministerio de Transportes alemán tras el escándalo de la manipulación de las emisiones en Volkswagen. Varios medios alemanes avanzaron esta cifra citando fuentes del Gobierno alemán y anticipándose a una rueda de prensa del ministro de Transportes, Alexander Dobrindt.
El diario Süddeutsche Zeitung explica que el Gobierno alemán ha detectado que en varios modelos de las distintas marcas "a ciertas temperaturas se desconecta progresivamente la limpieza de las emisiones", algo permitido según la correspondiente directiva europea sólo para evitar daños en el motor o un accidente. En los modelos que hay que revisar, según estas fuentes, es difícil precisar por qué entra en funcionamiento esta desconexión, algo que afecta a los niveles de emisiones de gases contaminantes.
El Gobierno alemán pide en consecuencia a las empresas de los vehículos afectados que limiten al máximo el tramo de temperaturas en el que se desactiva la limpieza de emisiones. Todos los medios de comunicación que avanzan esta información coinciden en destacar que el análisis encargado por el Gobierno alemán no ha detectado sistemas de manipulación de las emisiones similares al que empleó Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa.
Tras destaparse el caso Volkswagen el año pasado, el Ministerio de Transportes encargó a la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) estudiar los niveles de emisiones de gases contaminantes de más de 50 modelos de una veintena de fabricantes tanto alemanes como extranjeros. En noviembre, tras analizar unos dos tercios de todos los modelos, la KBA ya avanzó que había detectado valores de emisiones de gases por encima de lo permitido en varios fabricantes. Entonces abrió una fase de consultas con los constructores afectados e indicó que posteriormente podrían buscarse "consecuencias legales".
En septiembre Volkswagen había reconocido -tras una denuncia de las autoridades medioambientales de EEUU- haber incluido un software ilegal en unos 9,5 millones de vehículos para que, cuando fuesen llevados a un banco de pruebas, emitiesen gases como el NOx cumpliendo con la legalidad, cuando en condiciones normales contaminaban más
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