Por mayoría cualificada, los Estados miembros han dado luz verde al texto propuesto por Malta, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, y que contempla, entre otros puntos, otorgar a la Comisión Europea (CE) poderes para sancionar directamente a los fabricantes que incumplan la normativa.
Los países coincidieron también en reforzar las pruebas de homologación de los vehículos, realizar controles a modelos que ya están en el mercado e intercambiar información para estandarizar los "test" en toda la Unión Europea.
Además, fijaron el número mínimo de controles para los Estados en 1 de cada 50.000 vehículos registrados en su territorio el año anterior con pruebas en condiciones de conducción real y no en condiciones óptimas de laboratorio.
El compromiso adoptado por el consejo de ministros de Industria de los países de la UE servirá de base de cara a la negociación final con la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara, y recoge también que sean los países los que cubran los gastos de las pruebas, pudiendo gravar por ello a los fabricantes que requieran homologación.
Además, los países pequeños con escasos recursos podrán solicitar a otros socios comunitarios que se encarguen de los "test" en su nombre y se podrán realizar inspecciones sorpresa en las fábricas automovilísticas.
La reforma legal avanza al tiempo que ocho países de la UE (Alemania, España, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa) se enfrentan a procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, que les acusa de no haber controlado suficientemente a algunos constructores.
La nueva legislación, una vez aprobada, habilitará a la Comisión para poder sancionar directamente a las marcas que incumplan la normativa con una multa de hasta 30.000 euros por vehículo.
Hasta ahora Bruselas solo puede sancionar a los países que no hubieran controlado adecuadamente a los vehículos a través de sus servicios nacionales de homologación, de forma que la nueva regulación persigue reforzar la independencia del sistema.
Lo que parece excluido es la creación de una agencia europea de homologación, de modo que seguirán siendo los países los que se ocupen de controlar y homologar los vehículos en su territorio. En septiembre de 2015 estalló el escándalo del "dieselgate", cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas.
La respuesta de la Unión Europea fue la creación de una comisión de investigación sobre el fraude y la propuesta de una adaptación de la legislación, que ahora tendrán que ultimar Consejo, Eurocámara y Comisión Europea para que adquiera carácter de ley.
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