La actual plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), congelada desde al menos los últimos cinco años, ha mermado hasta extremos que el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas.
La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora.
Los retrasos y los sorpresivos cambios de fecha provocan interrupciones en los procesos de formación de los alumnos y parones de actividad de los profesores, lo que genera una pérdida de calidad formativa y pone en riesgo, en primera instancia, el empleo del profesorado, un colectivo integrado por 17.975 personas.
La CNAE considera urgente la ampliación de la actual plantilla de examinadores con al menos 213 funcionarios más, teniendo en cuenta la plantilla reconocida por la propia DGT, aunque los cálculos de la Confederación elevan esta cifra a 324 para llevar el sistema a la normalidad.
La actual plantilla de examinadores de la DGT suma 756 funcionarios, según los datos de la DGT, aunque la Confederación reduce este número a 619 al tenerse en cuenta algunas variables, como las vacaciones y las bajas de larga duración. La CNAE considera que son necesarios 943 examinadores para llevar normalidad al ciclo formativo y a los exámenes.
Un dato a tener en cuenta es que cada examinador sólo puede hacer diariamente 13 pruebas (11 en el periodo estival), lo que supone que el déficit de exámenes se eleva a casi 600.000 anuales, según el mínimo necesario (213) y a 900.000 si se contabiliza la carencia de 324 examinadores.
La carencia de examinadores no sólo perjudica a las autoescuelas y a la calidad del sistema formativo, ya que tiene consecuencias sociales que en algunos casos son de gravedad, porque los aspirantes no pueden opositar en las convocatorias de empleo público (el Gobierno ha anunciado nuevas convocatorias tras la superación de la crisis económica), acceder a empleos en los que se requiere el permiso de conducción o crear actividad autónoma o empresas en las que el automóvil es el principal activo.
La Confederación Nacional de Autoescuelas recuerda que el examen de conducir es un servicio que se da al ciudadano y por el que paga una tasa de 90 euros, de la que depende la supervivencia de unas 30.000 familias.
La CNAE exige una solución a este problema, antes de que este verano se produzca el colapso del sistema. “Lo hemos repetido por activa y por pasiva: cuando vuelva la temporada alta y aumente considerablemente la demanda de los permisos de conducir, un número importante de jefaturas sufrirá un colapso en las pruebas de circulación”, afirma el presidente de la CNAE, José Miguel Báez.
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