El Congreso ha convalidado este jueves, por 347 votos a favor, una abstención y dos ausencias (nadie votó en contra), el Real Decreto Ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos (desahucios) sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. Ni un voto en contra. Nadie en el arco parlamentario se ha atrevido a decir que esta medida buenista hará un gran daño al colectivo de vulnerables que pretende proteger. Nadie, porque no es que el arco tenga mentalidad socialdemócrata o intervencionista, como muchos sostenemos, sino que todo él es ya chavista. Sánchez no les ha impuesto el marco mental socialdemócrata, sino que directamente los ha arrastrado a todos al socialismo del siglo XXI, que tan magníficos resultados viene cosechando en Venezuela y venía cosechando en Argentina.
El Real Decreto-ley de marras sólo dice una cosa: que la suspensión de lanzamientos (desahucios), en los casos de ejecución hipotecaria que veníamos ¨disfrutando” desde noviembre de 2012 por mor de otro Real decreto-ley, el 27/2012, vuelve a prorrogarse. En este caso hasta mayo de 2028. Así que una medida temporal y extraordinaria va a durar como mínimo 16 años.
Algunos ya venían avisando de que esta medida, de la que ya hay que desconfiar de su temporalidad, perjudicaba precisamente a los colectivos a los que pretendía proteger, porque ¿a ver que entidad financiera se va a arriesgar a dar crédito para la adquisición de una vivienda de la que no puede disponer en caso de impago? La operación financiera con garantía hipotecaria en cuestión deviene en una mera operación financiera con garantía personal o, como se dice en banca, en una operación con garantía no eficaz, que para el caso es lo mismo.
Ahora la entidad que recibe una solicitud de crédito para adquisición de vivienda debe estudiar, antes que nada, si el deudor puede devenir en colectivo vulnerable, porque en tal caso y si se produce el impago, no tiene garantía eficaz. El precio, el tipo de interés, si decide conceder la operación no puede ser el mismo que antes, tiene que ser más caro. No creo que deba explicar a los lectores de Vozpópuli el porqué de lo evidente y si me lee algún miembro del Congreso de los Diputados espero que tampoco, en cuyo caso su no voto en contra demuestra que no es ignorante sino negligente y culpable.
La suspensión lleva doce años aplicándose y se va a aplicar cuatro más, al menos. ¿Tiene sentido que, a los efectos regulatorios de las entidades de crédito, sigan considerándose estas operaciones como con garantía eficaz?
La medida pues, va a generar carestía y escasez, las dos caras de la misma moneda, del crédito para adquisición de vivienda habitual para los sectores de menor renta de la sociedad. Llevado al extremo, tendrían que comprar las casas al contado. De cómo afecta esto al sector de promoción inmobiliaria, ni hablemos. Nadie va a promover para los pobres, que tendrán que adquirir siempre viviendas de segunda mano, más viejas cuanto más se prolongue esta medida, que ya no parece temporal. Una medida que muestra que, al menos desde 2012, o las cosas no van bien, porque si no ¿por qué hay que volver a prorrogar?, o van bien y se legisla para hacer propaganda, si la medida no es necesaria, que sería la mejor noticia.
Pero la medida tiene derivadas en las que hay que ir pensando ya. De hecho, no se sostiene que no se hayan pensado ya. La suspensión lleva doce años aplicándose y se va a aplicar cuatro más, al menos. ¿Tiene sentido que, a los efectos regulatorios de las entidades de crédito, sigan considerándose estas operaciones como con garantía eficaz? Me perdonarán los tecnicismos, pero hay cosas que imprimen carácter. Las operaciones de crédito hipotecario para la adquisición de vivienda habitual donde el importe del crédito no supera en un 80% el valor de la garantía tienen un tratamiento privilegiado en los balances y cuentas de resultados de los bancos. No, como podrían pensar algunos, para promover algún fin social de acceso a la vivienda, sino porque la experiencia demuestra que son operaciones de muy escaso riesgo. El fin social se alcanzaba, pero no era el objetivo, sino la consecuencia de buenas normas basadas en la experiencia. Ahora, con el RD-ley 1/24, el fin social es el objetivo que no se alcanzará y, de paso, generaremos toda una serie de daños colaterales.
Las exigencias de recursos propios también debieran ser más altas. Créditos con más riesgo deben ser financiados en más proporción por los accionistas de los bancos que aquellos que tienen menos
Pero vuelvo a la pregunta anterior, las operaciones afectadas por el RD-ley de marras deberían dejar de disfrutar del tratamiento privilegiado del que gozan porque, dicho tratamiento, no va a reflejar el riesgo de las mismas. Las temidas provisiones exigidas a estas operaciones debieran ser más altas y reducir los beneficios de las entidades. Las exigencias de recursos propios también debieran ser más altas. Créditos con más riesgo deben ser financiados en más proporción por los accionistas de los bancos que aquellos que tienen menos. Esto afectará a la rentabilidad de los bancos también, pero no es lo importante en el corto plazo. En el corto plazo, si para las operaciones afectadas por este Real Decreto-ley las exigencias de recursos propios aumentasen, como toda la prudencia supervisora exige, ¿cuántas entidades podrían entrar en déficit de recursos propios?
Se puede decidir que, aunque sean operaciones sin garantía eficaz, se les dé tratamiento como si lo fueran. Con eso, los supervisores bancarios se engañarían a sí mismos y les quitarían presión a la dirección de las entidades, pero los inversores sabrían que hay un déficit y huirían de los bancos de cuyos balances no te puedes fiar. Las colocaciones de capital o deuda de estas entidades serían cada vez más caras y difíciles. Usted puede engañar al derecho positivo pero no a la realidad.
Y sin embargo, nada de esto último es importante. Lo importante es que nos legislan 350 chavistas.
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