El socialismo siempre ha manifestado serias reservas respecto de la propiedad privada. Por supuesto, los modernos partidos socialdemócratas de las democracias occidentales han admitido la economía de mercado, la libre empresa y el hecho de que los individuos pudiesen poseer bienes mobiliarios, inmobiliarios y de cualquier otro tipo para su uso exclusivo y disposición irrestricta, de tal manera que dispusiesen de la facultad de venderlos, comprarlos, hipotecarlos, legarlos en herencia o donarlos. El socialismo extremo de corte marxista abolió esta institución consustancial a la naturaleza humana sin la cual sólo hay pobreza y tiranía hasta su fracaso clamoroso simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989. Pese a aquel espectacular derrumbe, todavía perviven dictaduras comunistas como Cuba, Corea del Norte y en buena medida Venezuela en las que el Estado y el partido único tienen el monopolio de la propiedad de los medios de producción y de una parte muy amplia del conjunto de los demás bienes. Semejante situación sólo produce miseria generalizada, salvo para los gerifaltes de estos regímenes totalitarios, que viven en la más descarada opulencia.
La persecución de este género de utopías paradisíacas ha desembocado indefectiblemente en infiernos insoportables
La aparentemente benéfica idea de que en un mundo en el que todo sea de todos y en el que cada uno reciba del acervo común según sus necesidades y aporte según sus capacidades, reina la justicia, la felicidad y la armonía porque de él se han eliminado la codicia, la desigualdad y la explotación, se ha llevado a la práctica a lo largo de los siglos en diversos experimentos sociales de inspiración religiosa o filosófica magistralmente descritos en la monumental trilogía Los Enemigos del Comercio de Antonio Escohotado. Todos ellos sin excepción han terminado en la pobreza extrema, la trituración de la dignidad y los derechos humanos y las matanzas más crueles. La persecución de este género de utopías paradisíacas ha desembocado indefectiblemente en infiernos insoportables. Recuerdo un debate en televisión entre Pablo Iglesias y el autor de la osada Historia General de las Drogas en el que el penene de la Complutense defendía las tesis colectivistas que se asemejaba al espectáculo de un fibroso gato jugando armado de sabiduría con un escuchimizado ratoncillo que exhibía su patética ignorancia.
Hay realidades muy simples avaladas por la experiencia que la izquierda niega porque si la mayoría de la gente las incorporase a su marco mental y a su comprensión del mundo, nadie la votaría. Veamos. El mecanismo más eficaz para generar crecimiento y empleo es el deseo que sienten algunos miembros de la sociedad de hacerse ricos utilizando su talento, su trabajo, su esfuerzo, su creatividad y su capacidad de innovación. Esta pulsión íntimamente ligada a nuestra especie es la que ha dado, dentro de los marcos legales e institucionales adecuados que la estimulen y la regulen impidiendo abusos, el mayor grado de prosperidad, bienestar y seguridad a aquellos afortunados que han vivido y viven bajo su amparo. En otras palabras, para que no haya pobres, es conveniente que haya ricos. Cuando Podemos, Sánchez y sus compañeros de viaje en el barco pirata en el que navegan hacia el colapso, dictan normas fiscales para hacer difícil la existencia de los ricos, sólo consiguen tres efectos igualmente perniciosos: una fuga masiva de capitales a entornos tributariamente más amables, una pérdida global de recaudación superior al importe ganado para el erario y el subsiguiente descenso de las rentas más modestas. Su nefasta obsesión de armonizar el impuesto del patrimonio, figura ausente de los sistemas fiscales de los veintiséis restantes Estados Miembros de la Unión Europea, para impedir las bonificaciones implantadas por el PP en Madrid, Andalucía y otras Comunidades Autónomas, responde a este sentimiento, mezcla de envidia desatada y ceguera dogmática, que no les deja ver que se trata de un gravamen de escaso poder recaudatorio y tremendamente dañino para la inversión y al ahorro. Si unos determinados activos producen un rendimiento, tributan por IRPF y si no dan ningún rédito, cualquier carga fiscal que se les atribuya equivale a una confiscación. No es casualidad que España sea el único país de la Unión Europea en el que subsiste este impuesto absurdo y contraproducente.
Se prepara a saquear nuestros bolsillos para seguir repartiendo subvenciones clientelares, inflando la nómina de paniguados y destinando sumas fabulosas a propósitos disparatados carentes de valor añadido
Otro aspecto que convierte la presente ofensiva fiscal del Gobierno sanchista en una burla escandalosa al contribuyente es la nula voluntad de actuar sobre el capítulo de gastos públicos "políticos". El Instituto de Estudios Económicos ha estimado recientemente el monto del presupuesto perfectamente prescindible sin perjuicio alguno para los servicios sociales esenciales ni para el correcto funcionamiento de la Administración en 70.000 millones de euros. Mientras Sánchez nos impone veintidós ministerios, de los que sobran la mitad, y puebla La Moncloa con centenares de asesores no funcionarios nombrados a dedo, se prepara a saquear nuestros bolsillos para seguir repartiendo subvenciones clientelares, inflando la nómina de paniguados y destinando sumas fabulosas a propósitos disparatados carentes de valor añadido.
La nueva vuelta de tuerca fiscal que prepara la locuaz y reñida con la prosodia ministra de Hacienda es tan perjudicial en la actual coyuntura que ha sido atribuida al electoralismo demagógico de este Ejecutivo teratoforme. Sin embargo, no cabe descartar, habida cuenta de la catadura moral de Pedro Sánchez y sus compinches, que esta maniobra obedezca a algún arreglo ventajoso a nivel personal de los ministros y ministras con los Gobiernos de Portugal y Andorra. Cosas peores han visto nuestros ojos.
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