Afirma con reiteración y énfasis: “Yo soy el presidente del Gobierno”. Lo es desde comienzos de junio de 2018 no por haber ganado las elecciones generales, sino a través de una moción de censura (art. 114.2 CE), negociada con Podemos, nacionalistas vascos y catalanes, contra el gobierno de Rajoy. Formó un gobierno unitario del PSOE y se afanó en controlar los resortes del poder público. Desde su posición de poder convocó elecciones generales en abril de 2019, pero sólo obtuvo 123 escaños por lo que no pudo ser investido presidente. Convocó otra vez elecciones generales en noviembre de 2019, pero obtuvo 120 escaños (28,25% de los votos válidos), 3 menos que en las elecciones de abril. En todo este itinerario de elecciones, Sánchez nunca obtuvo los 137 escaños que tuvo Rajoy cuando perdió la moción de censura.
Sánchez sólo pudo ser investido presidente por las Cortes en coalición con Podemos sin mayoría, y el apoyo parlamentario de comunistas, nacionalistas y separatistas. En expresión de Rubalcaba (DEP) un gobierno Frankenstein. En estas condiciones, Sánchez ha sido presidente del gobierno de España hasta el presente y, según afirma, así seguirá hasta final de la legislatura en 2023 con la voluntad de continuar en el futuro.
Estos hechos, sucintamente expuestos, manifiestan la voluntad de poder de Sánchez hasta alcanzar su meta forzando el orden constitucional de legitimación del poder público con impacto en el sistema de representatividad democrática. Veámoslo con detalle.
La acción del Gobierno está a expensas de condicionantes e hipotecas de los socios que ha elegido para seguir siendo presidente, que han determinado en gran medida la gobernación de España
El Gobierno actual, presidido por Sánchez, tiene la representatividad formal por haber obtenido la investidura de las Cortes por mayoría simple (art. 99.3 CE), esto es, más votos a favor que en contra, al no haber obtenido la mayoría absoluta en primera votación. Consiguió sumar los votos del PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1), Teruel existe (1). Total 167 votos. En contra, los 165 votos del PP (88), Vox (52), Cs (10), Junts per-Catalunya (8), CUP (2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias (1), PRC (1). Sánchez logró ser investido presidente por la abstención de ERC (13) y EH Bildu (5).
El poder político ejecutivo, resultante de esta composición de fuerzas políticas, se ajusta a la legitimidad legal-racional (Weber) en el sentido romano de legitimitas -"lo legal es legítimo”- aunque su acción, como es patente, está a expensas de condicionantes e hipotecas de los socios que ha elegido para seguir siendo presidente, que han determinado en gran medida la gobernación de España, más escorada al interés personal y de sus socios que hacia el interés general de los españoles, cuyos efectos considerarnos después.
La representatividad formal es condición necesaria pero no suficiente. La representatividad legítima no se circunscribe ni agota en el sistema de mayorías y minorías que sólo expresa el umbral mínimo del sistema de legitimación en el marco de la cultura democrática, cuyo núcleo central es la justificación del poder político, por la desigualdad que produce el poder de unos ciudadanos sobre otros al ser capaces de transformar su voluntad (intereses) en derecho (normas) y en coacción (ejecución).
Sánchez tiene, en efecto, una exigua representatividad democrática del conjunto del “demos” español: el voto del 28,25% de ciudadanos, en 2019, que representa el 18,36% del total del censo electoral
Las prerrogativas del poder político y de capacidad de acción en la sombra decantan la relación entre gobernantes y gobernados (ciudadanos-pueblo) a favor de los primeros, incluso en las democracias, por lo que es importante acreditar un alto grado de legitimidad más allá́ de la normatividad en función de criterios políticos, morales y éticos.
Sánchez tiene, en efecto, una exigua representatividad democrática del conjunto del “demos” español: el voto del 28,25% de ciudadanos, en 2019, que representa el 18,36% del total del censo electoral. Aun así, como he expuesto, su presidencia es legítima porque es legal, pero la representatividad material, observable en sus políticas, está condicionada por sus “compañeros de viaje” y los propios límites del personaje. Fijémonos si esto es importante que durante el actual gobierno Sánchez, los contenidos ejecutivos y legislativos han sido la expresión material de su representatividad formal: han primado, más allá de la socialdemocracia, los intereses social-comunistas y la connivencia con los partidos separatistas en detrimento de los intereses generales de los españoles: realmente ha primado la agenda ideológica sobre la gobernabilidad común; la politización de las instituciones del Estado contra su integridad; la fragmentación sobre la unidad; el intervencionismo político sobre la autonomía del poder judicial; el incremento de las dependencias sobre la soberanía; el populismo económico sobre la solvencia y la eficacia; la degradación del sistema educativo contra el capital humano que procura la educación; la propaganda y la ocultación sobre la veracidad y la transparencia… Así ejerce Sánchez el mandato representativo para oprobio de la Nación, pero viene de lejos por las carencias no enmendadas del orden instituido. Dos son relevantes: la división de poderes y el sistema electoral.
La Constitución establece un sistema de división funcional de poderes, pero no de separación neta de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Quien controla el poder Ejecutivo, controla el Legislativo y condiciona el Judicial como está pasando ahora mismo. Sánchez avanza por la pendiente del abuso de poder sin controles efectivos. Es la principal amenaza para los ciudadanos libres.
La vida parlamentaria de plenos y comisiones ejemplifica el juego interesado de los partidos más centrado en conservar el poder y las prebendas que en el interés general de la sociedad
La legitimación del poder altamente cualificada —no únicamente la formal de las mayorías— y los controles al poder político devienen instrumentos fundamentales de representatividad democrática (formal y material) y de cultura democrática de los que carecemos en nuestro entramado institucional, basado en la partidocracia que se ha adueñado del Estado. Los ciudadanos no votamos a representantes ejecutivos y legislativos sino a líderes y siglas en listas cerradas y bloqueadas sobre cuyos candidatos no tenemos capacidad de elección. Las legislaturas se resumen en la voluntad de los líderes de los partidos con sus alianzas de poder e influencia según su peso relativo en votos. La vida parlamentaria de plenos y comisiones ejemplifica el juego interesado de los partidos más centrado en conservar el poder y las prebendas que en el interés general de la sociedad, como muestra el reciente debate del Estado de la Nación, con efectos degradantes.
El orden constitucional, derivado de la Transición, demanda reformas, entre izquierda y derecha, habida cuenta de su desnaturalización. Urge instituir la separación neta de poderes con contrapesos, con legislaturas de cuatro años y elecciones bianuales de la mitad de los miembros de las Cámaras, y de un sistema electoral (único para Cortes, autonomías y ayuntamientos), centrado en la representatividad efectiva del pueblo español con cinco notas: sistema mixto equilibrado (combina el sistema proporcional y el escrutinio mayoritario), listas de candidatos abiertas, partidos de implantación nacional (exclusión de partidos separatistas), máximo de dos mandatos para el poder ejecutivo, acatamiento constitucional binario: “Sí/No juro o prometo”.
Galdós y "los males de arriba"
¿Serán capaces los partidos políticos de acometer estos cambios de mejora de la representatividad de los españoles? La alternativa es la creciente degradación de la democracia como estamos viendo y su impacto en la politización sectaria, la fragmentación y el empobrecimiento. Aún estamos a tiempo de revertir la deriva populista (simplificación y vacío) que amenaza nuestra libertad y la integridad de la Nación, porque parafraseando a Galdós “los males de arriba todavía no han cundido en la masa común del país… y la homogeneidad de sentimientos sobre los que se cimenta la nacionalidad es aún poderosa…”.
Así las cosas, puede afirmarse definitivamente: Sánchez, en su acción, no representa a la mayoría del pueblo español.
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