Del gran y vigente estallido de la corrupción en el Gobierno y el PSOE pueden derivarse, a lo largo de 2025, importantes consecuencias políticas y penales entre las que se incluyen la posible entrada en prisión de José Luis Ábalos, la apertura de juicio oral a Begoña Gómez y el hundimiento final del Gobierno y la presidencia de Pedro Sánchez, lo que en todo caso está por ver.
La decisión del Tribunal Supremo de solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio de José Luís Ábalos para llevarlo a juicio, por delitos de organización criminal, trafico de influencias, malversación y cohecho (por los que puede ser condenado a más de 10 años de cárcel), constituye un paso determinante. Que tan sólo podría ser retrasado si Ábalos renuncia al aforamiento y el proceso pasa a la jurisdicción ordinaria de primera instancia.
Sin embargo, a sabiendas de que Ábalos no tiene escapatoria y le espera un largo y tortuoso horizonte procesal y penal, lo más lógico sería que busque -como lo hizo su cómplice Víctor Aldama- y previa confesión ante el juez una sentencia final de ‘conformidad’ con la fiscalía, que le libre del largo trámite judicial y reduzca el alcance de su condena, aunque nunca podría eludir varios años de prisión.
Lo que tampoco impidió, meses antes, que Sánchez lo mantuviera como diputado en las elecciones de 2023, probablemente por temor a que pudiera desvelar información sobre la presunta financiación ilegal del PSOE
No en vano, y al fondo de todo esto, ya están a la vista indicios y pruebas sobre muchos de los escándalos que tienen acorralado a Ábalos. Los que van desde la corrupción de las mascarillas en el ministerio de Transportes al fraude de los hidrocarburos, pasando por el caso de Delcy Rodríguez, el cobro en efectivo de comisiones de su corrupción y el pago en especies de pisos alquilados (con ‘señoritas’ incluidas y para su novia Jéssica) y fraudes en contratos de obras públicas, a pesar de maniobras de ‘despiste’ del actual ministro de Transportes, Oscar Puente.
Escándalos que en su totalidad, o en una buena parte, conoció el presidente Sánchez y motivaron el cese -aún no explicado- de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, hasta su posterior expulsión del Grupo Parlamentario Socialista y del partido. Lo que tampoco impidió, meses antes, que Sánchez lo mantuviera como diputado en las elecciones de 2023, probablemente por temor a que pudiera desvelar información sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y los dos rescates de Air Europa y Mare Nostrum, asuntos que podrían afectar a Begoña Gómez y a José Luís Rodríguez Zapatero. Todo ello, naturalmente, implica políticamente a Sánchez y quizás también, penalmente, en el caso de que Ábalos acabe ‘cantando’ para reducir sus posibles condenas.
Un Sánchez del que se dice que la primera información sobre las múltiples andanzas de Ábalos le llegó por parte del CNI, al igual que pudo ser el ahora ministro Oscar López y ex presidente de Paradores quien le avisó de ciertas bacanales con ‘señoritas’ -como las que Aldama imputa al ministro Torres y Ábalos- en alguno de los Paradores del Estado.
Pero si Ábalos canta también podrían verse afectados: los ministros Montero, Torres y Marlaska (por el caso Delcy y mascarillas); las ex ministrasTeresa Ribera y Reyes Maroto señaladas por Aldama; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y a no perder de vista el caso del hermano del presidente, David Sánchez, que sigue su curso en un juzgado de Badajoz y la posible apertura de juicio oral contra Begoña Gómez.
En especial, una vez que Iglesias se ha sentido, y con razón, traicionado por Sánchez y por Díaz y considera que el adelanto electoral puede ser ahora una buena oportunidad y estrategia para liquidar a Sumar
Ante semejante panorama político y judicial, al que se suman los chantajes a Sánchez de PNV y Juntas que amenazan la estabilidad del Gobierno, podría ocurrir -como lo viene anunciando Javier Portillo en este diario- que Pablo Iglesias, desde Podemos, decida romper la baraja y provocar el adelanto electoral, por venganza política y personal contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Así como para evitar que Podemos pueda quedar sepultado en caso de hundimiento del Gobierno por la corrupción. En especial, una vez que Iglesias se ha sentido, y con razón, traicionado por Sánchez y por Díaz y considera que el adelanto electoral puede ser ahora una buena oportunidad y estrategia para liquidar a Sumar e iniciar la paulatina recuperación de Podemos.
Conviene recordar que fue Iglesias quien le propuso a Sánchez la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, quien pactó el Gobierno de coalición con el PSOE en noviembre de 2019 y quien nombró a Yolanda Díaz ministra y vicepresidenta del Gobierno, para finalmente ver como Sánchez y Díaz pactaban para relanzar a Sumar y destruir a Podemos.
El no retorno de Puigdemont
Además, aunque Junts y PP están haciendo perder a Sánchez las últimas votaciones del año en el Congreso, si está bastante claro que Puigdemont no provocará un adelanto electoral porque, en ese caso, Conde Pumpido liquidará la ley de amnistía en el TC. Y si eso ocurre, el prófugo de Waterloo, a corto o medio plazo, sería extraditado a España, entraría en prisión y sería juzgado y condenado por el Tribunal Supremo bajo el delito de malversación.
A pesar de todo esto, Sánchez confía en que logrará aprobar los PGE de 2025 en los primeros meses del nuevo año y que ello le permitirá seguir en La Moncloa otros tres años más hasta las elecciones de 2027. Fecha en la que, cabe esperar, ya se conozcan las condenas de la tan notiria trama criminal de Ábalos, Aldama y Koldo. Salvo que, como aún ocurre con el caso de Jordi Pujol, el poder político imperante logre embarrar los procedimientos en curso durante algunos años
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