Casi todo en el debate en torno a la propuesta socialista sobre prostitución y proxenetismo es una verdadera fiesta de la confusión. Empezando por el texto, que desde luego no parece la muestra más fina de técnica legislativa que se ha visto últimamente, y ya es decir. Y empezando antes aún por la terminología babosa que nos han colado: "abolir". Como si cupiese hablar de abolición de lo que precisamente es una actividad en los márgenes de lo regulado. Pero bueno, es el estado de cosas y la hinchazón discursiva que, como siempre, delata la más absoluta vaciedad de sustancia.

Cabría hablar, y mucho, de los malentendidos que la redacción de la iniciativa puede y va a generar en torno a las "actividades sexuales" remuneradas, categoría en la que podrían entrar la pornografía, los masajes eróticos y vaya usted a saber qué más. Pero prefiero centrarme en los dos grandes problemas de la ley: el normativo y el práctico.

Desde el punto de vista normativo, la ley parece consagrar que la mujer es un ser sin agencia, necesariamente subalterno -el texto habla de "personas en situación de prostitución", pero todo el debate gira en torno a la prostitución femenina y los propios defensores de la propuesta se ponen muy nerviosos cuando se introduce en el debate la masculina. De hecho, la neolengua -“persona en situación”- no hace sino constatar esa falta de agencia. Y la ausencia de sanción para dicha “persona en situación de prostitución” no procede, como es obvio, de que su actividad sea legítima, pues es precisamente la actividad lo prohibido; sino más bien de que, al carecer de agencia, no se le puede hacer responsable de sus acciones. Yo creo que todo esto es problemático desde un punto de vista legal y, si quieren, filosófico, y que se entra en un terreno muy resbaladizo. Pero, bien, vamos a aceptar que buena parte de las mujeres, o “personas”, que ejercen la prostitución no lo hacen manera voluntaria.

Y así llegamos a la segunda cuestión problemática: los efectos del punitivismo. No hay ninguna evidencia de que el punitivismo o el cacareado “modelo sueco” tengan efectos positivos para las "personas en situación de prostitución" o víctimas de trata. Al contrario, el marco legal prohibicionista -"abolicionista", en la neolengua idiota que hemos aceptado- parece que incide en la marginalización, el estigma social y la indefensión de las “personas”. En cualquier caso, la falta de evidencia concluyente debería hacernos ser mucho más prudentes a la hora de venir a solucionar de un definitivo plumazo realidades con las que convive el ser humano -o las “personas”- más o menos desde que existe la vida en sociedad; y probablemente antes, desde las bandas de primates o personas en situación de hominidad.

Porque un mal pensado -y me consta la buena intención de la algunas de las personas que han participado en esta campaña- podría llegar a sospechar que esto no tiene nada que ver con derechos y libertades, sino con otras cosas. Máxime cuando la agencia de las mujeres aparece y desaparece a voluntad del legislador o político de turno: hay agencia, absoluta además, para abortar o eutanasiarse, pero misteriosamente nunca la hay para ejercer la prostitución o gestar por cuenta ajena. Los profundos análisis de clase y desigualdad se esfuman cuando se trata de poner fin a la vida propia o del feto. Insisto, un malpensado podría sospechar que la diferencia entre unas actividades y conductas y otras no tiene tanto que ver con derechos y libertades como con el estatus de las mujeres de la professional-managerial class. Pero todo esto son lucubraciones, y la nueva ley habrá de testarse, como todas, al contacto con la realidad. Con la puta realidad.

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