¿Crisis? ¿Qué crisis? Se acabó la miseria y toca volver a gastar a manos llenas, cual nuevos ricos renacidos de las cenizas del ajuste, dispuestos a tirar la casa por la ventana, aunque en el baúl de las vergüenzas familiares tengamos que esconder algunas realidades nada confortables con la situación de nuestras cuentas públicas. Dicen que a la fuerza ahorcan y al Gobierno Rajoy le asfixia el dogal de esos 137 diputados que le obligan a negociar con el talonario en la mano la aprobación de los PGE del año en curso, ley indispensable para seguir gobernando sin necesidad de tener que apretar el botón nuclear de la disolución de las Cámaras. El caso es que el Ejecutivo ha abierto la caja de los regalos: Más de 300.000 nuevos empleados públicos durante la legislatura, en su mayoría interinos convertidos en fijos; subida del 1% (mil millones) de sueldo de los funcionarios; casi 4.100 millones -1.945 de los cuales en “medidas para recuperar la clase media y trabajadora” (sic)- incluidos a iniciativa de Ciudadanos; 5.387 en la mejora de la financiación de las CC.AA.; 4.200 de inversión en infraestructuras para Cataluña (regalo que será preciso repetir en otros lugares para evitar agravios comparativos), y anuncio de condonación de la deuda autonómica en cuantía no conocida.
Se acabó la miseria y toca volver a gastar a manos llenas aunque en el baúl de las vergüenzas familiares tengamos que esconder algunas realidades nada confortables
Alguien dice que los Reyes Magos del Gobierno Rajoy pueden suponer un incremento del gasto cercano al 1% del PIB, ello en un país cuya deuda pública roza el 100% de los bienes y servicios que producimos en un año, que ha tardado nada menos que 10 en cumplir el objetivo de déficit, y que tiene por delante desafíos tan monumentales como la financiación de unas pensiones que mantienen a la Seguridad Social contra las cuerdas. Poco que pueda hacerse en contra, salvo apelar a la resignación. Es el signo de los tiempos y el destino de un Partido Popular despojado de cualquier ideología liberal, que se comporta como el perfecto alumno socialdemócrata que siempre quiso ser. No hizo los deberes cuanto contó con mayoría absoluta, embarcado en un proceso de consolidación fiscal, obligado por Bruselas, sobre la base del aumento de los impuestos y el recorte de gasto no estructural (inversión pública y amortización de empleo público), política que se demostró insuficiente para hacer realidad el ajuste de caballo que reclamaba la situación, como se encargó de evidenciar la incapacidad, año tras año, para cerrar la brecha del déficit público y el crecimiento exponencial de una deuda pública que pasó del 70,5% del PIB a finales de 2011 al citado 100% al terminar la legislatura.
Incluso ese ajuste fiscal tan pacato, tan claramente insuficiente, se acabó bruscamente en 2014, donde de nuevo a Mariano Rajoy le entraron las prisas por recomponer imagen de cara a los eventos electorales que se avecinaban, y decidió guardar bajo siete llaves la tijera de los tímidos recortes llevados a cabo en 2012 y 2013. Mucha agua ha pasado desde entonces bajo los puentes. En pleno 2017, sobre la base de un crecimiento económico que este primer trimestre se ha mantenido firme a un ritmo cercano al 0,8%, el señor Montoro es ese flamenco personaje del cuadro de Van Reymerswaele ('El cambista y su mujer') que se exhibe en el Prado y que a la luz de una vela pesa codicioso las monedas de unos ingresos fiscales boyantes, acrecidos además por la vuelta de la inflación, de modo que vuelve a haber alegría en las cuentas públicas, euforia impulsada por una recaudación que este año podría crecer un 8% sobre la de 2016, para elevar el montante final hasta los 200.963 millones, la mayor cifra de ingresos tributarios de la historia. Podemos, pues, empezar a repartir regalos, aún a riesgo de volver a tropezar en la misma vieja piedra: crear una estructura de gasto público que no será posible financiar en caso de una caída del ritmo de crecimiento y/o una subida de los tipos de interés.
Volver a caer en el error Zapatero
El riesgo, en definitiva, de incurrir en los mismos errores que entre 2004 y 2008 cometió el piernas de Rodríguez Zapatero y que desembocaron en la crisis de caballo que el insensato se negó a reconocer hasta el final: utilizar de nuevo el ciclo expansivo para, en lugar de racionalizar el gasto mediante las reformas estructurales pertinentes, asumir nuevos compromisos de gasto que será imposible atender en cuanto se desacelere la economía o cambien las condiciones de los mercados financieros. Salvo, claro está, que pretendamos seguir engordando la deuda pública, y que alguien quiera seguir prestándonos. El error Zapatero o el “no me digas, Pedro [Solbes], que no hay dinero para hacer política”. Ahora, el Gobierno del PP quiere también hacer política, necesita hacer política para seguir en el machito y está dispuesto a tirar del gasto en lugar de gastar menos o, en todo caso, gastar mejor. Se trata de comprar votos para conseguir aprobar los PGE para este año, al punto que el disputado voto del diputado canario nos ha costado 500 millones, ¡será por dinero! Pero esos regalos no salen gratis, claro está, no son un gasto coyuntural, sino que consolidan a futuro en las cuentas públicas como una obligación más a abordar en Presupuestos sucesivos.
Se trata de comprar votos para conseguir aprobar los PGE para este año, al punto que el disputado voto del diputado canario nos ha costado 500 millones, ¡será por dinero!
Se podrían hacer mejor las cosas, pero eso exigiría un poco de valor y una cierta coherencia ideológica, en caso de haberla. El Gobierno, por ejemplo, podría haber aprovechado los ajustes llevados a cabo en 2012 y 2013 para haber adelgazado la estructura de la Administración pública. No lo ha hecho. No solo no lo ha hecho, sino que ahora se rinde a la presión sindical consolidando como gasto estructural el coste de esos 250.000 nuevos funcionarios (más las 67.000 plazas de Oferta de Empleo Público para este año), renunciando a plantear mejoras en la eficiencia y productividad del sector público. Para intentar hacer frente –tarde, mal y nunca- al envite que plantea el secesionismo catalán, el Ejecutivo anuncia inversiones públicas de 4.200 millones en Cataluña. Como es imposible que a estas alturas alguien piense en Moncloa que tamaño desafió se frena con dinero, cabe pensar que doña Soraya está haciendo tras las bambalinas el trabajo sucio que se ha negado a hacer hasta ahora y que consiste, muy grosso modo, en ayudar a los buenos a derrotar a los malos sin necesidad de dar tres cuartos al pregonero. ¿Lo está haciendo? Y otro sí cabe decir del anuncio de condonación de la deuda autonómica, una medida que, si bien en términos de déficit y deuda es neutra, es una decisión penosa en tanto en cuanto, además de hacer mangas y capirotes con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, envía un mensaje perverso a las baronías regionales en el sentido de animarles a gastar cómo y cuánto quieran, porque detrás estará siempre papá Estado dispuesto a correr con la cuenta.
La reducción del déficit y de la deuda pública
Todo ello en un proceso de consolidación fiscal que en absoluto está terminado, y en un entorno político y social muy reacio a cualquier anuncio de reforma estructural capaz de asentar la competitividad de nuestra economía. Ceder a las presiones alcistas sobre el gasto corriente es una grave irresponsabilidad en una situación como la actual sometida a las incertidumbres del ciclo y basada en el aumento de los ingresos fiscales y en la inflación. Con un aumento de la contribución de España al presupuesto comunitario –y al de la OTAN- que se nos viene encina tras el Brexit. Nada que hacer en contrario, salvo, como se ha dicho, resignarse. Imposible recordar a este Gobierno y a esta clase política la necesidad de poner el crecimiento económico al servicio de la reducción del déficit y de la deuda pública, porque en el estricto control de ambos parámetros está la clave de un crecimiento sano, ergo duradero, con capacidad para crear empleo de calidad. Imposible recordarles que “España necesita revisar los instrumentos del Estado del Bienestar haciéndolo más eficiente y viable, con un gran acuerdo de solidaridad intergeneracional”, como días atrás dijo, muy acertadamente, por cierto, José María Aznar.
Ceder a las presiones alcistas sobre el gasto corriente es una grave irresponsabilidad en una situación como la actual
A don Cristóbal y a su jefe y amigo, don Mariano, estas cosas deben sonarles a admoniciones de beata dispuesta a aguarles la fiesta. La fiesta del crecimiento que les tiene emborrachados. “Esto va como un tiro”, repiten satisfechos por los jardines de Moncloa. Los servicios de estudios están hablando ya de un crecimiento del PIB para el año en curso pegado al 3%, muy por encima del 2,5% vaticinado meses atrás. Los Presupuestos para 2017 están cerrados (Cs, PNV y el jilguero canario), y eso quiere decir que el Gobierno podría, en el peor de los casos, prorrogarlos en 2018, de modo que el escenario de elecciones anticipadas queda pospuesto a la primavera de 2019, “y eso supone un millón más de nuevos empleos que nos llevarían a volver a ganar, y con mayor holgura, esas nuevas generales”, asegura un miembro del gabinete. ¿Qué importa, en estas circunstancias, seguir gastando a trote y moche? Es el precio del Poder, y el que venga atrás que arree.
