En estos días ocupa los titulares y numerosas páginas de los medios escritos, así como un tiempo considerable de los audiovisuales, el acuerdo entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana de Cataluña para que la formación independentista contribuya con sus veinte votos en el Parlament a hacer posible la investidura como presidente de la Generalitat del fúnebre Salvador Illa. Un primer escollo se ha superado al haber aprobado por un escaso margen la militancia del partido liderado provisionalmente por la amnistiada Marta Rovira los términos de dicho pacto.
Es curioso como los que pontifican sobre el contenido de este arreglo y se extienden sobre su significado y alcance parece que no lo hayan leído. Cuando la Cámara autonómica catalana aprobó en septiembre de 2005 el nuevo Estatuto, que sería posteriormente modificado por las Cortes Generales y pulido por el Tribunal Constitucional hasta desembocar en el redactado definitivo publicado en el BOE en junio de 2006, tampoco se produjo una reacción de los entonces partidos sistémicos proporcional al desafío que representó aquel estropicio inconstitucional. Se le hicieron cuatro retoques en el Congreso y unas ligeras correcciones abundantes en disposiciones interpretativas por parte de la suprema instancia en estos temas y patada hacia adelante al balón fragmentador.
Yo sí he dedicado un buen rato a recorrer las veinticinco páginas del documento de marras titulado sucintamente Acord d´investidura entre el Partit dels Socialistes de Catalanya i Esquerra Republicana de Catalunya y he quedado estupefacto. Recomiendo el mismo ejercicio de análisis de texto a cualquier ciudadano que sienta curiosidad por la situación real del país, especialmente a las respectivas direcciones de las dos fuerzas políticas, actualmente a la greña -lo que demuestra su profunda visión estratégica- llamadas a configurar la alternativa al aventurero de La Moncloa. La relación entre Cataluña, postulada como nación, y España, descrita como “el Estado”, consagrada en este Acord asume como válidos todos y cada uno de los elementos ideológicos, conceptuales y políticos del separatismo, a partir de los cuales borra prácticamente de Cataluña cualquier asomo de presencia o influencia de la matriz jurídica, histórica, fiscal, cultural, lingüística e institucional común para alumbrar la transformación de una Comunidad Autónoma española en una entidad cuasi-soberana cuya pertenencia a la Nación invocada en el frontispicio de la Constitución de 1978 es tan tenue que resulta imperceptible.
El rechazo de Puigdemont a tal apoteosis secesionista carece de fundamento y no obedece más que a su lúbrico deseo de ser él y no Illa la primera autoridad catalana
Una dramática conclusión del acuerdo es que el PSC reconoce explícitamente que ha dejado de ser una formación comprometida con el orden constitucional y la unidad nacional para pasar a ser una organización nacionalista, separatista y antiespañola. No es que no llevara tiempo comportándose dentro de estos parámetros, pero en su componenda con ERC para la entronización del glorioso ex ministro de Sanidad no se recata ni un ápice. Con la mayor tranquilidad hace suyas todas las premisas nacionalistas y se declara dispuesta a colaborar con convicción y entusiasmo a la erección de una Cataluña desgajada de España en tantos aspectos esenciales que el rechazo de Puigdemont a tal apoteosis secesionista carece de fundamento y no obedece más que a su lúbrico deseo de ser él y no Illa la primera autoridad catalana.
La desdichada economía catalana será sometida a tal presión regulatoria que es difícil que sobreviva y la futura nació, por fin libre del yugo castellano, disfrutará de su esforzadamente ganada soberanía sumergida en la más desoladora miseria
El gobierno autonómico -nacional, dirían los firmantes de la trapisonda- que surja de tan firme alianza entre socialistas y golpistas dedicará sus desvelos a expulsar a la lengua española no sólo del sistema educativo en sus diversos niveles, sino también del uso social, con toda suerte de medidas intervencionistas de carácter coactivo. Asimismo, se encargará de recaudar todos los impuestos y gastarlos a su conveniencia reservando para la “solidaridad” con el resto de España una cantidad residual sometida al principio de ordinalidad y a la condición de que las Comunidades que reciban su limosna soporten un esfuerzo fiscal similar. Intuyo que en este punto de mi explicación un considerable número de lectores se echen las manos a la cabeza transidos de incredulidad, por eso les insto a leer el acuerdo porque si no lo hacen creerán que exagero.
Puertos, aeropuertos, ferrocarriles e infraestructuras varias se entregarán al control de la Generalitat y el número de Mozos de Escuadra alcanzará la impresionante cifra de 22.000 a corto plazo. La desdichada economía catalana será sometida a tal presión regulatoria que es difícil que sobreviva y la futura nació, por fin libre del yugo castellano, disfrutará de su esforzadamente ganada soberanía sumergida en la más desoladora miseria, eso sí, los pocos millones de ciudadanos que permanezcan al norte del Ebro dado que el éxodo será masivo si las previsiones del matrimonio socialista-separatista se consuman, disfrutarán de su pobreza e irrelevancia internacional hablando en catalán por las buenas o por las malas, placer inusitado que sin duda les compensará de sus penurias. A las catalanas les gustará saber -hasta estos íntimos detalles desciende el feminismo militante del poder nacionalista- que podrán elegir sin trabas entre dos métodos, farmacológico o quirúrgico, para eliminar a sus hijos en gestación y que se les facilitará el acceso a dispositivos menstruales reutilizables, posibilidad esta última que las empoderará notablemente, aunque no mejore demasiado su higiene.
Le derriben del caballo
La única esperanza que impide a una mayoría de nuestros compatriotas cruzar al galope la frontera antes de que el tejado se hunda sobre nuestras cabezas es la posibilidad de que la lidia de Pedro Sánchez en tantos frentes simultáneamente, los trapicheos de su esposa, las misteriosas maniobras tributarias de su hermano, la rebelión de sus barones disconformes con el expolio que les amenaza, la paralización en los tribunales de la amnistía y la magnitud creciente del caso Koldo, le derriben del caballo de su desmedida ambición y España pueda recuperar la salud mental y la estabilidad emocional. Hace seis años que vivimos en una pesadilla tan insoportable que, por muchos errores que hayamos cometido, nuestro castigo empieza a ser excesivo y ha llegado la hora de que termine.
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