Le gusta a Sebastián Albella ceder su silla cuando llama a uno de sus colaboradores al despacho. "Siéntate ahí", les dice indicándole la zona de mando. La mayoría se sorprende cuando viven la primera escena. Pero él insiste ante los que dudan. Llegó Albella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con esa manía desde Linklaters. Pero había mucho más en la maleta de su proyecto. Entre el equipaje sobresalen dos grandes líneas rojas. La modernización de la institución en grandes detalles y otros tan pequeños como lógicos –la versión en inglés de todo tipo de documentos- cuando se está en contacto diario con agentes internacionales. La otra máxima es mantener la independencia del regulador frente a todos. Especialmente, ante quienes le hicieron el encargo. El Gobierno, en definitiva. Un Gobierno que presume de fomentar la independencia en los reguladores, pura fachada, cuando sólo pretende que actúen a su dictado. Esa zanahoria y palo que se escenifica en presiones, guerras internas y confabulaciones cuando hay desviaciones a las directrices del gobierno de turno.
Mucho de eso sabe José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. El único quijote, hasta la fecha, frente a esas presiones que llegan desde babor y estribor. Oficiales y otras 'off the record'. En esa misma pose ha decidido colocarse Albella. Otro grano en el culo para el Gobierno tras mantener, la pasada semana, la autorización de la OPA de Atlantia sobre Abertis. Un gesto valiente y necesario para seguir avanzando en la muerte de esa economía entre amiguetes pero que le delata ante el empeño del ministro Álvaro Nadal porque Florentino Pérez consiga la compra de la concesionaria. "Le ha puesto la cruz", dicen de Nadal sobre Albella. ¿Habrá pronto viaje de retorno a Linklaters u otro despacho?
Porque en la guerra por el control de Abertis, la figura del daño colateral la encarna Albella, presionado por el Gobierno desde hace semanas. El acoso ganó muchos decibelios el pasado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, cuando el Gobierno remitió al supervisor dos requerimientos, desde los ministerios de Energía y Fomento, para que revocara su decisión del 9 de octubre de aprobar la OPA de Atlantia sobre Abertis. El motivo se basaba en el hecho de que el supervisor había dado el visto bueno al folleto de la oferta sin que éste incluyera las autorizaciones que desde Moncloa se consideraban necesarias. La medida suponía un paso previo al inicio de un proceso contencioso-administrativo contra la CNMV que, de este modo, se veía en una diabólica encrucijada. Si anulaba la decisión de aprobar la OPA de los italianos, como le pedía el Gobierno, ponía en tela de juicio su integridad e independencia, toda vez que antes de aquel 9 de octubre el organismo supervisor ya sabía de la postura de Moncloa sobre las autorizaciones y, aún así, había decidido dar luz verde al folleto. Rectificar colocaría a Albella, como mínimo, al borde de la prevaricación. No es de extrañar que Albella, como sostienen algunas fuentes, haya encargado un informe jurídico para determinar las responsabilidades de la CNMV y suyas propias en todo este caso en función de una decisión u otra.
En la guerra por el control de Abertis, la figura del daño colateral la encarna Albella, presionado por el Gobierno desde hace semanas
La otra alternativa tampoco era mucho mejor. Mantenerse firme en su decisión condenaba al supervisor a vérselas con el Gobierno en los tribunales y ponía en una situación muy complicada a su presidente. A todo esto, en las filas de Atlantia tenían muy claro que lo último que harían sería solicitar las autorizaciones ya que consideraban la situación como una trampa por parte del Ejecutivo. En el momento en que las solicitaran, quedarían en manos de Moncloa, cuya negativa podría dejarles fuera de la pelea por Abertis. Y a nadie escapa que las preferencias del Gobierno en este capítulo apuntan claramente a ACS. En la búsqueda de la estrategia más adecuada, Atlantia se planteó pedir ayuda a la mismísima Abertis. Sabedora de que, al contrario de lo que sucede con el Gobierno, en la compañía que preside Salvador Alemany gusta mucho más la opción italiana (y algo parecido sucede con La Caixa, principal accionista de la concesionaria española), Atlantia exploró la posibilidad de que fuera Abertis la que solicitara las autorizaciones, una opción rechazada de plano por la compañía.
Pero los italianos no se fueron de vacío. Alguien llamó su atención sobre la difícil situación en la que se encontraba el presidente de la CNMV, por obra y gracia del Gobierno. También, sobre que Albella todavía podía ser una figura clave –como así ha resultado ser- en la batalla por el control de Abertis. Y, por último, sobre que Atlantia tenía la llave para liberarle de la trampa mortal en la que le había situado la estrategia urdida por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y que incluso le había llevado a plantearse su dimisión. Esa llave era la solicitud de las célebres autorizaciones. Un gesto que, además de, en buena teoría, ser considerado por Albella, contribuiría a retirar obstáculos del proceso de OPAS y hacerlo más ágil. Porque, en fin, ni siquiera la Abogacía del Estado ha podido pronunciarse de manera tajante sobre la obligatoriedad de contar con las autorizaciones, aunque finalmente Atlantia decidió completar ese trámite.
La firmeza de Albella ha provocado muchas interrogantes en Moncloa sobre la idoneidad de la estrategia a seguir. Incluso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que junto a Nadal ha liderado el acoso a Atlantia, se ha desmarcado del proceso. De la Serna no es partidario de que el Gobierno, a través de su departamento, siga poniendo dificultades a Atlantia en favor de ACS. El titular de Fomento considera que la empresa italiana ya ha hecho lo que el Gobierno le pedía y que una nueva vuelta de tuerca terminaría de poner al Ejecutivo en evidencia ante lo que es una injerencia en toda regla en una operación entre dos empresas privadas. El proceso también ha generado dudas en otros miembros del Gobierno, que ven con preocupación el hecho de que las prácticas del Ejecutivo puedan llamar la atención de la Comisión Europea.
La firmeza de Albella ha provocado muchas interrogantes en Moncloa sobre la idoneidad de la estrategia a seguir
En voz alta, la pasada semana en el Congreso, Albella negó la mayor. Cualquier tipo de injerencia en el proceso de las OPAs sobre Abertis. Sin embargo, estos días no son para nada de vino y rosas en la CNMV, como nunca lo han sido en la breve historia de la CNMC condicionada siempre por dos factores: por un lado, el enfrentamiento entre una parte de sus consejeros y Marín Quemada; por otro, sus dificultades presupuestarias. Estas últimas, igual de condicionantes, pero soterradas bajo la polémica que ha generado la guerra interna.
Este punto merece una reflexión. ¿De verdad desea un gobierno que un supervisor sea independiente si no le dota de los recursos suficientes? El departamento de compliance de la CNMC ya lo denunciaba en un informe en 2015: “El Gobierno debiera garantizar la independencia de la autoridad reguladora nacional (CNMC) mediante la asignación de los recursos humanos, materiales y presupuestarios suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones”. A este respecto, Marín Quemada aseguró, en una comparecencia pública: “Es curioso que el Gobierno no esté a favor de un regulador independiente”.
Nadal contra la CNMC
Tan importante como la financiación es el asunto relativo a las competencias de la CNMC. Otro escenario en el que el ministro Nadal aparece como estandarte frente a un regulador. Hay que recordar que la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por incumplir dos directivas de consumo energético interno. Pues bien, pese a ello, el Real Decreto (de hace un par de meses) que desarrollaba la estructura del Ministerio limitaba las competencias de la CNMC en materia energética. Es cierto que en la Ley de creación de la CNMC se incluye, en los anexos, un apartado que asegura que estas competencias sólo estarían dentro de Competencia hasta que el Gobierno tuviera la posibilidad de hacerse cargo de ellas. Pero la tendencia en la UE pasa porque las asuman los reguladores. Entre otras cosas, para que la política energética no influya en el consumidor. De ahí que lo lógico sería que se le asignaran a la CNMC.
Incluso en el proyecto que circula por los ministerios para dividir el organismo no se despejan las dudas que existen con respecto a quién debe acaparar estas competencias. En un borrador aparecen, en otro, sin embargo, no hay rastro alguno. Otro dato. El Real Decreto de desarrollo de la estructura del Ministerio de Energía está recurrido en el Supremo. Ahora la CNMC tiene entre manos el 'decretazo' de Nadal sobre el cierre de centrales. La decisión definitiva se tomará esta semana.
También hay tensiones entre la CNMC y Fomento. Marín Quemada tiene recurrido el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT) que elimina las restricciones en materia de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC). También el convenio de la estiba. La relación es muy tirante. De hecho, el propio Ministerio de Fomento ha recurrido recientemente ante la Audiencia Nacional el reglamento que elaboró la CNMC para que las empresas privadas puedan prestar el servicio de transporte internacional de viajeros por alta velocidad.
La difícil relación entre el Gobierno y la CNMC queda patente en cómo se articulará el futuro del regulador de la competencia. En una Comisión de Economía en el Congreso, en diciembre, los grupos parlamentarios votaron una PNL de Ciudadanos sobre la separación de la CNMC. Hubo más abstenciones que 'síes'. Es decir, en los partidos existen dudas sobre esta posibilidad. Ahora bien, una semana antes, se presentó el Plan Anual Normativo para 2018. En la página 35, y sin mucho ruido, se incluye el siguiente párrafo:
LEY DE SOBRE LA RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE LOS MERCADOS Y PARA LA MEJORA DE SU GOBERNANZA
La norma tiene como objetivo reordenar la arquitectura institucional de la defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero en España, con el fin último de mejorar el sistema de gobernanza económica.
Dos fueron los ministerios implicados en la redacción de este apartado. Curiosamente, los Ministerios de Fomento y de Energía. Los dos ministros enfrentados a Marín Quemada han sido los que apuestan decididamente por sacar adelante esta ley. ¿Se puede decir realmente que en el Gobierno quieren la independencia de este organismo o quieren seguir controlando temas claves como energía o el espectro radioeléctrico (telecos o licencias de tv)? ¿Se puede decir que el Gobierno quiere la independencia de la CNMV cuando apuesta por sacar adelante una OPA de Estado (ACS-Abertis)?
No lo parece. Desde luego. Al menos, ahora hay dos policías para intentar poner freno a los excesos del Gobierno.
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