Temprano madrugó la madrugada o, más bien, tardeó porque la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que recibió la aprobación final del Congreso de los Diputados el jueves 30 de mayo no ha llegado a imprimirse en las páginas del Boletín Oficial del Estado hasta el martes 11, es decir que ha tardado doce días en recorrer el itinerario que va desde la carrera de San Jerónimo hasta la Imprenta Nacional con sucesivas escalas técnicas en el ministerio de Presidencia en Moncloa y Palacio de la Zarzuela, donde fue avistada y sancionada por el Rey el lunes 10, una vez concluido el escrutinio de las urnas de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el domingo, para rendir viaje ese mismo día en la sede de la Agencia Estatal del BOE en la Avenida de Manoteras, 54 en el distrito de Hortaleza.
Dice el artículo 91 de la Constitución que “El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Parecería, por tanto, que el Rey tendría un parte alguna está tasado el plazo del que dispone el Gobierno para demorar el tránsito de una Ley desde el Congreso de los Diputados hasta el despacho del Rey, sirviéndose a discreción de la Máquina de la Lentitud en caso de estimarlo conveniente, por ejemplo, para sus intereses electorales. Cuestión diferente es que la Ley de Amnistía disponga su entrada en vigor en el mismo día de su publicación en el BOE. Es decir que, si bien ya tenemos amnistía, todavía nos falta tener amnistiados y para que lleguemos a tenerlos será preciso que la Ley sea aplicada a sus posibles beneficiarios por los órganos judiciales competentes en cada uno de los casos.
Acelerar en tiempo muerto
Entre tanto, los fiscales del procés se niegan a aplicar la amnistía a Puigdemont pese a la orden de su superior jerárquico el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; el juez Pablo Llarena percibe “contradicciones" y estima que la malversación puede verse excluida mientras que el Tribunal de Cuentas abre la vía para que Europa paralice la amnistía para los incursos en delitos de malversación, una línea que sigue también el Tribunal de Cuentas al abrir la vía para que Europa se pronuncie al respecto. Además, en el frente del seguimos teniendo pruebas irrefutables con la desobediencia del Parlament al Tribunal Constitucional que había prohibido el voto telemático de Puigdemont y otro prófugo afecto al independentismo. Ni el Gobierno, ni Salvador Illa, líder del PSC a las órdenes de Pedro Sánchez, han rechistado ante el desacato. Lo que supone aceptar que las leyes y las sentencias y resoluciones de los tribunales pasan a ser de libre aceptación o rechazo por los indepes.
Escribe Luciano Concheiro en su libro Contra el tiempo, finalista del premio Anagrama de ensayo, que “si me viera obligado a señalar un rasgo que describiera la época actual en su totalidad, no lo dudaría un segundo: elegiría la aceleración”. Pero, en abierta contradicción, el gobierno de Pedro Sánchez ha optado, como acabamos de observar, por acelerar en punto muerto, una habilidad política a la que se ha referido con acierto José María Ridao. Atentos.
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