Todos recordarán el famoso “exprópiese” del ínclito Hugo Chavez en su paseo por Caracas, según iba señalando edificios de viviendas y ante los aplausos del pueblo allí congregado. Es España fue motivo de chanza, pues reflejaba la viva estampa del típico cacique bananero, charlatán y populista. Pero quizá no deberíamos reírnos tanto sino empezar a preocuparnos un poco más, porque en nuestro país está penetrando en la práctica, lenta pero inexorablemente, una corriente jurídica de índole populista, que unida a la erosión incansable del nacionalismo, amenaza con destruir los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Por muy loables que sean a veces las intenciones, es muy delgada la línea que convierte al juez en justiciero
Hace unas semanas José María Ruiz Soroa alertaba en su artículo ¿Populismo judicial? precisamente sobre la tendencia creciente de los jueces a “hacer justicia tal como la reclama la intuición moral del tribunal, coincidente además con el sentimiento popular sobre el caso concreto, aunque sufra un poco la ley”. En ocasiones la Ley no sufre un poco sino mucho, y la realidad es que por muy loables que sean a veces las intenciones, es muy delgada la línea que convierte al juez en justiciero, provocando inseguridad jurídica y desnaturalizando, a la postre, la función del poder judicial, el último bastión que todavía queda en pie de nuestro maltrecho Estado Democrático de Derecho.
Pero no solo algunos jueces se están dejando contagiar de esta deriva, sino que también ha llegado a nuestros legisladores. Uno de los ámbitos donde el populismo está penetrando con fuerza es el de la vivienda, en el que puede apreciarse una hipocresía más que considerable. Y es que no nos engañemos: prácticamente todo el que ha podido ha colaborado, en mayor o menor medida, a la generación de la inmensa burbuja inmobiliaria. Hay quien ha comprado casas para “darles el pase”, quien ha pedido un préstamo hipotecario superior al valor real de su piso para comprarse un coche (o peor aún, para irse de viaje a cualquier lugar exótico), quién ha adquirido su vivienda con parte de dinero negro, quién ha hecho trampas para obtener un piso de protección oficial y un largo etcétera.
Pero por supuesto, faltaría más, todos estamos en contra de la especulación, aborrecemos los desahucios (excepto el de nuestros inquilinos que no nos pagan la renta), defendemos los “derechos” de los okupas (sobre todo si invaden casa ajena y no la nuestra) y criticamos el stock de viviendas vacías (pero nuestra casita de la playa ni se toca). Blesa acaba de ser imputado por conceder hipotecas con tasaciones sobrevaloradas, pero si fuéramos mínimamente honestos deberíamos de reconocer que todos nosotros fuimos cooperadores necesarios de sus delitos. ¿O no es verdad?
Reconocer que tenemos nuestra parte de culpa en toda la crisis financiera e inmobiliaria es imprescindible para que no vuelva a suceder nada parecido
Reconocer estas cosas no es incompatible con la máxima contundencia frente a quienes crearon esos inmensos agujeros financieros. Es más, reconocer que tenemos nuestra parte de culpa en toda la crisis financiera e inmobiliaria es imprescindible para que no vuelva a suceder nada parecido. Pero en vez de eso, preferimos seguir en nuestro mundo de fantasía, en el que todos somos buenas personas (especialmente la izquierda orgánica y su conocida superioridad moral) y los responsables son siempre los otros, en el que hay que prohibir por Ley los desahucios y garantizar una casa a todo el que la solicite, se la merezca o no.
Como no hemos aprendido nada, pues en esas estamos, pensando que el problema se arregla con Leyes que, en algunas ocasiones, rozan el populismo legislativo. Como, por ejemplo, la reciente Ley vasca 3/2015 de Vivienda, que reconoce por supuesto el derecho de todo ser viviente a tener una vivienda “digna, adecuada y accesible”, inclusive aquellos “incursos en un proceso de desahucio por ejecución hipotecaria” por no poder hacer frente al pago del préstamo. Pero no queda ahí la cosa, pues el ansia del Estado de controlar todo lo imaginable lleva a crear todo tipo de registros (como media docena en la ley), a prohibir todo lo que se le ocurre: “el acoso inmobiliario”, las “infraviviendas”, las “viviendas sobreocupadas” y también lo contrario, las “viviendas desocupadas”. En el País Vasco gobierna el PNV, pero ni en la Rusia estalinista creo que llegaron a tan grado de coerción respecto a cuantas personas y cómo pueden vivir en una vivienda.
Sobre estas últimas, las “viviendas desocupadas” se establece un canon “de carácter extrafiscal” (¿?) de “10 euros por cada metro cuadrado útil y año” (100 metros desocupados, mil euracos para el respectivo ayuntamiento) y por supuesto multas de hasta .300.000 euros, nada menos. Pero no queda ahí la cosa, pues se establece un novedoso “alquiler forzoso de las viviendas declaradas deshabitadas y que se ubiquen en ámbitos de acreditada demanda”, se crea la “expropiación por incumplimiento de la función social” o incluso un mecanismo para las “ventas forzosas” de viviendas.
Desde el día de hoy, y gracias al desarrollo reglamentario de esta joya legal, en el País Vasco es obligatorio depositar todas las fianzas de los arrendamientos en el “tesoro vasco” y de inscribir el contrato en el correspondiente registro, bajo amenaza de todo tipo de sanciones. Fianza que, por supuesto, la hacienda vasca utilizará como tenga a bien y nos devolverá solo si presentamos “un documento firmado por ambas partes o la sentencia judicial firme que acredite la extinción del contrato”. De locos.
La normativa es una sucesión de contradicciones y un cúmulo de invasiones competenciales
La normativa es, además, una sucesión de contradicciones (se crea, p.e. el “desahucio administrativo”, ¿el desahucio bueno?) y un cúmulo de invasiones competenciales, pues modifica de facto el Código Civil, el de Comercio, la Ley de Arrendamientos Urbanos y hasta la fe pública, dictando a los notarios qué escrituras pueden o no autorizar. Ya nos da todo igual.
No si llegará finalmente el PSOE a un acuerdo con Podemos, formando un gobierno condicionado por una formación netamente populista y rupturista de nuestra ordenamiento. Pero lo cierto es que ya no hace ni falta que suceda tal cosa para confirmar que en España no tenemos ya un marco legal digno de tal nombre (las CCAA han roto cualquier atisbo de igualdad ante la Ley con su desmesurada ansia legislativa) y penetra con fuerza un chavismo legislativo que nos aleja definitivamente de cualquier atisbo de verdadero progreso.
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