"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". El Gobierno empieza a darse cuenta de que el cuento de Augusto Monterroso se parece cada vez más a su posición ante ETA. Durante la primera mitad de su legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cerrado los ojos convencido de que lo que no se ve, no existe. El fin de la violencia terrorista le ayudaba en esta táctica del avestruz, de decir que el problema ya no existía, que la banda no volvería a actuar y que, por tanto, podía ignorarla. Ya tuvo un primer aviso de que no era así en el verano de 2012, cuando la excarcelación por problemas de salud del secuestrador de José Antonio Ortega Lara le hizo enfrentarse por primera vez a los principales colectivos de víctimas de terrorismo, aquellos a los que cuando el PP estaba en la oposición alentó en sus protestas contra Zapatero. Entonces, el periodo estival ayudó a calmar la polémica que se desató con el 'caso Bolinaga' y Moncloa apagó la luz de la mesilla y volvió a su estrategia. Con los ojos cerrados, no había dinosaurio.
De hecho, durante todos estos meses, para el Gobierno no ha existido ETA ni su tregua ni la izquierda abertzale. Ha desoído los cantos de sirena que desde el nacionalismo vasco le han lanzado para que hiciera algún movimiento en política penitenciaria e, incluso, las tímidas voces que desde su formación en el País Vasco le pedían gestos para terminar de normalizar la vida política en aquella comunidad. El silencio, o en el mejor de los casos, la repetición por parte de Jorge Fernández Díaz, el ministro Interior, del 'mantra' de que el Ejecutivo lo único que esperaba era la disolución de la banda sin condiciones le servía para seguir ignorando que la cuestión seguía ahí y para acallar las voces molestas que le reclamaban hacer algo. Nada parecía disturbar el plácido sueño de Moncloa.
Tampoco abrió del todo los ojos cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo decidió en primera instancia que la 'doctrina Parot' no encajaba del todo en los convenios internacionales y que, por tanto, una etarra condenada por 24 asesinatos debía ser puesta en libertad. Mientras se desperezaba ante el incordio europeo, el Gobierno presentó un recurso con el que evitar que el 'caso Bolinaga' se reprodujera y multiplicara por cien por culpa de una tal Inés del Río. Dio pasos jurídicos, sí, pero también mediáticos, aunque éstos, producto tal vez de abotargamiento del recién despertado, fueron torpes y, como ahora se ha visto, más que contraproducentes.
En mayo hizo llegar a todos los medios de comunicación españoles el listado con las decenas de terroristas y asesinos que saldrían a la calle si la Gran Sala del tribunal europeo no rectificaba la decisión de sus colegas en primera instancia. En una mala jugada con la que, aparentemente, pretendía influir en la conciencia de los magistrados, como si todos ellos leyeran a diario la prensa española, los medios inundaron durante todo un fin de semana sus páginas de alarmistas informaciones sobre los historiales de los criminales que podían quedar en libertad. Ahora se ha visto que el TEDH, si alguna vez le llegó un ligero murmullo de todo aquel ruido mediático, hizo oídos sordos al mismo y terminó de dar la puntilla el lunes a la 'doctrina Parot'. En España, sin embargo, el alarmismo ha calado y la sociedad clama ahora indignada contra unas excarcelaciones que el Gobierno no puede parar.
Ahora que el Ejecutivo ya está bien despierto, no sólo ha descubierto que el dinosaurio de ETA sigue ahí, como en el fondo temía, sino también una opinión pública que no entiende cómo se puede gestionar una situación tan mal y seguir durmiendo a pierna suelta. Ya se sabe que quien siembra vientos en forma de miedos... recoge insomnios.
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