El pasado verano, dos ingenieros reconvertidos en empresarios se lamentaban amargamente de las enormes dificultades que entrañaba poner en marcha un negocio en España. Habían sido advertidos del horror de iniciar cualquier actividad empresarial algo más sofisticada que la apertura de un bar de barrio, pero jamás imaginaron el infierno en el que se iban a introducir. “Es de locos –se lamentaba uno de ellos–. Hemos gastado un dineral sólo en cumplir trámites administrativos. Y aún no hemos resuelto ni la mitad”. Y entonces empezó a sudar imaginando el papeleo que vendría después, la selva en la que se internarían cuando quisieran distribuir sus productos en 17 autonomías con normativas discordantes. A su socio sólo se le ocurrió rebajarle la tensión arterial recurriendo al refranero: “Tranquilo, fulano. Cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos”… Pero en España no hay puentes. Quien se atreva a cruzar al otro lado debe hacerlo a nado. ¿Se acabarán ahogando nuestros dos amigos, como muchos otros antes que ellos? Lo veremos más adelante. Pero, por ahora, este episodio sirve para suscitar varios interrogantes ¿Por qué existen tantas trabas al establecimiento de empresas, a la actividad económica creadora de empleo? ¿Se trata de ignorancia o quizá de mala fe por parte de los gobernantes? ¿Cómo resolver el problema?
La corrupción: el secreto a voces del abuso administrativo
Un caso africano sucedido hace pocos años puede aportar algunas respuestas. Dennis era un empresario inglés que intentó abrir una fábrica de refrescos en Tanzania. Previamente había calculado los costes de producción y distribución concluyendo que podría vender bebidas gaseosas a precios mucho más económicos que la filial de una multinacional que copaba aquel mercado. Y estaba en lo cierto pero... había pasado por alto un detalle crucial. Las leyes que regulaban allí la actividad industrial eran anormalmente complejas y enrevesadas, obligando a realizar infinidad de larguísimos y penosos trámites que, misteriosamente, nunca se resolvían.
Dennis descubrió que, según se adentraba en aquella jungla administrativa, las mordidas eran cada vez más sustanciosas
Con el tiempo, Dennis descubrió que los expedientes sólo progresaban si, en cada escalón, sobornaba a los burócratas de turno. Pero también que, según se adentraba en aquella jungla administrativa, las mordidas eran cada vez más sustanciosas. Desesperado, decidió apelar directamente al gobierno. Y logró ser recibido por el ministro de industria. Animado, pensó que por fin vería la luz al final del túnel, pues estaba seguro de convencerlo con el sólido argumento de la creación de empleo en una zona especialmente deprimida. Sin embargo, lo único que obtuvo del encuentro fue un consejo: que contratara a un abogado mejor. Desconcertado, Dennis sólo acertó a preguntar al ministro si conocía algún letrado especializado. Y éste le respondió: “Yo mismo puedo llevarle el caso: soy un estupendo abogado”.
Anuncio comercial en Dar es-Salam, ciudad donde residía Dennis, el frustrado fabricante de refrescos.
Hace décadas, los economistas aún pensaban que la corrupción era un mal menor. Una reacción de la sociedad para superar las trabas a la actividad económica. Aunque autoridades bienintencionadas, pero torpes e ignorantes, impusieran regulaciones muy restrictivas y perjudiciales, los sobornos conseguían una aplicación mucho más laxa de las normas y la agilización de los trámites, permitiendo la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Así pues, aunque la corrupción fuera moralmente inaceptable, tenía una contrapartida: engrasaba la maquinaria de la economía.
Esta ingenua visión cambió radicalmente cuando se comprobó que las regulaciones extraordinariamente complejas, y necesariamente contradictorias entre sí, no surgían de manera inocente, sino que eran establecidas por los propios gobernantes para crear zonas de sombra donde proliferasen las oportunidades de enriquecimiento ilícito. Su objetivo era, pues, restringir la libre competencia generando una compleja maraña normativa, de manera que sólo unas pocas empresas acapararan el mercado y obtuviesen pingües beneficios que compartían con los políticos a través de pagos ilegales. Los requisitos y normas debían ser lo suficientemente complejos como para permitir a las autoridades decidir arbitrariamente. Por tanto, los Estados donde existen más dificultades para abrir empresas, suelen ser también los más corruptos; y a mayor cantidad y complejidad de leyes y normativas, mayor es la corrupción.
Un problema perfectamente identificado…
En efecto, el exceso de normas favorece la discrecionalidad en las decisiones públicas. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir interesadamente a quienes otorgan un privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. A la hora de conceder una licencia, un permiso para operar en un sector o una contrata pública, la Administración encontrará en todos los casos alguna argucia legal para favorecer a los “amigos” y, a la vez, algún requisito que no cumplan las empresas o particulares que deben quedar excluidos.
La experiencia de Dennis es llamativa pero no extraordinaria. Sobre el papel era fácil mejorar el precio final de los refrescos, pero en su ingenuidad pasó por alto costes fundamentales: los relativos a sobornos, mordidas y comisiones. En este ejemplo, el coste de la hiperregulación, y de la consiguiente corrupción, acababa recayendo sobre los consumidores del país africano en forma de sobreprecio. Sin embargo, otros tipos de corrupción, como los relacionados con la licitación de obra pública, trasladan la carga al contribuyente en forma de sobrecostes. En uno y otro caso, es el ciudadano corriente, al comprar o pagar impuestos, quien se empobrece. Pero también infinidad de empresarios que o bien no pueden abrir su negocio o bien se ven impedidos para prosperar y crecer. Una cadena de sucesos que desemboca en el desempleo, en un endeble tejido económico de empresas minúsculas y en la abundancia de contratos precarios.
No es ya que siguieran sin poder vender una rosquilla, es que ni siquiera tenían permiso para enchufar la fotocopiadora a la red eléctrica
Pero regresemos a nuestros valientes empresarios. Después de meses de trámites, de cumplimentar innumerables papeles y gastar grandes cantidades de dinero, no es ya que siguieran sin poder vender una rosquilla, es que ni siquiera tenían permiso para enchufar la fotocopiadora a la red eléctrica. Impertérritas, las Administraciones no aflojaban el lazo, como si prefirieran verles ahorcados antes que creando puestos de trabajo. Como contraste, en otros países de nuestro entorno ya habían abierto, durante ese tiempo, dos establecimientos. Y no porque las administraciones de esos países no vigilaran celosamente el cumplimiento estricto de la normativa sino porque allí era mucho más clara y sencilla.
…que no interesa solucionar
Aunque es el bloqueo político lo que copa los titulares de los diarios, hay otro bloqueo mucho más dramático y terriblemente costoso, cuyo origen no se remonta siete meses atrás sino décadas: es el bloqueo a la creación de riqueza. Así, año tras año, España aparece en los últimos lugares del informe Doing Bussiness del Banco Mundial, que mide la facilidad para llevar a cabo la actividad económica según países.
El caso de estos dos ingenieros es uno más en esa lista interminable de empresarios que se estrellan contra las murallas administrativas que erigen el Gobierno Nacional, las Comunidades Autónomas y los Municipios. Muros que no sólo impiden el paso a empresas más o menos sofisticadas, sino también a negocios tan convencionales como puede ser un taller de reparación de automóviles, cuya apertura requiere una maraña de prolijos y costosos trámites, hasta el punto de que pueden suponer un 35% del total del capital desembolsado, incluida la compra de todo lo necesario para poder reparar algún que otro automóvil.
Ante este formidable problema, verdadero nudo gordiano de una economía secularmente frágil, con un desempleo estructural disparatado, el acuerdo que firmaron PP y Ciudadanos es una aciaga señal de lo que nos espera, otro duro revés a la esperanza de que algo mejore en el futuro, pues en lugar de proponer sin ambages la radical simplificación de la legislación, in claris non fit interpretatio, se dedican a proponer más leyes para resolver los problemas que crearon las anteriores. ¡Y también más organismos para reconducir el funcionamiento perverso de los ya existentes! Es decir, añadir más burocracia y más burócratas para vigilar a la burocracia y a los burócratas actuales, en un círculo vicioso que acaba en el infinito.
Para colmo, el documento señala con un lenguaje indescifrable que pretende "mejorar la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que coinviertan con capital especializado (siguiendo el ejemplo del exitoso programa Yozma en Israel), mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.). Y establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla (inspirado en el exitoso Seed Enterprise Investement Scheme británico) que favorezca el desarrollo de StartUps en España. Se recuperará la deducción previa por la remuneración mediante “stock options” para las StartUps y se ampliarán los beneficios fiscales en el IRPF para los inversores de proximidad. También, impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa para los emprendedores y las StartUps".
Antes de proponer cocinar StarUps, match-funding, crowdfunding, Seed Enterprise Investement Scheme y demás sofisticados platos, en España hemos de poder cuajar una vulgar y proletaria tortilla de patata
No es ya que este tipo de literatura se encuentre en las antípodas de las perentorias necesidades de los empresarios, autónomos y trabajadores españoles, o que el lenguaje empleado parezca propio de un club de intelectuales estupendísimos que pretenden epatarnos aprovechando que España es un país un tanto acomplejado, donde impresiona mucho aquello que no se entiende, es que antes de proponer cocinar StarUps, match-funding, crowdfunding, programas Yozma, Seed Enterprise Investement Scheme y demás sofisticados platos propios de economías muy desarrolladas, en España hemos de poder cuajar una vulgar y proletaria tortilla de patata. Tal vez piensen que los problemas empezarán a resolverse si el dueño de un taller de mecánica, en lugar de afrontar menos trabas y barreras administrativas, se convence de que su modesto negocio es ahora una StarUp de servicios para la automoción financiada por Crowdfunding y Seed Capital.
Lo señaló con cierta perspicacia José Ortega y Gasset: "cualquier pelafustán que ha estado seis meses en un laboratorio o seminario alemán o norteamericano, cualquier sinsonte que ha hecho un descubrimiento científico, se repatría convertido en un «nuevo rico» de la ciencia, en un parvenu de la investigación, Y sin pensar un cuarto de hora (...), propone las reformas más ridículas y pedantes". Al menos Mary Poppins lo expresaba de forma mucho más original y simpática: supercalifragilisticoespialidoso... Y, al contrario que ciertos taumaturgos postmodernos, era capaz de volar con un paraguas.
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