Mientras en el gran teatro de la política nacional se siguen representando todo tipo de funciones entre aquellos que aspiran a ocupar el Poder o a compartir sus migajas, y Guardia Civil, Policía, Judicatura y Agencia Tributaria nos obsequian con la ración de escándalos diarios a cual más llamativo, en una especie de liquidación de las vergüenzas nacionales por cierre del negocio, atronadora liberación de aguas fecales embalsadas, en el terreno menos pirotécnico de la Economía ocurren cosas que afectan al meollo de nuestro bienestar presente y futuro, en las que nadie parece estar reparando. La deuda pública, por ejemplo. Las razones que explican su formidable crecimiento desde el estallido en 2008 de la mayor crisis de la reciente historia de España. La necesidad de poner freno a tan meteórico incremento. Y lo que podría pasar si las tesis populistas tan en boga lograran imponerse en un eventual Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el aliento de Podemos en el cogote.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el pasivo de las Administraciones ha crecido en más de 326.000 millones, hasta alcanzar el 99% del PIB
El miércoles supimos que la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó a finales de 2015 los 1.069.876 millones de euros, cifra equivalente al 99% del Producto Interior Bruto (PIB), datos aún provisionales. Por primera vez se ha superado el billón de euros, y por muy poco no se ha alcanzado el 100% del PIB. A 23.000 euros per cápita. La escalada ha sido vertiginosa. En abril de 2004 Zapatero cogió la deuda en el 46,3% del PIB. El boom inmobiliario y la fuerte expansión económica heredada de los Gobiernos Aznar le permitió bajarla hasta el 36,3% a finales de 2007, momento en que los clarines de la crisis hicieron acto de presencia. A finales de 2011, el genio de León había elevado el guarismo hasta el 70,5% (34,2 puntos más), tras haber gastado 376.000 millones en esos cuatro años, la mayor cifra de la historia de España. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el pasivo de las Administraciones ha crecido en más de 326.000 millones, hasta alcanzar ese 99% del PIB (incremento de 28,5 puntos). Un panorama desolador.
El desglose de esos porcentajes de incremento aporta algunas de las claves de las legislaturas de Zapatero y Rajoy. De los 34,2 puntos de aumento entre 2007 y 2011, 26 corresponden a déficit primario (la negativa de ZP a reconocer la crisis y la ausencia de medidas correctoras inmediatas o, peor aún, la ocurrencia de echar leña a la caldera con “experimentos” como los Planes E), 7,6 a intereses de la deuda, 1,4 a ayudas bancarias, y guarismos menores a otros rubros. De los 28,5 puntos de incremento entre 2012 y 2015, 10,5 son déficit primario (el ajuste ya estaba haciendo su efecto), 12,8 al servicio de la deuda (hay más deuda acumulada, ergo aumenta la partida de intereses), 4,2 a planes de pago a proveedores, 3,9 al rescate bancario y 2 puntos a préstamos concedidos a Grecia y otros. “Lo importante es la tendencia”, asegura Luis de Guindos. El ministerio que dirige, en efecto, señaló el miércoles que el ratio de deuda de las Administraciones sobre PIB descendió al cierre de 2015 por primera vez desde el inicio de la crisis, una caída de apenas tres décimas con respecto al cierre del ejercicio 2014 (99,3%).
El crecimiento exponencial de la deuda resulta inevitable en un escenario de recesión como el que hemos padecido, con su correlato de déficits públicos que retroalimentan la deuda, lo que viene a poner de manifiesto la insuficiencia del ajuste llevado a cabo por el Gobierno Rajoy y su incapacidad para alcanzar cuanto antes ese superávit primario imprescindible para empezar a recortarla. En otras palabras: como se ha denunciado aquí hasta la saciedad, el ajuste se quedó a medio camino, lo que obligó al Ejecutivo a seguir gastando y, por ende, engordando deuda para mantener el nivel de servicios públicos que exige una ciudadanía que no está dispuesta a renunciar a ninguno de los ítems del Estado del Bienestar. Una cuestión que apunta al corazón del problema europeo, al cruce de caminos en que se encuentra una UE incapaz de alcanzar crecimientos susceptibles de proporcionar alternativas de futuro a las nuevas generaciones, porque cuando cada 1 de enero levanta la persiana del gasto público tiene casi el 100% del mismo ya comprometido.
Una reforma integral del Estado
Solo una reforma integral del sector público, incluyendo un Estado Autonómico más eficiente y capaz de funcionar mejor con menos, hubiera podido empezar a solucionar un problema que, en la actual coyuntura política caracterizada por el auge de los populismos, solo puede ir a peor. El PP pudo hacerlo con su mayoría absoluta, pero no quiso. No se atrevió. En justo castigo a su cobardía, ahora le atizan a diestra y siniestra: le censuran por la “dureza” del ajuste, al mismo que le critican por haber disparado la deuda, y ello porque, como en la historieta de los vascos que buscan hongos en el monte Amboto, el noble pueblo llano está a Rolex y a setas, y se muestra dispuesto a censurar una cosa y su contraria. La dura realidad es que a pesar de haber contabilizado un crecimiento del PIB del 3,2%, el Estado necesitó el año pasado acudir al mercado para endeudarse en otros 45.000 millones, más o menos, y que ese mismo Estado prevé gastar este año, en un escenario casi idílico de tipos de interés, sus buenos 33.490 millones en el servicio de la deuda (PGE 2016), una cifra muy superior a los 19.820 que prevé destinar al pago del subsidio de paro. ¿Alguien encuentra razonable continuar en semejante espiral, en un entorno económico global tan amenazador para nuestro incipiente crecimiento?
En contra del habitual discurso de la izquierda, el problema de nuestras cuentas públicas no es de ingresos, sino de gasto público
La deuda pública es una carga muy pesada que lastrará la recuperación y colocará a las Administraciones públicas en el callejón sin salida que supone mantener el nivel de servicios del Estado del Bienestar y al mismo tiempo ir recortándola para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (nivel máximo del 60% del PIB para 2020), además de hacer frente al pago de intereses. Seguimos haciéndonos trampas en el solitario. En contra del habitual discurso de la izquierda, el problema de nuestras cuentas públicas no es de ingresos (por muy perseguibles que sean la corrupción y el fraude fiscal), sino de gasto público, una cuestión que es estructural, que nadie quiere tocar y que progresivamente va a presionar en la mala dirección –la de los déficits crónicos y la deuda- a causa, entre otras cosas, de la estructura demográfica de un país muy envejecido.
Los Gobiernos que han ocupado el poder durante la Transición siguen empeñados en una permanente fuga hacia adelante que conduce a ese billón largo de deuda, mientras se niegan a responder a la pregunta clave: ¿Cuánto Estado del Bienestar nos podemos permitir? ¿Cuánto podemos pagar sin el recurso permanente a los mercados? La legislatura Rajoy ha venido a representar, por eso, el intento desesperado de salvar un modelo imposible, el canto del cisne de una clase política obcecada en mantener un sistema en bancarrota en lugar de reformarlo de punta a cabo. En este sentido, Cristóbal Montoro ha sido el último ministro socialdemócrata (de partidario de una “economía social de mercado” se declaró esta semana en las Cortes el lenguaraz Margallo, después de haber intercambiado piropos culturales con Pablo Iglesias) del PP.
No gastar más de lo que se ingresa
Contando con un escenario de crecimiento continuado, y a pesar de la ausencia de inflación, el Gobierno Rajoy había proyectado un recorte paulatino del ratio de deuda sobre PIB a partir de 2015, reducción que en los PGE para 2016 estaba calculada en cinco décimas (98,2%) con respecto al 98,7% estimado para 2015, guarismo que debería reconducirse paulatinamente hasta el 94% en 2020, una aspiración ciertamente modesta que podría irse al traste en el actual clima de “rebajas” que se ha instalado en la política española. Resulta difícil imaginar la continuidad del proceso de consolidación fiscal que debería situar la deuda en niveles sostenibles en el medio plazo en el supuesto de un Gobierno presidido por Sánchez y del que formara parte Podemos, y ello aun aceptando la presencia en el mismo de gente tan juiciosa como Jordi Sevilla. Simplemente porque no está en la naturaleza de Iglesias y su gente la asunción de principios tan elementales como que no es aconsejable gastar más de lo que se ingresa. Ramón Rallo demostraba ayer en este diario cómo los 96.000 millones de aumento del gasto anunciados ya por el Lenine de Podemos para la próxima legislatura arruinaría la recuperación, recortando el PIB y haciendo crecer la deuda, incluso en el actual escenario de bajos tipos de interés. En el teatrillo político que estos días se representa sobre el tablao español nos estamos jugando cosas ciertamente serias. Quieran los dioses que no erremos.