Nadie sabe cómo acabará el caso Pujol, pero todos lo intuyen ya: con un pacto extrajudicial que evite una condena. El principal motivo es que lo que describía como una omertá o un pacto de silencio por miedo en Cataluña está resultando ser más bien una corrpución generalizada en la que todos tienen mucho que callar. Esa vergüenza generalizada sólo puede taparse con una solución pactada a la que ya señalan tres indicios:
El primero y más claro es la designación de Cristóbal Martell como abogado de Jordi Pujol. Martell es un abogado famoso por ganar juicios sin que se celebren. Ha cerrado acuerdos de conformidad o pactos extrajudiciales en número infinito y con apellidos tan sonados como el del futbolista Neymar.
No sólo su historial jurídico apunta en esa dirección. También lo hace su pasado: ha sido el abogado de José Zaragoza, el antiguo líder del PSC, ha negociado con el PP su silencio en el caso de las grabaciones de La Camarga a la ex novia de Pujol y ha sido el elegido ahora para defender a quien fue líder de CiU y su familia. Su relación fluida con todas las partes le convierte en el perfecto correo entre las partes y posible artífice de acuerdos. Ayer, a la salida de la Audiencia Nacional, Martell era el único hombre que sonreía.
La segunda clave que apunta hacia un acuerdo antes de un juicio es el empeño de la Fiscalía en Barcelona de apartar a la acusación popular pese a que el Ministerio Público ni siquiera ha presentado cargos todavía contra Pujol. En un escrito remitido a la titular del juzgado 31 de Barcelona adelantado por Vozpópuli, el Ministerio Público decía que "el procedimiento no necesita, en absoluto, la querella de Manos Limpias, su admisión ni la consideración". "Obviamente basta con la presencia del Ministerio Fiscal".
Un acuerdo extrajudicial exige la conformidad de todas las partes. Sin acusación popular, ese acuerdo sería más factible. El empeño y el tono de la Fiscalía es tan contundente que sorprende en su afán.
Pero el tercer indicio de acuerdo es el más preocupante. Todas las partes implicadas en el caso Pujol están salpicadas de alguna manera:
- CiU está siendo investigada por financiación irregular y su histórico líder, Jordi Pujol, ha reconocido un fraude fiscal sostenido durante 34 años
- PSC, ERC e ICV-EUiA denunciaron el 3% para callarlo inmediatamente después durante el gobierno del tripartito. El responsable del PSC, José Zaragoza, acusado de estar también detrás del espionaje a la ex de Pujol conocía el escándalo desde hace años, según consta en las denuncias de la Oficina AntiFraude de Cataluña.
- y también el PP parece haberse lucrado del saqueo del Palau, según la UDEF que le acusa de haber recibido 1,8 millones de euros. A la sombra de la corrupción, el PP suma la del juego político con la misma. Los SMS de Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Rajoy, revelados por Vozpópuli demuestran que el Gobierno intentó detonar el escándalo Pujol a conveniencia, 5 días antes de las elecciones autonómicas en Cataluña.
Sólo al bien general le interesa una sentencia ejemplar. Y quienes deben velar por él parecen tener como prioridad en este caso su interés particular. El caso Pujol se encamina hacia su última componenda.
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