El 19 de marzo pasado, en pleno confinamiento de toda España, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecía junto a Pablo Iglesias tras el Consejo de Ministros para delegar en el líder de Podemos la coordinación de los servicios sociales y las residencias de ancianos en las comunidades autónomas. Insistía en que era urgente “medicalizar” unas residencias “desbordadas” y “sin los equipos de protección individual necesarios”. “Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía –decía solemnemente Iglesias- si eso no significa que ninguna persona queda desamparada en esta situación”.
Un año después, ninguno de los dos se sienta ya en el Consejo de Ministros y, en las residencias de España, la epidemia ha segado la vida de 30.103 ancianos. E Iglesias se va sin haber pisado un solo centro residencial.
Hace justo un año, el 25 de marzo, un médico de Urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla devolvía a su residencia del sur de Madrid a una mujer menor de 80 años que presentaba "neumonía bilateral" y "probable covid 19 (pendiente PCR)". El facultativo dejaba por escrito que le daba el alta solo porque “ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital".
La 'sentencia' para los ancianos
Era la sentencia de muerte para miles de ancianos emitida desde los hospitales de Madrid –pero también de otras Comunidades- en el pico de la pandemia, con las UCI saturadas. Quien esto firma desvelaba el documento dos meses después, el 25 de mayo, que ponía negro sobre blanco lo que hasta entonces era un clamor sin pruebas: el abandono al que se había sometido a los ancianos, siguiendo una orden, que morían sin atención hospitalaria, solos, encerrados en una habitación, simplemente con tratamientos paliativos.
El documento puso en el ojo del huracán a Isabel Díaz Ayuso y provocó la guerra entre el consejero de Políticas Sociales, el ‘naranja’ Alberto Reyero, y el de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero. Ésta estuvo a punto de adelantar elecciones ese verano, convencida de que el hoy desaparecido Ignacio Aguado, estaba pactando una moción de censura con la izquierda. Al final, Génova convenció a Ayuso de no convocar –Pablo Casado tenía la ‘palabra’ de Inés Arrimadas- Reyero acabó dimitiendo y Escudero es hoy el número dos en la lista de Ayuso al 4-M.
¿Y Pablo Iglesias? El drama de las residencias no le salpicó pese a que ese 25 de marzo ya estaba al frente de la coordinación de los centros de toda España en una cogobernanza que, como en el caso de las vacunas, ha mostrado cómo saltan las frágiles costuras con la que está hilvanada la España de las autonomías.
Iglesias prometió “no dejar atrás a nadie”, pero el informe semanal del Imserso sobre lo sucedido en este año en las residencias españolas muestra en cifras lo que durante semanas pudimos ver en imágenes: la UME encontrando cadáveres en habitaciones cerradas, cuerpos sin poder ser trasladados varios días, ancianos condenados a no entrar en las UCI simplemente por su edad o su procedencia…
Según los datos que ahora se actualizan semanalmente –y que hasta después del verano, el ministerio de Iglesias se negó a facilitar- han muerto 30.103 ancianos de las residencias por covid o “compatible por covid no confirmado" porque durante meses, se les enterró o incineró sin autopsia por temor a contagio.
Del 14 de marzo de 2020, cuando Sánchez ordenó el confinamiento, hasta el 22 de junio, cuando el ministerio de Iglesias dejó de pedir datos a las CCAA porque ya se hacían pruebas PCR a todos los ancianos institucionalizados, murieron 9.755 mayores con covid confirmado por test y 10.546 con “síntomas de covid no confirmado”. Desde el 23 de junio al 3 de enero de 2021, los muertos en residencias –todos ya por covid confirmado- fueron 6.044.
En la última semana solo hubo dos ancianos muertos por covid en las residencias de Madrid, pero el final del drama no puede dejar en el olvido el trato inhumano a una generación que trajo España hasta aquí después de una guerra
Aún, y mientras se extendía con muchos problemas la vacunación, del 4 de enero al 14 de marzo pasado han muerto otros 3.758 ancianos por covid. ¿Cuántos se habrían salvado si la vacunación hubiera llegado antes? ¿Cuántos más han muerto por soledad o por otras enfermedades que no han podido ser atendidas convenientemente en unos hospitales centrados en la covid?
6.229 muertos solo en Madrid
De los 30.103 mayores muertos en las residencias de España por covid, 6.229 han fallecido en Madrid. En la última semana de la que hay registros, del 8 al 14 de marzo, solo murieron dos en toda la región. Pero el final del drama –gracias sobre todo a la vacuna, quien niegue la necesidad de que se acelere que mire las curvas de los muertos en las residencias antes y después de la inmunización- no puede llevar al olvido lo que sucedió en esos centros y el trato inhumano a una generación que trajo España hasta aquí después de una guerra.
La orden política que partió del Gobierno de Ayuso -aunque el ejecutivo madrileño insiste en que fue un caso aislado- para que en lo más duro de la pandemia no se hospitalizara a los ancianos de residencia ha llegado hasta a los tribunales, y veremos qué responsabilidades se depuran tras poner en el foco político a ella y a todo su equipo.
Pablo Iglesias, sin embargo, que debía coordinar la respuesta y prometió “no dejar atrás” a ningún anciano, se va del Gobierno y se presenta al escrutinio de las urnas en Madrid sin haber pisado una sola de las residencias que debía defender. Como dijo a un diputado usted en una comisión: "Cierre la puerta al salir", vicepresidente…
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