Una de las operaciones de política económica más brillantes de los últimos tiempos fue el rescate del sector financiero español. Fue una operación que permitió que el país se sacudiera con relativa prontitud la recesión en la que había incurrido debido a los manejos delirantes del indeseable Rodríguez Zapatero, empeñado en añadir gasolina al fuego que se había iniciado en el ámbito internacional con su plan E y demás concesiones a la izquierda nacional hasta que tanto el entonces presidente americano Obama como la Comisión Europea le llamaron al orden en lo que entonces el indigente intelectual que nos dirigió nada menos que ocho años bautizó como Pearl Harbour, es decir, un ataque por tierra, mar y aire que le obligó a dar un giro de 180 grados a su estrategia criminal y por lo que fue, afortunadamente, desalojado del poder.
En 2012, España estaba en una situación crítica, pero el Gobierno de Rajoy consiguió evitar la intervención completa de la economía, que habría implicado unos ajustes tremendamente más dolorosos que los que tuvimos que padecer, a cambio de solicitar un rescate del sector financiero, la mitad del cual estaba a punto de la quiebra. La quiebra no amenazaba a los bancos privados, que continuaban, a pesar de las circunstancias, sanos, solventes, poderosos en el exterior y muy rentables, con alguna excepción, como por ejemplo la del Banco Popular.
El problema venía de la innumerable cantidad de cajas de ahorros, que eran, porque prácticamente han dejado de existir, unas entidades de carácter público, sin dueños conocidos, administradas de manera arbitraria y asamblearia por los políticos de turno y que, al funcionar al margen del mercado y de su oportuno contraste y vigilancia, habían alimentado proyectos demasiado arriesgados e inconvenientes y habían entrado de lleno en el mercado inmobiliario al calor del ‘boom’, afrontando en aquellos momentos minusvalías insalvables.
Dada la magnitud de la crisis, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, se plantó en Bruselas y pidió ayudas para el sector financiero de hasta 100.000 millones, argumentando que, en caso contrario, el rescate completo de España, que es el cuarto país más importante de la Unión, sería mucho más oneroso y podía poner en peligro todo el proyecto del euro, que al mismo tiempo lidiaba con las crisis en Irlanda, en Portugal y en Grecia más la siempre impredecible e incierta Italia. Ya se sabe que las autoridades comunitarias accedieron por fortuna a la demanda, aunque finalmente las ayudas fueron mucho menores de lo inicialmente previsto.
El Banco de España acaba de cifrar la factura del rescate bancario, por el momento, en casi 66.000 millones; pero si de tal cantidad descontamos los 23.000 millones que aportó la banca privada a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el total se elevaría a 42.500 millones. No me parece una cifra excesiva si se atiende a los objetivos que se cumplieron con creces. El primero fue el de tapar los agujeros y sanear el sector financiero público a fin de venderlo. Y esto se hizo bajo unas condiciones draconianas: los acreedores lo perdieron casi todo, se defenestró a las cúpulas directivas responsables del desaguisado y se limitaron severamente los salarios de los nuevos directivos. Pero todos estos objetivos palidecen ante lo que fue el propósito fundamental del rescate bancario: que ni uno sólo de los depositantes de las cajas de ahorros perdiera un euro y que pudieran conservar íntegro su patrimonio.
Iglesias contra Botín
Ningún banco privado español ha recibido un solo céntimo de ayuda pública. Sólo se han beneficiado, en su caso, de que, antes de hacerse con el control de alguna de las cajas al borde de la quiebra, éstas estuvieran perfectamente saneadas y listas para ser adquiridas por el mejor postor. No se sabe cuál será el coste final del rescate financiero, pues dependerá de los ingresos que se obtengan de la futura privatización de Bankia, que acumuló casi la mitad de los fondos aportados por la UE, y en consecuencia por los contribuyentes, y cuyo valor depende de las fluctuaciones de la Bolsa y de lo que en ella influyen de vez en cuando las manifestaciones de carácter delincuencial del que, si nadie lo remedia, puede ser nuestro próximo vicepresidente del Gobierno.
Como es conocido, el señor Iglesias, de Podemos, sabiendo que ningún banco privado recibió un solo euro de dinero, ni de la UE ni del Estado, está en campaña permanente contra el sector financiero y contra algunos banqueros como Ana Botín, a la que suele citar explícitamente en sus diatribas, y también defiende que Bankia no solo no se privatice, sino que se nacionalice completamente a fin de contribuir al desarrollo de una política industrial y social de conveniencia que ni explica ni tiene fundamento sólido alguno, y que sólo nos puede conducir al desastre.
Si la crisis del sector financiero español y el consiguiente rescate fue la consecuencia del fracaso del modelo de banca pública, igual en España que en el resto de los países en los que se ha ensayado, insistir en conservar un modelo de banca estatal con el único ánimo de financiar los caprichos de un partido comunista que ni entiende ni respeta la economía de mercado, y que es un agente nocivo para la inversión y el mundo de los negocios en general, es un propósito terrorista desde el punto de vista económico.
Los bancos privados españoles han desarrollado una gigantesca política de provisiones a lo largo de la crisis con el objetivo de conservar sus ratios de solvencia y de rentabilidad
Cuando el señor Iglesias defiende un impuesto a la banca a fin de que ésta devuelva las ayudas públicas que recibió, nuevamente olvida a sabiendas que el sector privado no ha sido favorecido por clase alguna de subvención. Más aún, los bancos privados españoles han desarrollado una gigantesca política de provisiones a lo largo de la crisis con el objetivo de conservar sus ratios de solvencia y de rentabilidad. Iglesias también conoce, y esto es de nuevo lo fundamental, aunque lo elude, intelectualmente prevaricando, que los principales beneficiarios del rescate fueron los depositantes españoles, y de manera particular aquéllos en una situación más perentoria y precaria, que habrían perdido los ahorros de toda una vida en el caso de que se hubiera dejado quebrar a las cajas de ahorros. Esto no ha sucedido en ningún país del mundo, y tampoco en España, por fortuna, gracias a que al frente del Gobierno, tras el despido de Zapatero, había personas sensatas como el presidente Rajoy, el ministro Guindos, y también porque el Banco de España, entonces gobernado por Luis Linde, compartían la virtud del sentido común.
Si, por alguna circunstancia delirante, el Gobierno español hubiera sido incapaz de conseguir las ayudas comunitarias que solicitó, o, en otro caso, hubiera dejado quebrar a las cajas de ahorros, que habrían arrastrado al conjunto de las instituciones financieras, incluido el sector privado, a través de la corrida bancaria que se produce en esos momentos de pánico tan acreditados por la historia, el PIB español habría caído no un 7%, que fue el legado del indeseable Zapatero, sino por encima del 20%, condenando a gran parte de los ciudadanos a la postración y a la miseria a los más pobres. Hubiera sido muy improbable que incluso el propio señor Iglesias hubiera obtenido su crédito para comprarse la ‘dacha’ que tiene en Galapagar, vigilada día y noche con cargo al erario público por la Guardia Civil.
La contribución de la banca española en el desarrollo económico de España durante los últimos cincuenta años ha sido crucial, favoreciendo la inversión empresarial cuando no había alternativa de financiación
Pero esto poco importa a Iglesias, el Largo Caballero de nuestro tiempo, al que durante la infausta Segunda República llamaban el Lenin español. Ni tampoco al parecer al Partido Socialista del señor Sánchez, que nunca le ha hecho ascos al posible impuesto inmoral sobre la banca, y que básicamente comparte esta tesis mostrenca de que se ayudó a los ricos sometiendo a ajustes intolerables a los pobres, algo que desmiente cualquier evidencia empírica.
Por eso conviene recordar, a estas alturas de la historia, que la banca es el corazón del sistema económico, sin cuyo concurso nada funciona. Gracias a ella obtenemos el crédito necesario para adquirir nuestra casa, e incluso para ir de vacaciones o pagar la formación de nuestros hijos. La contribución de la banca española en el desarrollo económico de España durante los últimos cincuenta años ha sido crucial, favoreciendo la inversión empresarial en momentos en que no había alternativa de financiación, y apoyando al sector de la construcción hasta hacer de nuestro país la nación con más propietarios de inmuebles del mundo, circunstancia que a los que creemos en las enormes bondades de la propiedad privada nos alegra y reconforta.
Mala reputación
Claro que los bancos, como cualquier agente económico, no han hecho todas las cosas bien. La salida a Bolsa de Bankia debería haberse evitado, la venta de acciones preferentes se hizo de manera poco transparente e incluso criminal, y otras muchas situaciones igual de desagradables y parecidas se han producido, aunque la mayoría de ellas han tenido la sanción correspondiente. La banca goza de una mala reputación que no es de ahora, que es legendaria.
La gente, en las encuestas, la relaciona con la usura e incluso con la vileza, pero cuando estas mismas encuestas preguntan a los mismos que responden sobre la opinión de su banco, las impresiones personales cambian radicalmente. La mayoría de la gente está contenta con su banco. Y si no, se cambia. Sólo la política cuasi-delicuencial de Podemos, apoyada tácitamente en muchos casos por los socialistas, es la responsable de que se pueda poner en riesgo uno de los principales activos del país, que es su sector financiero, después de haber sido convenientemente saneado gracias a las ayudas públicas de Bruselas y a la contribución general de los ciudadanos en pos de un bien común superior, que fue la salvaguarda de los depósitos de todos. No se me ocurre mejor política social posible. ¿A usted?
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