De la misma forma que la aparición de unas pocas nubes en un cielo despejado son la señal de que se acerca una tormenta, empiezan a producirse hechos en el contexto de la tan cacareada recuperación económica que suscitan malos augurios. Es verdad que España está creciendo a un ritmo muy estimulante y que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado nuestras perspectivas para 2018 en cuatro décimas, hasta un prometedor 2.8%, como también es cierto que se crea empleo a razón de medio millón de puestos por año y que las agencias de calificación han subido la nota a nuestra deuda. Sin embargo, en el primer trimestre del presente ejercicio, el paro ha aumentado en mayor proporción que en el del anterior, invirtiendo una tendencia positiva desde 2013 y, lo que es más preocupante, en términos interanuales la ocupación en el sector público ha crecido más que en el privado, el doble para ser precisos, rompiendo asimismo una evolución que venía siendo la contraria a partir de la crisis.
Otro acontecimiento inquietante ha sido el brusco giro del Gobierno cediendo a la petición del PNV de incremento de las pensiones con el IPC, desdiciéndose así de su hasta ahora firme propósito de contener el coste de este capítulo y poniendo en peligro el objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea. Si a lo anterior añadimos que la destrucción de puestos de trabajo ha tenido lugar en la industria y en los servicios, mientras que el sector primario y la construcción han visto aumentar sus nóminas, y que los precios de la vivienda están remontando a un ritmo bastante vivo, es natural que surja la inquietud a la luz del recuerdo del colapso financiero que nos estalló en las manos hace una década y del que estamos saliendo a base de grandes sacrificios.
En España el número de personas que son sustentadas por el erario público superan en tres millones a las que reciben sus ingresos de su productividad en el sector privado
La tesis convencional impuesta por la izquierda sobre el origen de la última gran recesión es la de la maldad de unos mercados fuera de control cuya codicia pecaminosa nos arrastró al abismo. En consecuencia, nos dicen, hay que reforzar el Estado, endurecer las regulaciones y los controles y concentrar aún más poder y más recursos en las burocracias públicas. Y en eso estamos, con lo que este consenso colectivista e intervencionista señorea la política y se difunde en los principales medios de comunicación determinando las ofertas electorales y el sentido del voto en prácticamente todo el arco parlamentario desde el comunismo liberticida de Podemos hasta la socialdemocracia emboscada del PP, pasando por el socialismo doctrinario del PSOE. La incógnita es qué hará Ciudadanos cuando previsiblemente llegue a La Moncloa dentro de dos años, porque hasta el momento no ha definido con nitidez su modelo económico, aunque cabe la esperanza de que su etiqueta liberal no sea simplemente un adorno, sino una convicción.
En la crisis financiera global fueron factores determinantes las políticas monetarias suicidamente expansionistas de los bancos centrales, los fallos estrepitosos de los mecanismos de supervisión, un gasto público desenfrenado y el impulso irracional al sector de la vivienda desde los Gobiernos centrales y municipales, ninguno de ellos por cierto atribuible a los mercados, sino por el contrario, a decisiones equivocadas de nuestros gobernantes e instancias reguladoras. Como casi nadie en la clase política o en los creadores de opinión entiende estas cuestiones elementales -Pedro Sánchez, sin ir más lejos, además de creer que Antonio Machado nació en Soria, no distingue entre presión fiscal sobre PIB y esfuerzo fiscal individual-, ni cómo funcionan en realidad las economías capaces de generar riqueza y empleo, seguimos tropezando una y otra vez en las mismas piedras, puestas en nuestro camino por el electoralismo de los partidos y por los esquemas conceptuales erróneos que dominan nuestra sociedad.
La incógnita es qué hará Ciudadanos cuando previsiblemente llegue a La Moncloa dentro de dos años; esperemos que su etiqueta liberal no sea simplemente un adorno, sino una convicción
Un dato que pocos comentan, pero que nos proporciona una clave reveladora de nuestros males: en España el número de personas que son sustentadas por el erario superan en tres millones a las que reciben sus ingresos de su productividad en el sector privado, quince millones y medio contra doce millones y medio aproximadamente. Pensionistas, desempleados y empleados públicos superan netamente a trabajadores en empresas privadas, profesionales liberales y autónomos. En tanto esta proporción se mantenga o incluso empeore, continuaremos prisioneros del déficit, de la deuda y de las elevadas tasas de paro.
Ramón Espinar, este candidato eximio a académico de la Historia, citaba apócrifamente el otro día con un desfase de cuatro siglos a los comuneros de Castilla ante una audiencia enfervorizada de podemitas irredentos: “Común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera”. Esa es la filosofía que, con diferentes grados de intensidad y distintos matices, nos condenará irremisiblemente al estancamiento si no la combatimos con la razón y la evidencia, o, lo que es peor, a la ruina.
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