Cinco años y medio después, ha tenido que ser una Comisión Europea en funciones la que haya forzado definitivamente al Partido Socialista y al Partido Popular a cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y resolver una crisis que se había convertido en una verdadera anomalía en nuestra democracia. Para este viaje no habrían hecho falta tantas alforjas, ni el desgaste institucional vivido, ni el desprestigio judicial, ni el abandono de nuestros Tribunales, ni tanta amenaza de ‘lawfare’, ni tanto daño reputacional a la justicia española. Y menos aún habría hecho falta que Pedro Sánchez cumpliese con aquella amenaza abusiva de asfixiar a las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores o el Tribunal Supremo sin la cobertura de vacantes como consecuencia del fracaso negociador.
El acuerdo conocido ahora podía haberse cerrado exactamente igual en 2018, justo después de la moción de censura que Pedro Sánchez ganó a Mariano Rajoy. Y nada habría pasado. El nuevo Consejo General será en su composición prácticamente exacto al que en 2018 habían aprobado ya los dos partidos. Sin embargo, en aquella ocasión, con Rajoy ya fuera del Congreso, y con Pablo Casado en la dirección del PP, todo se frustró. El acuerdo previo que habían alcanzado ¡en marzo, meses antes de la moción! Rafael Catalá por parte del PP y Margarita Robles por parte del PSOE, se fue al traste por un doble factor: primero, por la filtración interesada desde el entonces Ministerio de Justicia, encabezado por Dolores Delgado, de que el presidente iba a ser Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y magistrado que iba a dirigir el juicio del ‘procés’, y que había condenado a Baltasar Garzón, pareja de la propia Delgado; y segundo, por un infantil error de cálculo cometido por el senador del PP Ignacio Cosidó cuando en pleno fin de semana filtró un whatsapp en el que absurdamente daba por hecho que “tendremos el control” a través de la presidencia del Supremo. Aquello forzó a Marchena no asumir absolutamente ningún compromiso por dignidad personal.
El nuevo Consejo no tendrá vocales nacionalistas ni independentistas. Se trata de un acuerdo equilibrado que probablemente enfurezca al separatismo
Después se sucedieron hasta tres intentos más. Todos ellos frustrados. Y llegaron el reparto de culpas, las acusaciones mutuas… y más de 2.200 días de desprestigio del poder judicial y de los propios partidos. En medio, incluso dimitió por primera vez en la historia el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, indignado con la incapacidad de los partidos por hacer lo que constitucionalmente es forzoso y por utilizar la justicia como arma arrojadiza.
El nuevo Consejo no tendrá vocales nacionalistas ni independentistas. Ni siquiera de Sumar o de Podemos, lo cual es una novedad, porque siempre el PNV, o CiU o Izquierda Unida tuvieron algún representante en el ‘reparto de cromos’. Ahora mismo, políticamente, lo relevante no es cómo cada partido ‘venda’ su triunfo, sino que se trata de un acuerdo equilibrado que probablemente enfurezca al separatismo y, sobre todo, a Podemos, que ya ha amenazado con bloquear la legislatura si se modifica el sistema de elección del Consejo. Y eso precisamente es lo que ocurrirá con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para en cierto modo recuperar un sistema similar al de 1985. Por entonces, los jueces elegían a una docena de vocales directa y automáticamente. Jueces elegidos por jueces. Hoy era una fórmula irrenunciable del PP para pactar por la que ha tenido que ceder el PSOE. Y es una fórmula que, con alguna variante, se recuperará treinta años después, una vez que fue erradicada por Felipe González. Fue cuando Alfonso Guerra dijo aquello de que Montesquieu y la separación de poderes habían sido enterrados. De aquellos polvos…
Objetivamente, Sánchez tendrá más difícil su propósito de controlar al Supremo tal y como sí lo hace férreamente en el TC, que por cierto superará al fin otro chantaje de Sánchez: cubrir con un conservador la vacante número doce del Tribunal. Los nuevos magistrados del Supremo -y deben cubrirse en breve hasta un tercio de las vacantes- deberán tener veinte años de antigüedad en la carrera, y no quince. Para ser nombrados necesitarán trece votos del Consejo -es decir, tendrán que pactar PSOE y PP en cualquier caso-, y la elección del presidente quedará exenta de sugerencias, instrucciones o decisiones del presidente del Gobierno y de los partidos… En teoría.
Objetivamente, Sánchez tendrá más difícil su propósito de controlar al Supremo tal y como sí lo hace férreamente en el Constitucional
Institucionalmente, el acuerdo es relevante. Normaliza lo que era profundamente anormal, y responde a una exigencia unánime de una judicatura desesperada con la irresponsabilidad parlamentaria de mantener a la justicia como un páramo. Como la cenicienta de la democracia. El PSOE y el PP, el PP y el PSOE, mantienen a priori un reparto equitativo y solvente en el Consejo. Eliminar la politización de un manotazo será algo metafísicamente imposible. Ingenuidades, las justas. ¿A qué engañarse? Pero si realmente se cumple un compromiso de reforma del sistema de elección en un máximo de seis meses, y si el próximo CGPJ, dentro de cinco años, responde realmente a los parámetros pactados, este acuerdo tan tardío habrá merecido la pena.
Por eso, estos más de cinco años han sido una pérdida de tiempo. Culpe cada partido a quien culpe, la Justicia no merecía aquel obsesivo ‘no es no’ de Sánchez a que los jueces elijan a una docena de los propios vocales por esa obstinación en el PSOE de dar un ‘vuelco ideológico’ a la carrera judicial, que sigue siendo mayoritariamente conservadora. Y tampoco merecía la judicatura que cada renovación fuese bloqueada de forma sistemática. En este sentido, Sánchez rectifica su posición en algo esencial, lo cual es inédito.
“¿Dónde está la trampa?”, me preguntan. “¿Por qué Sánchez sí asume ahora lo que lleva años no asumiendo?”. ¿La respuesta? Quizás Europa le ha señalado seriamente el camino. España no puede parecerse a Polonia o a Hungría. Y si lo pareciese, tomaría cartas en el asunto. Un recordatorio. Cuando en 2010 y 2011 José Luis Rodríguez Zapatero rectificó toda su política económica, no lo hizo por sus famosos ‘brotes verdes’ ni por convicción, ni por amor a las rotondas y los carriles bici. Lo hizo porque fue amenazado directamente por Europa con una intervención… Una madrugada de un mes de mayo. Europa no está por tener en España imitaciones a la polaca o a la húngara. Suficiente con esas dos.
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