En ocasiones, simplificar los fenómenos complejos ayuda a arrojar la luz necesaria para comprenderlos más allá de la hojarasca jurídica y los adornos absurdos. Cuando El Confidencial publicó en febrero que el comisionista del Ministerio que ocupó José Luis Ábalos y el empresario Javier Hidalgo se reunieron con Begoña Gómez para “presentarle” negocios, y cuando la Fiscalía filtró en marzo en plena tarde noche que fue la pareja de Isabel Díaz Ayuso quien trató de negociar un acuerdo por su fraude fiscal declarándose culpable, no hubo otra cosa que una acción-reacción. A una realidad política publicada objetivamente por ese periódico, una Fiscalía instruida convenientemente desde La Moncloa replicó otra realidad política. A un episodio de corrupción en el PSOE siempre debe seguir la filtración de otro más grave en la oposición. A un escándalo en el entorno más directo de Pedro Sánchez debía seguir otro en el de Díaz Ayuso. Si la mujer de Sánchez estaba salpicada, el auténtico corrupto era el novio de Ayuso.
Nada se hizo desde la Fiscalía, filtrando datos confidenciales de un ciudadano a conciencia, conforme a las reglas de la presunción de inocencia, la reserva de datos personales y las garantías jurídicas en un Estado de derecho. Por eso el fiscal general delinquió. Presuntamente, que no se diga. Por forzar una maquinaria político-mediática reactiva con la que poder aplacar la ira del presidente del Gobierno frente a la evidencia de que La Moncloa se había convertido en un ‘workcenter’ -no confundir con ‘woke center’- de Begoña Gómez. Regresemos a la simplicidad. No es cierto que Álvaro García Ortiz lo hiciese con nocturnidad para aclarar, desmentir o poner en limpio informaciones erróneas por el bien de la ciudadanía. Era el eslabón de una operación antijurídica desde el Ministerio Público para señalar a un ciudadano, pareja de, en su condición paralela a la de Begoña Gómez, también pareja de…
"Lo más grave del escrito de la Fiscalía contra tres medios es lo que subyace en lo más profundo de su argumentación, una restricción de principios democráticos esenciales".
Los medios de comunicación nos equivocamos. Erramos a menudo. Y se rectifica cuando la normativa y los aludidos lo demandan. Vozpópuli también, naturalmente. Ni bulos, ni difamaciones, ni infundios. Si a un medio de comunicación le llega información oculta o reservada para ser contrastada es porque alguien quiere que deje de estar escondida. Es de sentido común. Un alguien que sabe mucho, o que tiene evidencias, o pruebas. Alguien que está harto de abusos, o que se quiere vengar… La motivación puede ser infinita, pero es irrelevante frente a los hechos y los datos, y que cada cual saque sus conclusiones sobre lo que se publica y por qué.
Pero toda una teniente fiscal del Tribunal Supremo no puede, no debería, acusar de infundios a la prensa sin acreditar uno solo de esos infundios, bulos, ‘fakes’ o difamaciones a las que se refiere en esta extraña operación carente de estética institucional, en la que la ‘número dos’ de la Fiscalía nombrada a dedo por el ‘número uno’ defiende a ese mismo ‘número uno’ con la objetividad jurídica y el criterio de imparcialidad absolutamente contaminados.
"La teniente del Ministerio Público dibuja una España de conspiradores contra un fiscal ejemplar, contra un presidente ejemplar y contra la ejemplar esposa de ese presidente ejemplar. Preocupante".
Lo peor del escrito de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, no es la calidad técnica de su defensa de García Ortiz, que podrá ser excelente. O no. Lo más grave, y eso es lo que subyace en lo más profundo de su informe, es su argumentación restrictiva de principios democráticos esenciales. Por cierto, acordes incluso a la terminología y la chatarra dialéctica empleadas por el Gobierno para justificar su ‘comisión de la verdad’ contra los medios de comunicación críticos con La Moncloa. Sánchez Conde no elabora un dictamen al uso. Redacta toda una tesis de ingeniería social a través de un marco mental viciado de sectarismo en el que distingue a la Prensa buena de la mala. A la ejemplar de la tóxica. Unos son fiables porque alaban la propaganda que esparce el Gobierno y otros no lo son porque amenazan la democracia con sus publicaciones. Su escrito no es más que una coartada pseudo-jurídica para justificar la obsesión de Pedro Sánchez por castigar a la Prensa que no le resulta afín, y que queda, por primera vez en nuestra democracia, estigmatizada en un escrito oficial de la Fiscalía General del Estado. Ni más, ni menos.
La novedad, y la gravedad, es que ya un órgano público con enorme poder, y en cuyo Estatuto se regula su deber de imparcialidad y autonomía, ha señalado a tres medios de comunicación con marca, cabecera y periodistas como censurables. El Mundo, Libertad Digital y Vozpópuli. Y esto, más allá del legítimo derecho a la libertad de prensa, tiene mucho de persecución. No es un bulo publicar que has sacado a un fiscal de un partido de fútbol en plena noche para acelerar el envío de un mail que sirva como coartada para una operación política de blanqueamiento de Begoña Gómez. El bulo es negar que el fiscal general del Estado recibió una orden expresa para poner al Ministerio Público al servicio personal del presidente del Gobierno y de su mujer. Ese sí es el bosque visto con distancia. Lo demás son sólo árboles cercanos para impedir una panorámica global y generar confusión.
"El de Sánchez-Conde es un libelo político camuflado para definir un marco mental previamente establecido por el Gobierno y, a través de él, lanzar una caza de brujas con tono intimidatorio".
Si un fiscal general actúa así por la debida obediencia ideológica o política, malo. Y si lo hace por convencimiento, peor, porque dejaría traslucir que el ejercicio de un periodismo independiente no cabe en su ideario, lo cual sería revelador de notorias carencias de talante democrático y de su concepto real de las sociedades libres. El escrito de Sánchez Conde rezuma una distinción inaceptable. Evoca la España limpia que representa ella frente a la oscura que representan algunos medios de comunicación con sus libelos falseadores de la verdad. La verdad es lo que sostiene ella, y la libertad de criterio para defender lo contrario es difamación deliberada.
La teniente del Ministerio Público dibuja una España de conspiradores contra un fiscal ejemplar, contra un presidente ejemplar y contra la ejemplar esposa de ese presidente ejemplar. La suya no es ninguna argamasa de técnica judicial para oponerse a la más que previsible imputación de un fiscal general por un delito serio. Es un libelo político camuflado para definir el marco mental previamente establecido por el Gobierno y, a través de él, lanzar una caza de brujas con tono intimidatorio. La diferencia entre cazadores y cazados radica en algo tan simple como dormir con la conciencia tranquila. Que cada cual se lo pregunte… Pero así no, señora fiscal. Así no.
