La Constitución proclama que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Puesto que la Justicia emana del pueblo, resultaba imprescindible que la ciudadanía tuviera plena confianza en la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados. Para ello la Constitución eliminó toda intervención del Ministerio de Justicia y encomendó las facultades de nombramiento de todos los jueces y magistrados al Consejo General del Poder Judicial. En el proyecto de Constitución sometido a la aprobación de las Cortes se preveía que el CGPJ estuviera compuesto por 15 miembros, de los cuales 6 serían designados las Cortes Generales (3 por cada Cámara) y los otros 9 “entre jueces y magistrados, en los términos que establezca la ley orgánica”.
Se daba por sentado que los jueces elegirían a los jueces. Y así lo demostró el propio PSOE al presentar una enmienda in voce en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso (8 de junio de 1978), defendida por Gregorio Peces Barba, portavoz socialista, que además de elevar a 20 el número de miembros (8 por las Cortes) y 12 entre jueces y magistrados, se especificaba que estos últimos debían ser “de todas las categorías judiciales”. De esta forma, dijo Peces Barba, se abría “el Colegio electoral” de modo que “también serán elegibles todos los jueces y magistrados”. Así se plasmó en la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial de 10 de enero de 1980. Se celebraron elecciones en el seno de la magistratura para la designación del primer Consejo.
Hace unos días, el PSOE conmemoró en Sevilla el 40 aniversario de su gran victoria electoral del 28 de octubre de 1982. Felipe González con 202 diputados se quedó a 8 escaños de la mayoría de tres quintos del Congreso y con 127 senadores a 2 escaños sw dicha mayoría en el Senado. Se ha valorado el pragmatismo de González que se olvidó del marxismo, nos mantuvo en la OTAN y nos ingresó en la Comunidad Económica Europea (la UE actual) asumiendo el principio de libre competencia y la libertad de empresa. Pero ebrio de poder, González fue el que asestó el primer hachazo dado al Poder Judicial. Consciente del peligro que representaban las investigaciones sobre los GAL como terrorismo de Estado, quiso controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional advertía del “riesgo” de sumisión política, contrario al “espíritu” de la norma constitucional, si el nombramiento se efectuaba mediante el reparto de cuotas entre partidos"
Con su mayoría parlamentaria ya había conseguido la mayoría de magistrados “progresistas” en el Tribunal Constitucional. No dudó en derribar el muro que protegía la imparcialidad e independencia de los jueces, suprimiendo la elección directa de los 12 miembros del CGPJ para atribuir a las Cortes el nombramiento de todos sus miembros. Contó con la complicidad de su ministro de Justicia, Fernando Ledesma, un magistrado cofundador de Jueces para la Democracia, que ya se había olvidado de que Jueces para la Democracia, en su ideario fundamental, se proponía “impulsar la revalorización de la independencia y la responsabilidad del juez como referentes constitucionales de la Administración de Justicia”.
Otro miembro fundador, Juan Antonio Xiol, participó como director general de Justicia en la redacción de la ley. Fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE en 2013 y desde 2021 es su vicepresidente. Su mandato se agostó el pasado 22 de junio. Su último servicio pretende ser el rechazo a los recursos de Vox y del PP contra la ley de 2021 en la que Sánchez privó al Consejo de todas sus facultades de nombramientos por estar en funciones y la ley de junio de 2022 que se las devuelve, pero sólo para el nombramiento de los dos magistrados del TC que le corresponde. Empeño en el que también está la magistrada María Luisa Balagué, perteneciente al sector “progresista” del TC.
El Grupo Parlamentario Popular recurrió al Tribunal Constitucional, contra la Ley González. El 29 de julio de 1986 se dictó sentencia con un fallo unánime: la reforma de la Ley de 1985 no vulnera la Constitución. El Tribunal hizo encaje de bolillos. El hecho de que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por las Cortes no los convertían “en delegados o comisionados del Congreso y del Senado”. Pero advertía del “el riesgo” de sumisión política, contrario al “espíritu” de la norma constitucional, si el nombramiento se efectuaba mediante el reparto de cuotas entre partidos “en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”. Y eso es, precisamente, lo que ocurrió. Podría decirse que todos los Consejos nombrados desde entonces fueron nombrados con vulneración de la Constitución. La politización del Consejo llega a extremos inaceptables que se proyectan sobre los tribunales, pues todo el mundo habla con toda naturalidad de la filiación política de los magistrados. Toda una perversión del sistema.
El PP está actuando en este momento, sin plegarse a las presiones de Sánchez, con lealtad a la Constitución y a su programa electoral de 2020"
Se dirá, y con razón, que el PP pudo volver a la elección directa de 1980, cuando Aznar y Rajoy tuvieron mayoría absoluta. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. El PP está actuando en este momento, sin plegarse a las presiones de Sánchez, con lealtad a la Constitución y a su programa electoral de 2020, y en consonancia con los requerimientos de la Unión Europea. Y además sus argumentos están reforzados por el propio Sánchez que en 2014, llegó a decir: “Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces, que eso pasa siempre…. Estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo, a quien ha hecho peor, ha sido al Partido Socialista”.
Es evidente que a Sánchez y su coro de aduladores les importa un comino que la ciudadanía sea quien padece una Justicia cada vez más ralentizada, con violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Está ansioso por conseguir un Tribunal Constitucional sometido a su voluntad. Lo necesita para tener la seguridad de que no serán declaradas inconstitucionales ninguna de sus tropelías pactadas con el populismo comunista y los independentistas, como son los indultos a la carta de independentistas y socialistas, la reducción de las penas por delito de sedición con la falsedad de que en Europa no existe tal delito, o la hoja de ruta ofrecida a ERC para poder realizar un referéndum consultivo de autodeterminación, un nuevo estatus confederal para el País Vasco, entre otros varios que nos acercan a la Venezuela de Chávez. La última tropelía es “amenazar” al PP con dictar una nueva ley para rebajar a la mayoría absoluta el quorum de tres quintos para el nombramiento de los doce miembros judiciales.
Lo peor es que Jueces para la Democracia esté dispuesta colaborar en esta tarea demoledora. Se apunta a que Cándido Conde-Pumpido Tourón (junior) será el nuevo presidente del TC, según promesa de Sánchez. Habría que recordar que en 1996 salvó a Felipe González de la pena de banquillo por su presunta implicación en la creación de los GAL y a partir de entonces –dos veces Fiscal General su carrera no pudo ser más brillante. Lástima que ni él ni los fundadores de JpD se acuerden de las palabras de Cándido Conde-Pumpido Ferreiro (senior), publicadas en El País en 1980.que no han perdido actualidad: “Entre ejercer sus funciones con órganos independientes, elaborando imparcialmente sus criterios de actuación, a ser un órgano subordinado al Ejecutivo, que sirva para hacer prevalecer en los tribunales los criterios del Gobierno, va la diferencia que hay entre ser un eficaz medio de realización de la legalidad a ser un mero instrumento de los intereses del partido en el poder”.
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