Algunos repiten con harta frecuencia que Bankia tiene que pagar al Estado todo el dinero de su reflotamiento. Es decir, los 24.000 millones aportados por el FROB (a esta entidad y a su absorbida BMN), de los que sólo se han recuperado algo más de 3.000 millones (entre dividendos y venta de dos paquetes de acciones). Con lo que el neto restante supera aún los 20.000 millones frente a un valor del paquete de acciones de LaCaixa con que se quede el FROB que, aunque depende de la ecuación de canje, no llegará a otros 3.000 millones. Quedarían aun más de 17.000.
Pero una cosa son los deseos y otra la realidad.
Desde el populismo extremo se dice que hay que castigar a todo el sector (como si no las estuviera pasando ya 'canutas') con los impuestos que sean menester para que el Estado logre recuperar ese importe, así como como el aportado a otras entidades. Debe importarles poco que las entidades financieras que sobreviven no son, precisamente, las que recibieron las ayudas, sino que, por el contrario, han tenido que aportar dinero, tanto al fondo de garantía de depósitos como a la Sareb, para posibilitar que todo el sistema se mantenga a flote.
Curiosa petición que ignora aspectos tan elementales como que Bankia no tiene ninguna deuda con el Estado, sino que éste tiene acciones, hasta ahora de Bankia y luego de Caixabank
Desde medios teóricamente serios se pide también que la nueva entidad fusionada Caixabank-Bankia “garantice la devolución del dinero”. Curiosa petición que ignora aspectos tan elementales como que Bankia no tiene ninguna deuda con el Estado, sino que éste tiene acciones, hasta ahora de Bankia y luego de Caixabank. Y parece insinuar que se trate mejor a uno de los accionistas que al resto, lo que sería manifiestamente ilegal.
También hay quien pide que el Estado permanezca en el accionariado de Caixabank indefinidamente para que, con los dividendos que vaya recibiendo cada año (aunque de momento el BCE no deja pagarlos), se logre al cabo del tiempo recuperar esos 20.000 millones. Aunque sean muchos años y aunque no se participe en la gestión. Este planteamiento ignora el coste del capital en el tiempo y, sobre todo, no parece tener en consideración que estar invertido permanentemente en una entidad financiera no parece el mejor destino del dinero público. Aparte de la penalización que los mercados aplicarían al precio en Bolsa por la participación pública indefinida.
Desvalorización real
En fin, otros aducen que la venta de Bankia exigiría reconocer fuertes pérdidas al FROB y en el déficit público por lo que no sería aconsejable. Sin embargo, lo que los anteriores y estos parecen ignorar es que la desvalorización real se ha producido ya (y, por cierto, ahora es un buen momento para su reconocimiento formal, dada la magnitud del déficit de 2020, porque “de perdidos al río”).
Pero la opinión pública parece condicionada por las declaraciones populistas de los políticos que en 2012 tuvieron que rescatar esta entidad y nos dijeron que se iba a recuperar todo el importe empleado en Bankia. Aunque el entorno hubiera sido más favorable que el real, no se sostenía esa afirmación en aquel momento. Y además la realidad ha deparado: tipos de interés primero muy bajos y luego negativos; una estructura de balance bastante desfavorable en Bankia (por ejemplo, 20.000 millones de bonos Sareb a tipo cero); y, para colmo, la crisis del coronavirus que amenaza con una avalancha de mora.
Hubiera supuesto la expulsión de España de los mercados de capitales, lo que habría sido demoledor para sus empresas y, en definitiva, para nuestra economía
Sin embargo, la decisión que tomó el Estado de no dejar quebrar Bankia en 2012 e invertir lo necesario para su reflotamiento fue adecuada, por ser la de menor coste para España. Porque, en caso contrario, no sólo se habría perdido una parte de los pasivos. Sino que, sobre todo, ello hubiera supuesto la expulsión de España de los mercados de capitales, lo que habría sido demoledor para sus empresas y, en definitiva, para nuestra economía
No hay que olvidar, además, que el mantenimiento de Bankia ha permitido que muchos titulares de acciones adquiridas en la OPS, de pasivos subordinados y de participaciones preferentes hayan podido cobrar de la misma su inversión, tras las decisiones judiciales correspondientes. Se trata una recuperación adicional de cerca de 5.000 millones. De manera que, sumándolo, el total recuperado de los 24.000 podría acercarse al 50%. En definitiva, el Estado tomó la decisión correcta con independencia de que se recupere una mayor o menor cantidad, porque la alternativa siempre hubiera sido mucho más costosa.
Ahora la cuestión es si el FROB tendría que seguir en el accionariado de CBK o si debería vender. Mi opinión es que va siendo hora de poner fin a la participación pública en una entidad financiera privada. Y así lo ven también, sin duda, nuestros socios comunitarios desde Bruselas y el Banco Central Europeo desde Frankfurt. Ello no significa que haya que vender mañana, ni siquiera decir públicamente que se está considerando la venta (para no dar pistas al mercado). Pero sí hacerlo en cuanto la pandemia se supere y las cotizaciones bursátiles mejoren desde su extrema debilidad actual.
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