La pertinaz insistencia del ministro Bolaños en presentar el dictamen de la Comisión de Venecia como aval de la amnistía a Puigdemont y compañía resulta de todo punto inescrutable. Nadie obligaba al ministro a elegir precisamente ese documento como argumento ad verecundiam para sus tropelías políticas y jurídicas. A tal efecto podría buscar otros textos -quizá algún artículo de juristas originales como Martín Pallín o Gonzalo Boye- pero escoger justo un dictamen que dice todo lo contrario de lo que tú dices que dice para justificar tus actos resulta cuando menos sorprendente, salvo que definitivamente tomes al conjunto de los españoles por estúpidos. Y esa es la sensación que da cada vez que Bolaños reitera que la Comisión de Venecia avala la amnistía.
La Comisión de Venecia no solo no avala esta amnistía, sino que manifiesta profundas discrepancias con relación a la manera cómo el Gobierno la está tramitando en la Cortes Generales. En su dictamen definitivo, la Comisión se reafirma en lo que ya decía en el borrador que conocimos hace unas semanas gracias a una filtración interesada del Gobierno, que, aplicando la máxima de que quien da primero da dos veces, quiso prevalerse del desconocimiento general para imponer entre la opinión pública la especie de que la Comisión avalaba la amnistía.
Bolaños debería dedicarle -como hemos hecho algunos- un par de horas a la lectura en inglés del dictamen de la Comisión de Venecia como él mismo recomienda con entusiasmo y vanidad a los demás
Pues bien, lo que dice la Comisión es que en ningún caso se puede tramitar una ley de tamaño alcance político y social como lo ha hecho el Gobierno, es decir, mediante una proposición de ley de un grupo parlamentario con el objetivo indisimulado de orillar una serie de exigencias democráticas que sus impulsores no hubieran podido soslayar de haber tramitado la amnistía como proyecto de ley del Gobierno o como reforma constitucional, que es lo que idealmente recomienda la Comisión. Pero a Sánchez, Bolaños y compañía no les interesó explorar una mayoría cualificada para sacar adelante de forma consensual y no excluyente una ley que ellos mismos definen como la más importante de la legislatura, ni se plantearon en ningún momento dar voz a las víctimas -principalmente constitucionalistas catalanes- de los atropellos perpetrados por sus socios de investidura a los que necesitan amnistiar para mantener su apoyo parlamentario.
Un severo correctivo
El dictamen definitivo de la Comisión es aún más contundente que el borrador de hace unas semanas: es un severo correctivo al Gobierno, tanto desde el punto de vista formal como material, pues cuando la Comisión exige mayorías cualificadas y un diálogo amplio y no reservado a los beneficiarios de la amnistía no lo hace por mero formalismo, sino porque esa es la única manera de que una amnistía pudiera servir al único fin que la Comisión considera legítimo para la aprobación de una ley tan excepcional en democracia, que es la reconciliación nacional, la convivencia y la cohesión social.
De ahí que resulte tan ofensiva la insistencia de Bolaños en que la Comisión avala la amnistía porque justifica otras amnistías aprobadas en otros países en aras de la reconciliación y la convivencia. Claro, amnistías aprobadas por amplísimas mayorías reforzadas y con el acuerdo imprescindible de los grandes partidos de ámbito nacional, que es la única manera de asegurar que una ley así no divida y enfrente gravemente a la sociedad. Es una trampa saducea decir que la Comisión avala esta amnistía porque justifica en abstracto la promulgación de amnistías orientadas a la reconciliación nacional y la convivencia que alcancen el compromiso de una amplia mayoría de la sociedad a la que deben servir. Es evidente que, por más lecciones doctrinarias que pretenda dar Bolaños, esta amnistía no satisface absolutamente ninguno de los requisitos de índole jurídica, formal, material e incluso moral que la Comisión de Venecia apunta como justificativos para la aprobación de una amnistía. Por todo ello, la contumacia de Bolaños supone un insulto a la inteligencia de los españoles.
Por no hablar de la desfachatez de pedir al PP que asuma el trágala de la amnistía para que la amnistía redactada por Puigdemont para mayor gloria de Sánchez alcance a toro pasado la mayoría cualificada que recomienda la Comisión. La distancia entre el Gobierno y la realidad es sideral.
Así pues, aunque solo sea por vergüenza torera, Bolaños debería dedicarle -como hemos hecho algunos- un par de horas a la lectura en inglés del dictamen de la Comisión de Venecia como él mismo recomienda con entusiasmo y vanidad a los demás. Y, ya puestos a recomendar lecturas, que lea también La velada en Benicarló de Azaña para entender mejor la naturaleza profundamente desleal y taimada de los políticos separatistas de ayer y hoy.
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