En un país acostumbrado a los sobresaltos, la noticia explotó el martes a última hora. Saudi Telecom Company (STC), propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita PIF (Public Investment Fund), había adquirido el 9,9% de Telefónica, convirtiéndose, de lejos, en su primer accionista, por encima de sus tradicionales soportes, el BBVA (4,87%) de Carlos Torres, y La Caixa (3,5% CaixaBank y 2,4% Criteria Caixa) de Isidro Fainé, el personaje que viene pilotando en la sombra desde hace tiempo los destinos de la operadora y de su presidente, José María Álvarez-Pallete. Al capo de la española la noticia le cogió en California, de donde regresó precipitadamente, y a la vicepresidenta y ministra Economía, la sin par Nadia Calviño, le pilló en el excusado. Todos, incluido el presidente del Gobierno, muy amigo como se sabe de Pallete, hicieron público alarde de sorpresa, pasmo y conmoción a granel, entre otras cosas porque reconocer algún tipo de acuerdo previo les hubiera obligado a dar explicaciones a la opinión pública (suponiendo que en España exista opinión pública y que las explicaciones obliguen a un tipo como Sánchez). Una operación que necesariamente implica a muchos, dilatada en el tiempo, con compras en Bolsa, bancos de negocios –Morgan Stanley en este caso-, bufetes de abogados y espías varios, había pasado totalmente desapercibida para la española gente. De modo que nadie sabía nada. ¿Seguro?
Pero un examen somero a la información pública de STC mostró enseguida que en el Board de la saudita se sientan 14 ejecutivos de esa nacionalidad, todos sonrientes luciendo la kufiya, todos con aspecto de estar siendo estupendamente tratados por la vida, todos árabes y un occidental, un tipo frisando los cincuenta de ojos vivos, un español de nombre José del Valle, responsable de “operaciones especiales y adquisiciones”, un alto ejecutivo que durante 17 años trabajó en Telefónica a las órdenes de Pallete. José es hijo de Rafael del Valle, un bancario muy conocido en los ambientes financieros madrileños, que ha pasado por casi todas las casas (Chase, UBS, Crédit Agricole, Bank of America…), y cuyo último destino conocido ha sido JB Capital de Javier Botín. José viaja con frecuencia a Madrid para ver a sus padres y no es extraño verle cenando con amigos y ex compañeros de trabajo de Telefónica. Hay constancia de que, en febrero pasado, una delegación de la teleco saudita estuvo en Madrid visitando las instalaciones de Telefónica Tech y charlando con su CEO, el gran José Cerdán. Como no podía ser de otro modo, los rumores se dispararon por el “tout Madrid”. Aquello olía a operación concertada a kilómetros. Tras la sospecha, la implicación política: con media España y parte de la otra convencida del triunfo del PP en las generales, y sabedor de no contar, en razón a su filiación sanchista, con el favor de un Núñez Feijóo investido como presidente del Gobierno antes de tiempo, Pallete había decidido cambiar de caballo en plena ría, apalancándose con la entrada en el capital de un socio tan potente como STC. Pasar del rucio de Fainé a la vistosa potranca árabe de Olayan M. Alwetaid, CEO de STC Group, a quien Pallete ve con frecuencia como miembro de la junta directiva de GSMA, la patronal mundial de las telecos que ahora preside el español hasta finales de 2024.
Pasar del rucio de Fainé a la vistosa potranca árabe de Olayan M. Alwetaid, CEO de STC Group, a quien Pallete ve con frecuencia como miembro de la junta directiva de GSMA, la patronal mundial de las telecos que ahora preside el español hasta finales de 2024.
Naturalmente desde la sede de Telefónica desmienten radicalmente una versión que ha copado en los últimos días todos los corrillos, y sus razones tienen. Quien conozca un poco la personalidad de Pallete, uno de los directivos europeos con el discurso más afinado en torno al complicado futuro de la industria, difícilmente podría imaginarle cometiendo un delito, incluso penal, ocultando información tan relevante no solo a sus accionistas, sino al Gobierno y sobre todo a la CNMV, tesis que confirma su precipitado viaje a Riad, nada más regresar de América, para conocer las intenciones del nuevo socio. El hombre fuerte de Telefónica ha gastado parte importante de su tiempo en los últimos días en dar explicaciones. Naturalmente a Fainé, que el miércoles 6 no ocultaba su cabreo por lo que sospechaba podía haber ocurrido, y desde luego a Sánchez, que ha dejado constancia de su enfado por las cuatro esquinas de Moncloa por el hecho de haber sido pillado a la luna de Valencia, a pesar de contar en el madrileño Distrito C de un espía de la categoría de Javier de Paz, miembro del Consejo de la operadora, millón de euros año, go-between entre Zapatero y Sánchez, y hombre de los recados en el triángulo de las tormentas que forman Telefónica, el grupo Prisa y Moncloa.
Naturalmente que existen precedentes de operaciones “silenciosas” de desembarco de una corporación en el capital de otra. Fue el caso de la constructora Sacyr entrando en BBVA, finales de 2004, operación manejada en secreto por Société Générale, o el de la mexicana Pemex en el capital de Repsol, septiembre 2011, gestionada con el mismo sigilo por Crédit Agricole. Admitido el argumento de que nadie sabía nada, las preguntas saltan a la palestra a borbotones. ¿En qué manos está el pandero español? La respuesta es simple. En las de un Gobierno centrado desde 2018 en la defensa de los intereses personales del ciudadano Sánchez, que no en los de España. Un Gobierno ocupado en operaciones de desinformación masiva para consumo interno, tipo Rubiales, con las que mantener entretenida a la ciudadanía mientras tras las bambalinas ocurren cosas tan graves como las negociaciones con los enemigos de la nación y fuera de nuestras fronteras se dirimen batallas de gran importancia estratégica a las que Sánchez y su banda son ajenos. ¿Y qué hace el CNI? ¿De qué se ocupa su lujosa plantilla? No se entera de lo que pasa en Cataluña, tampoco sabe lo que ocurre en Rabat, y de operaciones como la comentada se informa por los medios. ¿Realmente tenemos servicio de inteligencia o está desactivado porque así conviene a la cobertura de las tropelías de Sánchez? La ministra Nadia ha dicho que el Gobierno “defenderá por todos los medios los intereses estratégicos de España” en este caso. ¿La rendición que ustedes preparan ante Puigdemont tiene algo que ver con esos “intereses estratégicos de España”, señora mía?
Esta no es una operación de inversión cualquiera. Al contrario, es un asunto que ocupa a las cancillerías y a los servicios secretos de medio mundo. Un caso de mil aristas, que ha obligado incluso a la Casa Real a dar explicaciones. La entrada del fondo soberano saudí en Telefónica como primer accionista podría facilitar, en teoría, al Gobierno de Riad información sensible sobre cuestiones que atañen a la Defensa nacional, la ciberseguridad y el bigdata, asuntos que pasan por las redes de Telefónica. Difícil sostener hoy que el príncipe heredero Mohamed Bin Salman es un “amigo” del mundo occidental, en general, y de la UE, en particular. Arabia Saudita y los EAU, supuestos “amigos y aliados” de Washington, se han convertido en centros de almacenamiento y comercio para las compañías rusas, naturalmente para Gazprom y su filial Gazprom Neft, que de esta forma evitan las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. Existen testimonios crecientes que hablan de la estrecha relación entre el dictador ruso Putin y el sátrapa saudí, dos caras de una misma moneda llamada totalitarismo. Decidido a llevar el precio del barril de crudo hasta los 100 dólares, Bin Salman es el gran responsable de la actual escalada de precios de los carburantes que amargan la vida de los millones de ciudadanos, europeos y españoles, que todas las mañanas se acercan a la gasolinera para llenar su depósito e ir al trabajo.
La entrada del fondo soberano saudí en Telefónica como primer accionista podría facilitar, en teoría, al Gobierno de Riad información sensible sobre cuestiones que atañen a la Defensa nacional, la ciberseguridad y el bigdata, asuntos que pasan por las redes de Telefónica
El Gobierno dispone de tres meses para autorizar o denegar esa inversión. En este caso no cabe aplicar el “escudo antiopas” creado durante la pandemia y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 por no llegar al 10% (4,9% de forma directa y 5% adicional a través de derivados financieros), pero sí la capacidad de veto del Ejecutivo por tratarse de un empresa estratégica en Defensa. Sin embargo, como desveló Vozpópuli, el Gobierno Sánchez aprobó 20 días antes de entrar en funciones el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que en su artículo 18.2 elimina la capacidad de veto para inversiones extranjeras en Defensa de "entre el 5 y el 10 por ciento del capital social". Moncloa ha creado un comité especial formado por los ministerios de Economía e Industria, mas varios organismos oficiales, para hacer seguimiento del caso y estudiar las medidas a adoptar. La solución podría venir por limitar los derechos políticos de la saudita al 5% del capital, con independencia de ese 9,9% que dice poseer. ¿Algún interés en permanecer en la operadora con el 4,9% del capital y sin asiento en el Consejo? Muy probablemente el Gobierno Sánchez termine haciendo lo que le diga el Departamento de Estado, siguiendo las recomendaciones de la CIA.
El impacto de la “amenaza saudí” es tan importante que en algunos círculos se habla ya de la posibilidad de urdir un grupo inversor nacional con capacidad para tomar por encima del 10% de la operadora, desplazando a la saudita de su condición de eventual primer accionista. Difícil, en todo caso, porque los saudíes tienen armas suficientes para contraatacar (las fragatas que astilleros españoles están construyendo para Riad), y por la ausencia de capitales industriales de alguna importancia en España. De capitales y de industria. El consejero delegado de Volkswagen acaba de anunciar que la marca española Seat dejará de fabricar de inmediato. A finales del pasado año, el mayor fabricante alemán de armas, Rheinmetall, adquirió la firma vitoriana Expal que da trabajo a un millar de personas. El fondo de inversión sueco EQT se ha hecho con la también vasca Solarpack, y el fondo Antin ha presentado una OPA por la totalidad del capital de Opdenergy. Todo se vende. Es un viaje imparable hacia la desindustrialización masiva, hacia la inanidad como país industrial. Hacia la nada.
El desembarco de los saudíes en Telefónica marca el final de una época y el principio de otra plagada de interrogantes. Muy probablemente el inicio de un baile de sillas. STC ha anunciado ya a la CNMV su intención de pedir dos asientos en el Consejo de la operadora. Los 2.100 millones que ha pagado por ese 9,9% habrían sido 5.550 en el año 2014 y nada menos que 10.700 en 2007 (cotización máxima de 107.000 millones, bajo la presidencia de César Alierta). Lo que ha ocurrido con Telefónica y Pallete (en cuyo descargo cabe decir que ha reducido notablemente la enorme deuda heredada de su antecesor en el cargo) le ha pasado también a la inmensa mayoría de las operadoras europeas, víctimas de las agresivas políticas puestas en marcha por las autoridades de Competencia de la Unión, traducidas en drásticas caídas de precios y en pérdidas de cuota de mercado de los operadores históricos. Esa hipercompetencia regulatoria ha sido una bendición para los consumidores, pero ha colocado a las empresas a los pies de los caballos, como ahora el grupo STC acaba de poner de manifiesto. ¿Cómo terminará esta historia? Nadie lo sabe, y el que menos, seguramente, el propio Gobierno Sánchez.
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