Durante décadas, e incluso casi hasta ahora, la Europa comunitaria ha venido siendo la “Meca” de una inmensa mayoría de españoles. De hecho, las izquierdas más extremas y hasta los nacionalistas son todavía pro-europeos. De ahí que cuando nos amonestan e incluso nos imponen obligaciones, los gobiernos -sobre todo de izquierdas- y sus acólitos políticos y mediáticos agachan la cabeza con obediencia. Ya sucedió con Zapatero y volverá a suceder, seguramente, con Sánchez.
Mientras tanto, la convergencia con Europa que en términos económicos comenzó a gestarse con extraordinario empuje a mediados del siglo pasado y en el ámbito político a partir de nuestra Transición política, lleva tiempo desvaneciéndose gravemente.
La divergencia económica con Europa, tan recurrentemente consolidada como incomprensiblemente ignorada por los medios de comunicación y la opinión pública, está alcanzando niveles que debieran ser objeto de atención primordial por la sociedad civil española.
El Producto Interior Bruto que valora la riqueza de las naciones, desde hace tiempo una medida popular, no existía como tal hasta mediados del pasado siglo. Gracias al PIB, podemos medir y comparar la prosperidad de los países, así como su crecimiento económico, lo que permitió a su vez la formulación de teorías acerca del mismo empíricamente contrastables. Dichas teorías del crecimiento son unánimes al relacionar la prosperidad de las naciones con la innovación –sobre todo tecnológica- y el marco institucional -Estado de Derecho- que ampare el libre ejercicio de la función empresarial.
En todo caso, hasta ahora no existe alternativa paradigmática al PIB, ni por tanto a la renta per cápita que resulta de dividirlo por la población
El PIB ha recibido críticas académicas -muy débiles- sobre su precisión para medir la riqueza de las naciones y últimamente, con motivo del advenimiento de la Sociedad de la Información impulsada por las tecnologías electrónicas digitales, porque no incorpora muchos bienes intangibles emergentes y sin embargo deja de contabilizar los bienes materiales que sustituye. En todo caso, hasta ahora no existe alternativa paradigmática al PIB, ni por tanto a la renta per cápita que resulta de dividirlo por la población.
La renta per cápita se ha convertido en una referencia universal de la medida de la riqueza de los países. Sobre dicha base se ha construido el siguiente cuadro, que pone de manifiesto un verdadero y cada vez mas consolidado “adiós” a Europa en prosperidad económica. De hecho, el pasado 2021 España regresó al nivel relativo de renta per cápita comparada con la UE que teníamos hace más de medio siglo.
En el largo periodo considerado, que se corresponde con la España democrática contemporánea, he aquí lo sucedido:
- Cuatro gobiernos, desde la transición para acá dejaron una renta per cápita superior a la recibida. Las únicas excepciones las han protagonizado Zapatero y Sánchez, quienes han dejado –hasta ahora- un país mas pobre que el que recibieron.
- El mayor descenso anual de la renta per cápita de España –y de Europa- con un 1,07% anual durante cuatro años seguidos, ha sido protagonizado por Sánchez.
- Para una media 100% de la renta per cápita de la UE, de los seis gobiernos democráticos, tres avanzaron en la convergencia –González, Aznar y Rajoy- y otros tres –Suárez, Zapatero y Sánchez- cosecharon alejamientos de Europa.
- Sánchez encabeza la tasa media anual de distanciamiento de UE, con un 1,53%, seguido por Zapatero. Ningún gobernante ha llegado tan lejos en la huida económica de Europa.
- Comparadas las tasas de crecimiento anual de España con la media de la UE, sólo dos gobiernos -Zapatero y Sánchez- no fueron capaces de mejorar a nuestros vecinos ni siquiera un solo año; todos los demás, con dispares resultados, lo consiguieron.
Como es natural que los progresistas traten de oponer a estos incontestables datos la excusa de las crisis económicas, que es verdad que coincidieron con los gobiernos de Zapatero y Sánchez, hay que recordarles que los últimos tres renglones de datos son comparativos con los demás países que también sufrieron las mismas crisis. Por tanto esta excusa carece de sentido. Los dos primeras dos filas reflejan datos sólo españoles, pero como todas las instituciones internacionales han puesto de manifiesto, ahora y también lo hicieron con la crisis anterior, España es el país que mas tardó entonces y ahora en recuperar su nivel de renta previo a las crisis, por las pésimas políticas de sus respectivos gobiernos.
La conclusión obvia que ofrecen los datos es que el socialismo del siglo XXI está conduciendo a España, en términos económicos, cada vez más lejos de Europa.
Pero además de la economía, es importante juzgar la evolución del marco institucional; es decir, la calidad de nuestra democracia en comparación con nuestros propios antecedentes y los países de referencia.
Nuestra actual Constitución, aún con aspectos perfectamente discutibles y reformables, eso sí poco a poco y uno a uno como las enmiendas de la constitución americana, es perfectamente homologable con la de los países con mayor tradición democrática. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido sufriendo interpretaciones y prácticas incluso inconstitucionales que aceleradas por la actual coalición gubernamental, con cada vez más actuaciones al margen del Estado de Derecho, que comienzan a ser muy preocupantes:
- En 1985 un gobierno socialista consiguió aprobar una ley que cuestionaba la independencia del Consejo General del Poder Judicial en contra de la obvia -por clara- redacción del artículo 122 de la Constitución. Ahora, para nuestra vergüenza, la Unión Europea ha venido a cuestionar aquél desacato de la independencia judicial; tan esencial para el Estado Democrático de Derecho.
- Con la vana y más tarde inconstitucional excusa del COVID el parlamento fue inhabilitado; no por completo, pero si injustificadamente .
- El derecho de propiedad tan esencial a la civilización como obviamente reconocido en nuestra constitución, sobre todo en el ámbito de la vivienda, está siendo menoscabado.
- Los requisitos de las verdaderas leyes –no ser retroactivas, ser conocidas y ciertas e iguales para todos- no se respetan, muy particularmente cuando afectan a los secesionistas.
- Los decretos leyes, cuyo uso en un Estado de Derecho debe ser excepcional y estar muy limitado, se han convertido en moneda corriente; amén de ser declarados inconstitucionales algunos de ellos.
- El cumplimiento de las leyes, principio fundamental de cualquier orden político mínimamente civilizado, es un albur muy especialmente en Cataluña e Islas Baleares.
- La transparencia de la gestión gubernamental, una exigencia moral legalmente soportada, no se respeta.
- La función pública está cada vez más colonizada por la política, así como las instituciones públicas y los entes reguladores independientes.
- Indultos a confesos culpables de graves delitos sobre una base legal decimonónica y contra el criterio de la Justicia.
- Todo un vicepresidente del gobierno, en presencia del presidente, declaró en sede parlamentaria que “no habrá ya lugar para una alternativa política de gobierno”.
- Como colofón: según el prestigioso ranking de The Economist, España ha dejado de ser una democracia plena para pasar a ser un democracia defectuosa.
Si en materia económica ya se ha puesto de manifiesto que España no hace sino alejarse de Europa, en el ámbito institucional sucede lo mismo, siendo palpable nuestra deriva reputacional, sin que todo ello parezca preocupar mínimamente a la sociedad civil.
Puesto que como escribió Julián Marías en los albores de nuestra Transición política, “España está en nuestras manos”, todavía podemos estar a tiempo –no mucho– de revertir la situación; algo que ciertos países hermanos de América dejaron de hacer y así les va, de mal.
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