No dejo de asombrarme escuchando o leyendo las propuestas de distintos economistas, sobre todo los escorados a la derecha, ante la que no está cayendo. En ciertos ámbitos, y no pocos, se empieza a exigir a España una política fiscal basada en la austeridad, aderezada con sus llamamientos al BCE para imponer tipos de interés más altos para frenar la inflación. El cacao mental sobre relaciones causales que rigen en las economías modernas demuestra, en primer lugar, que no han dado palo al agua en la última década. No se han leído la abundante evidencia académica existente sobre el papel de la deuda privada, deuda pública, el dinero, las consecuencias de la desregulación de ciertos mercados derivados, el aumento de poder de mercado de determinadas empresas en las economías occidentales…, o simplemente desconocen lo que son las balanzas sectoriales. En segundo lugar, como consecuencia, resulta tremendamente atrevido que lancen recomendaciones de política económica.
Desde el inicio de la Gran Recesión, los errores cometidos han sido diversos, desde la exigencia inicial de austeridad fiscal, pasando por un rescate bancario a costa de los contribuyentes, aderezado todo ello con la distopía derivada de una devaluación salarial y la incapacidad para entender las fuerzas deflacionistas presentes en aquel momento –y que se reactivarán si se implementan sus recomendaciones actuales-. Y ahora, para frenar una inflación de oferta -derivada exactamente de seguir sus recomendaciones-, su receta es aumentar el desempleo.
La burbuja inmobiliaria
Veamos un ejemplo de relación causa-efecto. Desde un punto de vista económico, la principal herencia que nos dejó el PP de Aznar, a modo de carga pesada, fue activar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, financiada por un ciclo de endeudamiento privado récord, que posteriormente el PSOE infló todavía más. Mientras duraba la ola de la burbuja todo parecía cuadrar, desde la actividad económica y generación de empleo, hasta los ingresos fiscales. Pero no dejaba de ser una mera ficción, una ilusión óptica. La historia ya nos avisaba de que una vez que se pincha una burbuja inmobiliaria, financiada con deuda privada, el empobrecimiento masivo de la población era una de sus consecuencias, aderezado en nuestro país, en ausencia de la dación en pago, con cientos de miles de desahucios.
Durante la Gran Recesión, el racionamiento del crédito se vio acompañado de un aumento de la colateralización con efectos duraderos significativos y adversos sobre el proceso de desapalancamiento y el crecimiento económico
En este ejemplo sencillo se desvela el papel clave de la deuda privada en las grandes crisis –Gran Depresión y Gran Recesión- ausente en el análisis de estos economistas. Desde estas líneas ya recomendamos en su momento dos artículos académicos. En uno de ellos, “Household debt and business cycles worldwide” publicado en 2017 en The Quarterly Journal of Economics, los autores, ortodoxos, afirman “Un aumento de la relación entre la deuda de los hogares y el PIB predice un menor crecimiento del PIB y mayor desempleo a medio plazo para un panel de 30 países desde 1960 hasta 2012”. Curioso, ¿verdad? En el segundo de ellos, “Persistence in the private debt-t -GDP ratio: evidence from 43 OECD countries”, publicado en julio de 2021, en Applied Economics, los autores investigan econométricamente la persistencia de la relación entre la deuda privada y el PIB en 43 países de la OCDE. En casi todos ellos, muy especialmente en España, se encuentra que dicha relación es altamente persistente. Ello sugiere efectos de larga duración de cualquier perturbación sobre la relación entre la deuda privada y el PIB. Por ejemplo, durante la Gran Recesión, el racionamiento del crédito se vio acompañado de un aumento de la colateralización con efectos duraderos significativos y adversos sobre el proceso de desapalancamiento y el crecimiento económico. Por lo tanto, concluyen los autores, es clave la política macro-prudencial como uno de los pilares de la política macroeconómica. En definitiva, otro artículo que validaba la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman Minsky.
¿Por qué estos economistas tan preocupados con la deuda pública no echan una ojeada a la deuda privada? Les facilito el trabajo. En un post de este año, “Private-Debt Risks Are Hiding in Plain Sight”, las economistas estadounidenses Carmen Reinhart y Leola Klapper nos recordaban los riesgos de impago de la deuda privada a nivel global.
Obsesión por la deuda pública
Quienes nunca han vigilado la deuda privada, porque aún no han entendido su papel desestabilizador, se obsesionan con la deuda pública, asignándoles unos males ficticios.
Dividamos la economía en tres sectores: sector privado nacional, formado por hogares y empresas (financieras y no financieras); sector público nacional que incluye todos los niveles gubernamentales (estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, y seguridad social); y resto del mundo (empresas, hogares y sectores públicos extranjeros). Hay un principio contable que se cumple siempre: si se suman los déficits en los que incurren uno o más sectores el resultado debe de ser igual a los superávits en los que incurren otro sector o sectores. Siguiendo a Wynne Godley obtenemos la siguiente ecuación:
Balance Privado Doméstico + Balance Público Doméstico + Balance Exterior = 0
Si un sector tiene superávit presupuestario por lo menos uno de los sectores tiene que incurrir en déficit presupuestario. En términos de variables stock para que un sector acumule patrimonio financiero neto al menos uno de los sectores tiene que aumentar su endeudamiento en la misma proporción. Es imposible que todos los sectores acumulen patrimonio financiero neto incurriendo en superávits financieros.
Los adalides de la austeridad fiscal afirman que unas cuentas públicas saneadas es síntoma de fortaleza económica y buen hacer. ¿De verdad? Si vamos a los datos de nuestro país, bajo este criterio, el segundo gobierno de Aznar con déficits públicos ridículos en el período 2001-2004, y el primer gobierno Zapatero, con los únicos superávits fiscales de nuestra historia reciente, 2005-2007, eran unos gobiernos estupendísimos en la gestión de lo público. Pero la realidad era otra, detrás de esos superávits, siguiendo los balances sectoriales, se escondía el drama que luego nos arrasó, el déficit privado escalofriante que se produjo en el período 2000-2007, por obra y gracia de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia económica -Piketty dixit-. Exactamente lo opuesto sucede desde el año 2008.
Para ver el impacto de la deuda pública en la economía, vayamos de nuevo a los datos. Para ello les refresco la memoria sobre un artículo académico que ya cité en estos lares y que echa por tierra los argumentos usados. En “Nonlinearities in the relationship between debt and growth:(no) evidence from over two centuries” publicado en 2019 en Macroeconomic Dynamics, el autor, en un análisis para 27 países, desarrollados y en vías de desarrollo, no encuentra pruebas de una relación de equilibrio a largo plazo entre la deuda pública y el crecimiento económico. Dado que una relación de equilibrio a largo plazo representa un requisito previo para cualquier causalidad a largo plazo entre ambas variables, ésta no existe.
El último párrafo del artículo dice: “Los resultados que se presentan en este documento socavan algunas de las conclusiones populares sobre este tema tan cargado de política que representan el ajuste fiscal como una necesidad para la estabilidad y la sostenibilidad económica a largo plazo..... En realidad, destaco la ausencia de pruebas de no linealidad, como el popular umbral del 90% de la deuda soberana en relación con el PIB, o de especificaciones polinómicas en la relación a largo plazo entre la deuda soberana y el crecimiento y desarrollo, que ha sido el objetivo explícito de la literatura empírica que cito y reviso”.
Los mercados de las materias primas
Pero no contentos con ello, doble taza, nos proponen una subida de tipos masiva para frenar la inflación. Dejen ya de dar la puñeta, y estudien un poco. La solución pasa por volver a regular los mercados de derivados de materias primas; luchar contra los excesos de la financiarización; terminar con el absurdo sistema marginalista de fijación del precio de la luz; y dotar a los organismos reguladores de la competencia con todos los instrumentos necesarios para su labor, incluidas la imposición de multas acordes con el daño causado por prácticas oligopolísticas, y, sobre todo, llegado el caso, trocear y vender negocios y unidades de empresas demasiado grandes para quebrar e imponer precios.
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