En 2017 no necesité mucho para convencer a unos amigos e ir a la manifestación convocada en Barcelona el día 8 de octubre por Sociedad Civil Catalana. Habían suspendido la convocatoria inicial del 30 de septiembre, cuyo fin era evitar el referéndum golpista del 1 de octubre, porque la Delegación del Gobierno en Cataluña se lo recomendó por no poder garantizar la seguridad de los asistentes. Nadie habla del clima de miedo, violencia y tensión que se vivió en Cataluña entonces. Planteé a mis amigos la importancia de llegar a Barcelona el día anterior y evitar el AVE, por si los CDR cortaban las vías del tren ante la convocatoria, tal y como habían amenazado. No sería la primera vez. Esos grupos terroristas callejeros, a los que ahora el PSOE también negocia sacarlos de la lista de organizaciones terroristas de la UE, estaban en perfecta coordinación con los líderes del alzamiento desde las instituciones autonómicas contra España y sus ciudadanos. Eran un tentáculo más del golpe, junto a TV3 y otras organizaciones como la ANC o las escuelas. Eran los dueños de las calles y autopistas, que tenían cortadas e incendiadas.
Ante nuestros ojos, no los de los medios de comunicación, vimos un clima en la calle en el que los futuros amnistiados buscaban esa chispa capaz de iniciar un enfrentamiento civil en España
Con una violencia callejera creciente e impune los mossos, un cuerpo policial armado de 17.000 miembros, protegían en su mayoría a los del Ku Klux Cat. La Cataluña silenciada pasó a ser la Cataluña atemorizada y encerrada en sus casas. El miedo, la angustia y la incertidumbre de tener que dejar tu vida de la noche a la mañana para salir de tu tierra y defender a tus hijos, para darles la oportunidad de una vida en paz, era la preocupación agobiante y constante que encogía el estómago y no abandonaba el sueño de ningún español no independentista en Cataluña. Ante nuestros ojos, no los de los medios de comunicación, vimos un clima en la calle en el que los futuros amnistiados buscaban esa chispa capaz de iniciar un enfrentamiento civil en España.
La manifestación del 8 de octubre de hace seis años cobró enorme fuerza y reunió un valor. Años de injusticia social, civil y días de tensión acumulada sacaron a la calle, con alegría y liberación, un millón de personas, en su mayoría de todos los rincones de Cataluña, para preservar su españolidad. Fue la salida al balcón de muchos españoles que habían vivido su identidad oculta durante décadas, soportando el desprecio en su propio país. La marabunta de ciudadanos españoles desordenados, libres, emocionados y hermanados en lo común clamaba por una justicia pacífica y democrática frente a los que ponían en juego la paz civil.
"¡Puigdemont, a prisión!" Quizá la amnistía comenzó entonces, con Josep Borrell al abroncarnos por pedir prisión para el líder del golpe. "Eso es cosa de los jueces, no de vosotros". Sabía cómo funciona el sistema y cómo se controlan ciertos órganos de la magistratura. Le espeluznaba que esa Cataluña, de cuya sumisión había vivido siendo un colaboracionista del PSC, decidiese ejercer su obligación de ciudadanos de ejercer su poder de control.
Los dos hechos traumáticos que marcan generaciones, el terrorismo de ETA y el Golpe de Estado del 2017 levantaron a los españoles y aunque tarde, fueron eficaces. Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco consiguieron que las ratas se escondieran en sus errikoalcantarillas y el 8 de octubre del 2017 provocó que Puigdemont huyese en el maletero de un coche días después, con el conocimiento del CNI, para no ser juzgado como reclamábamos los ciudadanos.
El 8 de octubre consiguió que el Gobierno de Rajoy. que nos abandonó, proclamase un 155 para convocar elecciones autonómicas, sin cerrar una sola de las estructuras del golpe, como si fuese un problema electoral y regional
Ambas respuestas del pueblo español fueron desactivadas por las élites políticas asustadas de perder su poder, que es nuestro, y usarlo de forma impune en contra de nosotros y la nación. El Pacto de Estella acabó con las movilizaciones protegiendo a Herri Batasuna por parte del PNV, esos que lloriquean ahora porque pueden perder la presidencia del País Vasco a manos de los cuervos que criaron. Y el 8 de octubre consiguió que el Gobierno de Rajoy. que nos abandonó, proclamase un 155 para convocar elecciones autonómicas, sin cerrar una sola de las estructuras del golpe, como si fuese un problema electoral y regional. Rajoy con el abandono de sus funciones fue el primero que colaboró con la impunidad de los golpistas.
La amnistía no se podría plantear si no se hubiese avanzado a plazos, hasta conducirla a sólo un paso para la consagración final. Empezó con la bronca de Borrell, siguió con un 155 testimonial, continuó con el Tribunal Supremo que no condenó a los líderes del golpe por rebelión sino por el más leve delito de sedición. Otro paso decisivo hacia la amnistía fue Pedro Sánchez al llegar al poder con los votos de los partidos que tenían a sus cúpulas en prisión pendientes de juicio por el peor delito contra la democracia. Si el golpe era un mero "problema judicial" para algunos, qué problema había. El siguiente paso fue el indulto a los condenados. Sólo queda ahora el último escalón para consolidar un régimen de castas impunes enemigas de la nación española.
La amnistía que concederá el PSOE es a los golpistas, a los etarras y a ellos mismos. Conceder la amnistía a todos los que buscaron llevarnos a un enfrentamiento civil es condenarnos a nosotros, a los españoles que salimos a la calle aquel 8 de octubre. Por eso, la manifestación de este domingo, seis años después, ha de convertirse en una de las grandes movilizaciones de España contra la impunidad. No cabe mirar al Congreso de los Diputados, vaciado de su condición de soberanía nacional y secuestrado por los enemigos de la nación que lideran el golpe final a nuestro estado de derecho con esta amnistía. No podemos permitirnos quedarnos en casa ni permitir que político alguno desactive la movilización que en estos momentos necesita España.
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