Me contó un profesor universitario que el primer día del curso, en la Facultad de la que era catedrático, le dijo a sus alumnos: “Todos ustedes saben quién soy yo. Pero yo no sé quiénes son ustedes. Así que me van a escribir en un folio la respuesta razonada a la siguiente pregunta: ¿Usted qué prefiere, la libertad o la seguridad?” La decepción asomaba por el rostro del profesor. El 89% de los alumnos preferían la seguridad.
En un artículo publicado en The Economist, titulado "¿Qué salió mal con la democracia?", el autor del escrito advertía a sus lectores sobre el resultado de un sondeo hecho por su periódico en el que se preguntaba: ¿Qué considera más importante, una buena democracia o una economía fuerte? El 20% se manifestó partidario de una buena democracia; el 80% prefería una economía fuerte.
Estos dos ejemplos intentan llamar la atención a aquellos que piensan que las democracias consolidadas son intocables y que ese sistema, tras la caída del Muro de Berlín, le va ganando la partida al absolutismo y a la dictadura. Y así fue al acabar la II Guerra Mundial. La democracia avanzaba por todo el planeta. En el año 2000, el 63% de la población mundial vivía en países democráticos.
¿Un techo o un derecho?
En estos momentos, la situación se está revolviendo en contra de la democracia. Los países emergentes están dando la espalda a la vieja Europa y al imperialismo norteamericano. Están poniendo sus ojos y sus anhelos en otros sistemas políticos que ofrecen resultados económicos superiores a los ofrecidos por el modelo democrático y de Bienestar Social. Alguien dijo, refiriéndose a esta dicotomía, que los habitantes de los países emergentes y de las zonas en las que el salario mensual apenas llega para satisfacer las mínimas necesidades alimenticias, que si tienen que decidir entre un techo o un derecho, prefieren lo primero a lo segundo. Antes un techo para vivir que un derecho para votar libremente.
La realidad de este mundo de siete mil millones de habitantes, y del que viene, con algo más de diez mil millones, según estimaciones de la ONU para el último tercio de este siglo, está dando la razón a quienes tememos que los regímenes políticos totalitarios (China, Corea del Norte, Vietnam), los de carácter autoritario (Rusia, Turquía, Indonesia), los fundamentalistas religiosos (Arabia, Irán, Irak) o las democracias populistas y caudillistas atravesadas por el crimen organizado y por el narcotráfico (Venezuela, Bolivia, Nicaragua) se mantengan alejados de la democracia y se proyecten hacia quienes, urgidos por la necesidad, valoren más los derechos económicos que los derechos políticos.
Otras maneras de fracasar
Y lo más novedoso es que el éxito de esta forma antidemocrática de gobierno no es la consecuencia de golpes de Estado de carácter militar sino que como dicen Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, “los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas. Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos (…) En la actualidad, el retroceso democrático empieza en la urnas”.
Tras la concesión de los indultos, el recién cesado ministro de Justicia afirmó que “no sabemos ni tenemos garantías de que esto vaya a salir bien”
Afortunadamente, desde hace 43 años, en España gozamos de un sistema democrático consolidado gracias a la Constitución de 1978. Quienes salieron elegidos en las urnas para gobernar una parte del territorio llevan años abusando de ese poder que le concedieron los ciudadanos para mantener el sueño imposible de la independencia de Cataluña. Ese sueño imposible comienza a abrir grietas en la democracia española. Tras la concesión, por el gobierno de España, del indulto a los penados secesionistas, el recién cesado ministro de Justicia español afirmó que “no sabemos ni tenemos garantías de que esto vaya a salir bien”. Debemos suponer que la palabra “esto” equivale al intento de evitar los torticeros caminos por los que quieren transitar los secesionistas. Para mí no existe la menor duda de que la independencia de Cataluña es una aventura condenada al fracaso. Cataluña se queda dentro de España de cuyo Estado formó parte desde sus inicios. Pero si el ministro de Justicia no tenía garantías de que “esto” vaya a salir bien, es porque podría salir mal. Y eso ¿qué significa?
Cataluña, se queda, pero no puede llevarse por delante la solvencia de la democracia española. Aunque una dictadura y una democracia se parecen en que en ambos sistemas existe un gobierno, en las dictaduras no existen otros poderes que garanticen la libertad. En democracia, al lado del gobierno, existe el Parlamento y el Poder Judicial. La democracia española no puede pagar el precio de debilitar los poderes del Estado o de ignorar los contrapoderes que los equilibran. No resulta entendible que los ciudadanos miremos para otro lado mientras que el Consejo General del Poder Judicial se encuentra varado sin que nadie sepa cómo ponerlo a navegar para que el Poder Judicial no ponga en jaque la credibilidad de nuestro sistema democrático. Tampoco se debe tolerar que el Tribunal Supremo quede desacreditado ante organismos internacionales. El Tribunal de Cuentas no pude ser sospechoso cuando pide cuentas a los secesionistas. El Estado Autonómico que creó el artículo 2 de la Constitución y desarrolló el Título VIII no encuentra acomodo para el bilateralismo que los independentistas -y otros que otean el horizonte para ver cuando atacar- pretenden como forma de debilitar al Estado. Si “esto” sale mal, la democracia, sus poderes y contrapoderes, los sindicatos y las organizaciones empresariales, el Estado de la Autonomías, el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial deben salir bien y seguir gozando de la credibilidad que necesita la democracia para seguir viva.
Cataluña se queda. Y la democracia debe seguir fortalecida o habremos perdido la libertad.
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