La sentencia.- En estos días hemos leído multitud de comentarios sobre la sentencia del procés. Unos razonables, y sustentados en un mínimo conocimiento del derecho penal, procesal y en las lagunas de ambos; otros, diría que la mayoría, superficiales, apresurados, y en no pocas ocasiones claramente sesgados. El ejercicio reflexivo de la crítica es un síntoma de madurez democrática; el reproche que tiene su origen en convicciones preconcebidas, o exclusivamente ideológicas, en la ignorancia premeditada, distorsiona la realidad y daña innecesariamente la credibilidad de las instituciones concernidas.
Ninguna amonestación, por muy relevante que sea quien la manifieste, de viva voz o por escrito, puede pretender estar a la altura de los argumentos enunciados en quinientas páginas por siete magistrados experimentados que probablemente conocen los hechos juzgados mejor que aquellos que los protagonizaron. Siete jueces cuyo pecado, en todo caso, ha sido el de conjugar la interpretación de las leyes con el interés general, sin atender a otros fines que no fueran los relacionados con una cautelosa y proporcional aplicación de la justicia.
Producen sonrojo algunas opiniones críticas con la sentencia que, agitando los más primarios atavismos, lo único que persiguen es una indecente rentabilidad electoral
Como ha dejado dicho en El Correo Antonio Rivera, “la sentencia es la mejor para todos, salvo para los incendiarios de cada parte”. Y como ha escrito Guadalupe Sánchez en este periódico, “si a pesar de todas las señales de alerta el bipartidismo fue incapaz de blindar penalmente la salvaguarda del orden constitucional con la tipificación del delito de rebelión impropia, es el turno ahora de los españoles de reprochárselo en las urnas, en lugar de caer en la trampa recurrente que nos tienden para que señalemos a los tribunales”.
Antes del 10-N.- La discrepancia jurídica es más que admisible: es necesaria y enriquecedora. Lo que produce sonrojo son aquellas opiniones abiertamente críticas que, agitando los más primarios atavismos, lo único que persiguen es una infame rentabilidad política y electoral. En este sentido, la proximidad de la cita electoral del 10 de noviembre facilita la distorsión de la verdad judicial, incita a la utilización partidaria de los aspectos más incomprensibles de la sentencia -por su complejidad técnica- y amenaza con realimentar la incapacidad de las formaciones constitucionalistas para responder de forma unánime al órdago independentista.
Flota en el ambiente el miedo a que el impacto de la sentencia altere las previsiones electorales. Miedo sustentado en la desconfianza acumulada, en la sospecha de que unos y otros terminen claudicando ante la tentación de obtener rédito político de la barbarie de la que son cómplices los dirigentes secesionistas; miedo a que se alimente una artificial espiral de psicosis que acabe sedimentando en un excepcional apoyo a Vox; miedo a la utilización de los medios de comunicación públicos (y también privados) para que expandan la distorsionada imagen de una Cataluña irreductible que sólo un ángel flamígero aficionado al baloncesto estaría en disposición de someter.
Los acontecimientos de esta semana han situado al sector mayoritario del independentismo, el que lidera Oriol Junqueras, en una posición de gran incomodidad
No niego que haya fundadas razones para no confiar plenamente en un Pedro Sánchez que ajusta su criterio a las circunstancias de cada momento y que, sobre Cataluña, viene modulando sus declaraciones conforme se acerca la cita en las urnas. Pero no es el momento de agrandar la brecha entre Oposición y Gobierno. Lo que esperan los españoles de los dirigentes constitucionalistas es generosidad e inteligencia. Generosidad para desechar cualquier utilización ventajista del ‘caso catalán’; inteligencia para huir de la precipitación y utilizar los recursos extraordinarios del Estado a su debido tiempo, no cuando decidan los que desde la sombra manejan los hilos del mal llamado Tsunami Democrático.
Después del 10-N.- A fecha de hoy, el panorama es preocupante, pero nada tiene que ver con el dramatismo que dibujan los extremos de los que hablaba mi amigo Rivera (Antonio), ni la sensación de caos que proyectan ciertos medios de comunicación que, subidos a un patético e inacabable carrusel de reiterativas conexiones en directo, lo único que consiguen es adaptar sus programaciones al guion previamente fijado por los radicales. Es más, los acontecimientos de esta semana han situado al sector mayoritario del independentismo, el que lidera Oriol Junqueras, en una posición de gran incomodidad. Al jefe de Esquerra la violencia no le viene nada bien. Conviene recordar que los beneficios penitenciarios dependen de la autorización del Supremo, y cada contenedor quemado es una llave que se cierra.
En este momento, las Fuerzas de Seguridad no han identificado ningún elemento que recomiende la activación de la Ley de Seguridad Nacional. Al contrario, lo que transmiten a sus superiores policías y guardias civiles es que la coordinación con los Mossos está funcionando a la perfección. Ciertamente, todo puede cambiar en unas horas, pero conviene no perder de vista la perspectiva antes de tomar decisiones trascendentes. Y es que la gran frustración del independentismo es no haber seducido a nadie fuera de Cataluña. Europa le ha vuelto a dar la espalda, y únicamente un grave error del Estado, una precipitación de consecuencias indeseadas -el muerto, por ejemplo, que está buscando el independentismo radical-, reengancharía al secesionismo a una, hoy inexistente, corriente de solidaridad internacional.
El panorama es preocupante, pero muy alejado del patético e inacabable carrusel de conexiones reiterativas en directo al que se han subido algunos medios de comunicación
Quim Torra y Puigdemont son un peligro. De eso hay poca duda. Conscientes de que su margen de maniobra puede verse muy mermado tras la próxima cita con las urnas, parecen dispuestos a jugar al todo o nada. El Gobierno tiene sólidos indicios de que están detrás de esta oleada de violencia organizada. Pero la información de inteligencia no tiene valor probatorio. Hasta que se verifique por otras vías. Todo se andará, pero con garantías. Habrá un antes y un después del 10-N. En lo político y en lo judicial. Conoceremos noticias muy relevantes procedentes de la Audiencia Nacional. Y asistiremos a la transfiguración, entre otros, de Junqueras y Gabriel Rufián.
El Tribunal Supremo ha dejado la puerta entreabierta, y no hay debilidad en una decisión que concilia condenas nada livianas con la invitación a que, una vez establecidos los límites penales, sean otras instancias las que rescaten el uso de la política y lideren el irrenunciable proceso de recuperación de las libertades y de la convivencia en Cataluña. Sin atajos. Desde la legitimidad de una democracia consolidada que ha demostrado, sin el menor asomo de duda, el perfecto funcionamiento del sistema de separación de poderes. Ese es el único camino.
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