Silencio. A nadie parece interesarle, y sin embargo puede tener consecuencias más graves que la reforma del delito de sedición o las derivadas de la negligente ley del “sí es sí”. Estas calamidades pueden revertirse. Al menos en parte. No así aquellas decisiones que apuntalan un modelo arbitrario, sin vuelta atrás, como el “proceso de estabilización” de interinos ordenado por una ley “tramposa” (ver postdata) y abierto en el ámbito educativo no universitario. Un proceso que roza la inconstitucionalidad y consolida la división de los españoles en dos categorías; o peor aún.
Pero no se escucha una voz. El Gobierno calla porque ha pactado mirar para otro lado, cuando no es parte interesada; la Oposición porque está en el plazo corto, en el titular de mañana, y no acaba de dibujar con nitidez un proyecto global de país, cuando no es también parte interesada. Solo un sindicato se ha atrevido a alzar la voz, aunque no lo ha hecho precisamente para defender la igualdad de oportunidades, ni para rechazar el descomunal nepotismo al que estamos asistiendo sin rechistar.
Empecemos por esto último; por lo de los españoles de primera y de segunda. De lo que se queja la CGT, que es el sindicato en cuestión, es de que los interinos que aspiran a consolidar plaza en Cataluña, fundamentalmente maestros (5.683 plazas) y profesores de enseñanza secundaria (6.285), tengan que superar nuevas pruebas que acrediten su capacitación en lugar de que se les adjudique casi automáticamente el puesto de por vida gracias a la antigüedad, esto es, por haber calentado durante años una silla a la que accedieron, en muchos casos, solo porque cumplían con los requisitos exigidos al buen catalán.
Cataluña se dispone a otorgar la condición de funcionarios a 12.859 docentes (también en las áreas de formación profesional, escuelas oficiales de idiomas y artes plásticas y diseño), ya lo pagará alguien, en el marco del concurso de méritos para la estabilización de interinos. La lista de preadmitidos se publicó el pasado 9 de noviembre. Quedaron excluidos 4.079 candidatos. Los baremos utilizados para este primer corte otorgan a la “experiencia” (léase antigüedad) la mayor puntuación, 7 puntos, con un peso muy superior al que recomiendan expertos como Gary Hamel, que sitúan otras aptitudes muy por delante de aquella.
El concurso de méritos diseñado por la Generalitat apenas disimula el objetivo de consolidar en sus puestos a quienes antes que maestros son activistas y sitúan el adoctrinamiento por encima de la vocación formativa
La convocatoria del Departamento de Educación de la Generalitat parece hecha a medida. Obviamente, una de las principales exigencias para poder a acceder a las plazas convocadas es la de un alto conocimiento del catalán. Nivel C1. Condición normalizada en las comunidades con dos lenguas cooficiales, pero discutible desde la perspectiva del principio de igualdad en un concurso al que, según la letra de la Resolución EDU/2563/2022, tiene derecho a concurrir cualquier ciudadano de la Unión Europea, incluidos, mal que les pese a algunos, todos los españoles “en edad para poder acceder a la función pública”.
Entre el conocimiento de una lengua como factor de exclusión o atributo de legítima ventaja, se elige lo primero. Segunda diferencia, esta más llamativa: la fecha en la que se publicó la convocatoria. El 16 de agosto. Plazo para la presentación de solicitudes: 20 días hábiles. Como si buscaran que el aviso quedara en casa; que solo los prevenidos tuvieran opción de competir; que nadie de fuera se enterara, ni siquiera los que fuera de Cataluña se manejan en la lengua catalana, como los nativos que decidieron vivir en otros lugares o los catalanoparlantes de Baleares o Comunidad Valenciana. Agosticidad y alevosía. Está más que justificada la sospecha de que con esta intempestiva citación lo que se ha buscado es impedir el acceso a las aulas catalanas de profesionales no alineados con el pensamiento único que dicta el nacionalismo.
30 años de metódica ocupación de las aulas
En los 90 del siglo pasado, Jordi Pujol, 23 años al frente de la Generalitat, activó un plan cuyo objetivo era “impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes”. Ingeniería social. Lo llamó “Programa 2000”, y en el documento que lo desarrollaba, 33 páginas, se fijaba como objetivo diseñar “un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales”, conminando a “editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, etcétera, de Cataluña y de los Países Catalanes”. Para la “elaboración y difusión” de estos libros, se recomendaba llegar a acuerdos con las editoriales, “con subvenciones si es necesario”.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos de la Generalitat no han cesado de aplicar aquellas instrucciones. Más de treinta años de silenciosa y metódica ocupación de las aulas por profesores de contrastado “sentimiento nacional”. Para satisfacción de Oriol Junqueras, desde hace tiempo convencido de que la Educación es la clave para ampliar la base social favorable a la independencia, la convocatoria de agosto es un paso más en la buena dirección.
La convocatoria del concurso de méritos para cubrir plazas en la enseñanza, tal y como la ha diseñado la Generalitat de Junqueras, no cumple con las exigencias de imparcialidad que promueve la Unión Europea (que no ha reclamado la consolidación en las plazas de aquellos que las ocupan interinamente, sino la reducción de la elevada temporalidad), no permite la concurrencia en condiciones de igualdad, confunde premeditadamente experiencia con antigüedad y busca con descaro apenas disimulado la consolidación en sus puestos de quienes antes que maestros son activistas y sitúan el adoctrinamiento por encima de la vocación formativa (Aclaración: por supuesto que hay interinos, y no pocos, que se han dejado la vida, tiene la preparación adecuada y merecen la plaza).
Con la intempestiva convocatoria, 16 de agosto, parece que lo que se ha buscado es impedir el acceso a las aulas catalanas de profesionales de otros territorios y aquellos no alineados con el pensamiento único que dicta el nacionalismo]
La Generalitat de Cataluña (7,5 millones de habitantes) sacaba a concurso de méritos, el 16 de agosto de 2022, 12.859 plazas de maestros y profesores. Ni más ni menos (ya lo pagará alguien). Otras trece comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana), más Ceuta y Melilla, de acuerdo con la ley de Régimen Jurídico del Sector Público que promueve la “cooperación interadministrativa”, han publicado en este mes de noviembre sendos concursos de méritos para reducir la temporalidad en el sector público. Andalucía (8,5 millones de habitantes) sacó a concurso 3.287 plazas.
La Comunidad Valenciana (5 millones de habitantes) 7.555 vacantes. La Comunidad de Madrid (6,6 millones de habitantes) 1.408. Galicia (2,7 millones de habitantes) 125. Por citar algunas. Todas ellas lo hicieron de común acuerdo, para facilitar la movilidad interterritorial. Los que no hayan pasado el corte en Cataluña podrán optar a las plazas en el resto de España. Los que sean excluidos en Andalucía, Valencia, Madrid, Galicia, etcétera, no tendrán la opción de hacer lo propio en Cataluña.
¿Iguales ante la ley? ¿Va a hacer alguien algo al respecto?
La postdata / De interinos a privilegiados
“De regulaciones legislativas propias del compadreo parlamentario y del populismo barato salen enunciados normativos o legales de estructura tan abierta que se aproximan a monstruos legales que prácticamente todo lo admiten (…), vaciando la Constitución, así como la Ley, y dejando en manos de espurias negociaciones sindicales entre bambalinas la comisión de atropellos indiscriminados de derechos ciudadanos fundamentales”.
Muy serio se ha puesto mi admirado Rafael Jiménez Asensio. Lo que describe con prolija precisión en tres artículos publicados en Hay Derecho (aquí, aquí y aquí) son las probables consecuencias de la tramposa Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, diseñada para “aplantillar definitivamente por decisión legal, mediante convocatorias convenientemente trufadas en sus bases, a centenares de miles de empleados públicos temporales sin exigir conocimiento alguno o aflojando tanto las exigencias de acceso que incluso no superando ninguna de las pruebas selectivas se pueda -como expuso el profesor Alejandro Nieto- ‘atravesar el Jordan y besar la Tierra Prometida’; esto es, obtener la ansiada plaza de por vida”.
Jiménez Asensio denuncia “el riesgo evidente de que, con estos procesos excepcionales en cadena de estabilización a la brava, la función pública se nutra en buena medida de personas dóciles con el poder, que sean más permeables a presiones políticas. Votantes eternos de aquellos a quienes siempre deberán su tranquilidad futura. Si así fuera, el desastre sería mayúsculo y sus efectos letales”. Y sigue: “Mediante tales procesos de estabilización, se van a convocar decenas de miles de plazas (por ejemplo, de auxiliares administrativos, administrativos o de actividades de tramitación o gestión), que dentro de muy pocos años (o pasado mañana) ya no dispondrán de tareas efectivas; pero ahí estarán las plazas (puestos o dotaciones) enquistadas para siempre (con los impactos presupuestarios que ello comportará)”.
Pero lo que más sorprende al brillante profesor y jurista es que una ley hecha a medida de los que ya ocupan los empleos públicos que salen a “concurso”, que contraviene abiertamente los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución (“Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”) al impedir que ningún ciudadano sin experiencia previa en la Administración pueda ni remotamente aspirar a acceder a las plazas convocadas, no haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por ninguno de los órganos legitimados para hacerlo (especialmente bochornosa es la pasividad del Defensor del Pueblo).
Bueno, le sorprende, pero menos. Porque como él mismo apunta, hay que considerar “el pánico político al coste electoral que ello [el recurso de inconstitucionalidad] comportaría (estamos hablando de millones de votos entre los beneficiarios directos por el regalo legislativo y sus familiares)”.
(*) De modo excepcional, y siguiendo un principio básico de oportunidad, he creído oportuno repetir la postdata que ya publiqué en esta misma columna el pasado 26 de mayo, que más allá del particular caso de Cataluña pone de manifiesto un riesgo transversal a todos los territorios e interpela a la totalidad de partidos políticos con poder en las distintas administraciones.
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