¿Se puede combatir la desinformación con respeto a la libertad de expresión? La respuesta es afirmativa. ¿Es así es como lo está haciendo el Gobierno? Desde luego que no. Introducir preguntas capciosas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas o usar a la Guardia Civil para perseguir bulos no son maneras de una sociedad democrática. Con estas acciones el gobierno atemoriza a quienes ejercen la libertad de expresión.
El trabajo de la Benemérita es perseguir delitos, no buscar bulos y fake news “susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. El concepto de noticias falsas es utilizado por algunos dirigentes políticos, como Trump o nuestro gobierno, con el fin de descartar la cobertura de noticias que consideran perjudiciales para sus intereses particulares. Los bulos no tienen nada que ver con los problemas derivados de la creación y difusión on line de contenido ilegal (como la difamación, el discurso de odio o la incitación a la violencia), que sí son delitos y están sujetos a las leyes, ni tampoco con otras formas de distorsión deliberada de los hechos, pero no engañosa, como la sátira y la parodia.
El término fake news es impreciso y puede ser usado por parte de los políticos como azote para criticar a los medios y a las plataformas. Algunos dirigentes utilizan el argumento de los bulos para desprestigiar las críticas de los medios de comunicación, reforzar opiniones y “entretener” a la ciudadanía.
La revolución digital ha traído consigo una crisis en los medios de comunicación tradicionales que junto a la crisis de la democracia representativa y el ascenso de los populismos da lugar a una desintermediación entre los ciudadanos y la política. Esta situación genera un terreno bien abonado para que pueda crecer la desinformación. Un fenómeno que no es nuevo pero la implantación masiva de las redes sociales ha aumentado su velocidad de propagación y su alcance a niveles imprevisibles. El 97% de los europeos afirma haber estado expuesto a noticias falsas.
Las plataformas digitales, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, no tienen responsabilidad editorial sobre los contenidos que circulan por sus redes sociales
Las plataformas digitales, que son un buen semillero de fake news, combinan un modelo de negocio basado en la publicidad con los algoritmos que emplean para recomendar noticias y el marco legal que les exime de cualquier responsabilidad respecto de esos contenidos. La viralidad de las noticias falsas genera mucho tráfico y enorme atención de los usuarios en las plataformas, lo que permite rentabilizar al máximo la publicidad. Es el modelo de negocio de Google y Facebook, pero también influye en los medios tradicionales de calidad que terminan contagiándose. Sin embargo, las plataformas, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, no tienen responsabilidad editorial sobre los contenidos que circulan por sus redes sociales.
Nos preguntábamos al inicio este artículo, si se puede combatir la desinformación sin necesidad de censuras. Desde luego que es posible sin coartar la libertad de expresión y para ello lo óptimo es la autorregulación. Así se está haciendo en la UE donde las plataformas on line se someten al cumplimiento voluntario de Códigos de Buenas Prácticas antes que regular el fenómeno de las fake news para evitar la represión ideológica o problemas de censura que sería contradictorio con los valores europeos. Como señala el profesor Alemanno, las leyes para evitar noticias falsas no son la solución pues cuando el juez está listo para actuar, ya es demasiado tarde y la historia se ha vuelto viral e incluso pueden agravarse las causas del fenómeno. Sería mejor que las redes sociales invitasen a sus usuarios a tener un acceso más fácil a perspectivas e información adicionales, incluidos artículos de verificadores de hechos. El Código autorregulatorio debería ampliarse a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, que también se utilizan para difundir bulos y cuya problemática es más compleja ya que son mensajes de carácter privado y, a menudo, compartidos por particulares.
Programas educativos
Para mejorar evitar los bulos también habría que mejorar la transparencia de los gobiernos y evitar la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación. De cara a los ciudadanos se pueden poner en marcha de campañas de alfabetización mediática, con programas que enseñen habilidades críticas de investigación e información, iniciativas periodísticas que intenten ayudar al público a navegar por sus ecosistemas de información o educadores que enseñen habilidades de verificación de hechos. Mejor prevenir, que ejercer la censura.
