¿Qué hace un Estado educando –adoctrinando– a la gente e invadiendo la patria potestad de los padres, inculcando valores morales ahistóricos además de perversos y negando una exigente preparación en contenidos que dispongan a nuestro niños y jóvenes para enfrentase a la vida armados de recursos para progresar por sí mismos al margen de la misericordia socialista?

Históricamente, la presencia del Estado en la educación comenzó a estar basada en la aportación de medios materiales y económicos que la hicieran posible a nivel municipal. En las sociedades abiertas las cosas se mantuvieron así, pero con la llegada del socialismo democrático al poder y no digamos en los países comunistas, la ideología política entró en la educación para crear un “hombre nuevo” en dos versiones: la de la URSS, magistralmente narrada por la premio Nobel, Svetlana Aleksiévich en su libro El fin del hombre soviético”y la socialista actual de España, orientada a expulsar de la conducta de los niños y jóvenes las capacidades personales para buscarse la vida por sí mismos, con la oscura intención de captarlos para la dependencia y por tanto la sumisión electoral al socialismo.

El totalitarismo educativo de nuestro tiempo no solo es socialista, el nacionalismo catalán ha llegado aún más lejos: la prohibición de la lengua, que además de materna es la oficial del Estado, que según nuestra Constitución “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Frente a la evidente y ampliamente compartida mala educación española, y mientras un próximo gobierno trata, o no, de arreglar las cosas en toda España, incluida obviamente Cataluña, el más efectivo remedio es la implantación del cheque escolar. De este modo, los padres pueden elegir libremente la educación de sus hijos, de suerte que los que libre y tristemente quieran seguir adoptando la cultura educativa socialista lo puedan seguir haciendo, pero los padres que aspiren a un futuro mejor para sus hijos puedan elegir, también libremente, por una educación privada a su elección.

Si se implantará el cheque escolar o bien se devolviera fiscalmente a las familias que no usen la educación pública su coste, todos saldríamos ganando:

• Se implantaría la libertad de los padres en la elección de la educación de sus hijos.
• Se generaría una verdadera igualdad de oportunidades.
• Se crearía una sana competencia entre los dos tipos de enseñanza, que en el caso de Suecia cada vez favorece más a la enseñanza privada.
• Los más beneficiados serían los hijos de las familias menos “pudientes”, pues podrían optar por una educación privada exigente y de calidad, en vez de estar condenados a una cara y mala educación pública.
• Mejorarían los resultados escolares y España podría abandonar la cola de los ranking educativos.
• El empleo se vería revitalizado con una oferta laboral más capacitada.

En España gastamos en educación pública tanto o más que países como Finlandia y Corea del Sur que lideran los ranking de calidad educativa

Así mismo, la educación en Cataluña regresaría a la normalidad, sin necesidad de actuación de la justicia ni de implantar el artículo 155 de la constitución. Los padres podrían elegir centro de enseñanza a su libre albedrío. En España gastamos en educación pública tanto o más que países como Finlandia y Corea del Sur que lideran los ranking de calidad educativa, mientras que nosotros estamos en la cola. El Estado español es menos eficiente en el gasto público que la mayoría de los países de la OCDE y como es natural, aún mucho menos que las empresas privadas. Sin embargo los progresistas solo hablan del gasto sin hacerse cargo de la eficiencia de su uso.

Como es imposible que los socialistas de todos los partidos entren en razón en el uso de los recursos públicos, el único remedio seguro es que los ciudadanos que lo deseen puedan decidir libremente acerca de ello. En Suecia, tras su dramática crisis de los años noventa del pasado siglo como consecuencia de sus desvaríos socialistas, han llevado a cabo reformas en el gasto publico tan racionales como satisfactorias desde el punto de vista de sus resultados.

Desde 1992, Suecia abrió a la competencia público-privada la educación. Las consecuencias no han podido ser más positivas en tres ámbitos:

• Devolución al ciudadano de su libertad de elección, previamente secuestrada por los gobiernos.
• Libre competencia, crecientemente favorable a la educación privada frente a la pública.
• Mejora de los resultados escolares.

Reforma de la función pública

¿Alguien tiene noticia de que algún progresista español se haya hecho cargo de esta exitosa experiencia socialdemócrata?

La libertad sueca en el uso del gasto público, que también tienen extendida a la Sanidad, está asociada a otra reforma crucial: la función pública –con algunas excepciones como la justicia, la seguridad y la defensa– no disfruta de más derechos que el resto de trabajadores, incluido el despido del puesto de trabajo. De este modo, tanto en educación como en sanidad, el éxito de las actividades privadas se nutre de exempleados públicos que se quedan sin trabajo por la libre y muy democrática decisión de los ciudadanos.

Después de todo lo dicho, llama la atención que ninguna fuerza política plantee abiertamente la posibilidad del uso del cheque escolar cuando sus ventajas, no solo son lógicamente evidentes, sino que además están empíricamente contrastadas con éxito en un país tan reputado como Suecia.

La explicación hace mucho que nos la descubrió Hayek: en todos los partidos políticos hay socialistas, que incapaces de mirar para otro lado que el engrandecimiento del Estado –es decir de ellos, sus administradores– no pierden el tiempo en pensar ni actuar para disminuir su dimensión y aumentar su eficacia.

Pero una sociedad civil despierta y responsable tiene motivos de sobra para enviar señales a todos los políticos en una doble dirección: la reducción de las cargas impositivas que constriñen la creación de riqueza y empleo y la mejora sustancial y permanente de la gestión del gasto público, comenzando por el cheque escolar.

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