Hace tres años y medio Chile se embarcó en un ambicioso proceso constituyente. Desde entonces todo ha sido un ir y venir incesante de asambleas, elecciones y plebiscitos. Cuesta, de hecho, seguir el ritmo de los acontecimientos porque ha llegado a complicarse bastante. Los historiadores del futuro harán bien en denominar este periodo de la historia de Chile como la de las tribulaciones constitucionales, porque ese mismo, la tribulación, es lo que preside la vida política del país desde que en diciembre de 2019 el entonces presidente Sebastián Piñera puso en marcha esto de forma un tanto temeraria.
Todo empezó con una ola de manifestaciones conocidas de forma genérica como “estallido social”, que sacudieron Chile entre octubre y noviembre de 2019. Comenzaron el 18 de octubre y su disparador fue una cuestión menor, el precio del billete del Metro de Santiago, que el Gobierno había subido días antes. Algunos viajeros empezaron a saltarse los tornos de acceso y eso derivó en manifestaciones que devinieron muy violentas durante el mes de noviembre. A la vuelta de unas semanas la situación se le había ido de las manos al Gobierno. Millones de personas salieron a la calle a manifestarse, no ya tanto por las tarifas del metro, sino un poco por todo: porque ganaban poco y no llegaban a fin de mes, porque la sanidad y la educación eran malas, por la corrupción política y un sinfín de demandas que fueron apareciendo, entre ellas la dimisión del presidente Sebastián Piñera, elegido dos años antes para un segundo mandato presidencial tras el que ya había disfrutado entre 2010 y 2014.
La constitución que se promulgó en 1980 y entró en vigor en 1981 se parece muy poco a la actual, pero la derecha chilena quedó paralizada ante el alcance y la violencia de las protestas
Uno de los reclamos de los manifestantes era elaborar una nueva constitución que sustituyese a la actual, promulgada en 1980 cuando gobernaba Augusto Pinochet. La constitución, a la que calificaban de pinochetista, ha sido reformada en 62 ocasiones. Algunas de esas reformas fueron muy ambiciosas como la que se hizo en 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos. En resumen, que la constitución que se promulgó en 1980 y entró en vigor en 1981 se parece muy poco a la actual, pero la derecha chilena quedó paralizada ante el alcance y la violencia de las protestas. El presidente Piñera decidió ponerse a favor de la corriente y aceptó abrir un proceso constituyente del que saliese una constitución de nuevo cuño.
El 24 de diciembre de 2019 fue publicada la reforma constitucional, unos días más tarde se convocó el plebiscito para el 26 de abril de 2020. Ese día los chilenos decidirían la composición de la convención constitucional. Había dos posibilidades: o elegirla completamente, o que la mitad se eligiesen a tal efecto y la otra mitad fuesen congresistas ya electos. Pero se presentó la pandemia y en Chile, como en casi todo el mundo, confinaron a la población así que el plebiscito se aplazó hasta el 25 de octubre. Los chilenos se decantaron finalmente por una convención completamente nueva sin vínculos con la Cámara de Diputados y el Senado.
Se convocaron entonces elecciones para la convención constitucional, que estaría formada por 155 representantes. Esta convención se votó entre el 15 y el 16 de mayo de 2021 y la izquierda se hizo con ella de forma abrumadora. En julio de 2021 comenzaron sus sesiones, tenían un máximo de 9 meses para redactar la nueva constitución con posibilidad de prorrogarlo tres meses más si era necesario. Para julio de 2022 como muy tarde tenía que estar listo el documento que se sometería a referéndum. Éste se celebró el 4 de septiembre y, para sorpresa de propios y extraños, la nueva Constitución fue rechazada de forma mayoritaria por los votantes. Dijeron que no el 61,8% y la aprobaron el 38,1%. Eso tiraba por tierra los dos años de trabajo previo y dejaba el proceso en el limbo. Entre medias se habían celebrado elecciones presidenciales. La izquierda ganó con Gabriel Boric, que obtuvo el 55% de los votos en segunda vuelta frente a José Antonio Kast, que se quedó en el 45%. La sorpresa era Kast, un candidato que ya se había presentado en 2017 y que no había llegado al 8%.
Habían pasado ya casi tres años del estallido social y muchos chilenos estaban hartos de tanto extremismo izquierdista
El votante chileno es proclive a la moderación, pero la radicalización en las posturas de la izquierda trajo inevitablemente una radicalización en las posturas de la derecha. Ahí fue donde Kast, un candidato minoritario hasta ese momento, se convirtió en alternativa y contraparte a la izquierda encarnada en Gabriel Boric. La primera victoria de Kast no fue, por lo tanto, la del pasado domingo, sino la del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Se pudo constatar que había cambiado el ciclo. Habían pasado ya casi tres años del estallido social y muchos chilenos estaban hartos de tanto extremismo izquierdista. La constitución alumbrada por la convención era muy maximalista en términos económicos, políticos y sociales. Suponía, de hecho, una reinvención de la república de Chile que, para qué engañarse, es uno de los escasos casos de éxito en Sudamérica. A eso una mayoría de chilenos no querían renunciar para embarcarse en un experimento de resultado incierto. Muchos de ellos querían una reforma constitucional, incluso una nueva constitución, pero no esa constitución
En diciembre, los partidos con representación en el congreso alcanzaron un acuerdo para reimpulsar el proceso con la creación de un Consejo Constitucional formado por 50 representantes elegidos por sufragio universal. Acordaron que la elección de este consejo se realizaría el 7 de mayo. La mayor parte de encuestas daban empate entre la coalición de izquierdas (Unidad para Chile) y la de centro-derecha (Chile Seguro) dejando en tercer lugar a corta distancia al Partido Republicano de José Antonio Kast. Boric sabía que no lo iban a tener tan fácil como en la ocasión anterior, que esta vez la derecha venía fuerte porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ahora es la izquierda la que está en el poder. Lo que seguramente no se esperaba es el costalazo que se terminaron dando. El centro-derecha consiguió las tres quintas partes del consejo y eso les permitirá hacer una Constitución a su antojo junto a una comisión de 51 expertos constitucionalistas designados por la Cámara de Diputados y el Senado.
Uno de los problemas que tuvo la primera convención constitucional fue que la mayoría de izquierda ignoró a los delegados de derecha
Teniendo en cuenta que la mayoría del consejo está formado por partidos que nunca quisieron cambiar la constitución y que los expertos están designados por el Congreso donde la oposición tiene mayoría, es probable que de ahí salga una constitución muy similar a la que tienen ahora e incluso en algunos aspectos algo más conservadora. Esto último no es eliminable ya que el domingo el gran ganador fue el Partido Republicano, un firme partidario de la actual constitución que tendrá 23 delegados en el consejo constitucional, lo que lo convierte en el grupo más numeroso. El Partido Republicano es la principal oposición al Gobierno de Gabriel Boric desde que tomó posesión en marzo de 2022. Desde entonces el presidente no ha hecho más que patinar. La economía va de mal en peor, la delincuencia se ha disparado y ninguna de las promesas de la campaña electoral se han materializado.
Es normal que se viese tan contento a Kast el domingo por la noche al finalizar el recuento. Dijo que Chile había derrotado a un Gobierno fallido y que esta derrota era premonitoria sobre el futuro que le espera a la izquierda. A Boric se le veía dolido, pero parece que ha aprendido la lección. Uno de los problemas que tuvo la primera convención constitucional fue que la mayoría de izquierda ignoró a los delegados de derecha. Eso Boric tuvo que reconocerlo, dijo que el proceso fracasó porque no supieron escuchar a los que piensan diferente para, acto seguido, dirigirse a Kast y pedirle que no cometa el mismo error.
La necesidad de las concesiones
En esto Boric tiene razón. Una constitución es algo serio, no se trata de una ley orgánica que se pueda derogar unos años después, es la ley fundamental y debe de tener voluntad de permanencia durante un periodo muy largo de tiempo. Para conseguirlo es necesario que todos o casi todos se sientan incluidos. De un lado y del otro han de ceder, de nada sirven los maximalismos porque entonces se producirá el efecto péndulo. La mayoría del consejo constitucional tiene la obligación de escuchar a sus oponentes y ceder en algunos puntos para que cuando la presenten ante los chilenos para un nuevo plebiscito puedan decir que es obra de todos, no de sólo una parte. De lo contrario existe el riesgo de que los votantes vuelvan a rechazarla como ocurrió el año pasado.
Bastaría con que se pareciese mucho a la que está en vigor para que la rechazasen. Pero es que tampoco valdría un aprobado por los pelos. Una Constitución debe de tener el respaldo de una mayoría muy amplia. La Constitución española de 1978, por ejemplo, se sometió a referéndum y casi el 92% votó a favor. En el propio Chile, en 1989 se celebró un referéndum para aprobar la primera gran reforma constitucional consensuada entre el Gobierno y todos los partidos políticos: el 91% votó a favor de la reforma. A menos de eso, del 80%-90%, no deberían aspirar los constituyentes chilenos. Necesitan un acuerdo como el del 89. Eso implica que ambas partes tendrán que hacer concesiones. De lo contrario tendremos proceso constitucional en Chile hasta el día del juicio final.
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