El debate final de los tres jueces, en el filme ¿Vencedores o vencidos? (Juicio de Nuremberg, 1962), se polariza en dos posiciones opuestas sobre la conducta de jueces alemanes durante el nazismo: la exculpación basada en argumentos políticos del juez Curtiss, y la defendida por el presidente, el juez Haywood (Spencer Tracy), que los rebatió apelando al principio ético sin el cual no hay vida civilizada: la responsabilidad por los propios actos. Haywood le espeta al juez Curtiss, “tendrá que demostrarme que los hombres no son responsables de sus actos”. Sitúa el debate en el plano objetivo de la conciencia humana ante la instrumentalización de la justicia al servicio del poder político. El juicio termina dos contra uno al sumarse el juez Norris, con sentencia de culpabilidad y condena de prisión permanente.
En la España actual, constituida en Estado de Derecho (art. 1.1 CE), el líder del PSOE quiere ser investido presidente de España con los votos de Junts y ERC al precio de amnistiar -habrá que ver su alcance- delitos graves con premeditación, violencia y atentados, contra la Nación de españoles y la Constitución. La amnistía en sí, al margen de su concreción en el pacto de intereses mutuos, significa que políticos catalanes protagonistas del golpe contra España en 2017 no son responsables de estos actos. La amnistía les haría “ciudadanos libres de la ley” en flagrante contradicción con el Estado de Derecho, piedra angular del sistema constitucional.
Aprobar cualquier amnistía política dentro del vigente orden constitucional lo fractura de forma irreversible, aunque pueda ser declarado conforme a la Constitución por un tribunal constitucional politizado. Crea un precedente: abre la puerta a seguir siendo libres-de-la-ley a futuro que hace trizas el principio fundamental de igualdad. La amnistía vulnera de forma nuclear el Estado de derecho porque afirma que para unos determinados ciudadanos privilegiados la ley no rige; son inmunes y logran lo que quieren. La impunidad y la arbitrariedad quedan así insertados en el orden instituido. Bomba de relojería contra la seguridad jurídica que va dinamitando la convivencia como estamos viendo.
Ahora Sánchez a través del Congreso de Diputados, promueve la amnistía más allá del orden constitucional, cuyo techo es el indulto personalizado
Desde el gobierno en funciones y sus terminales mediáticas se está vendiendo falazmente la amnistía en pro de la convivencia. Por el contrario, sabemos que la vida democrática y la paz social guardan relación con el estricto cumplimiento de las leyes, especialmente por autoridades y cargos públicos. No hay nada más destructivo para la convivencia civilizada que el trato de favor entre políticos que anula la responsabilidad inherente a sus cargos de cumplir y hacer cumplir las leyes. Cuando esto ocurre, cuando se legaliza que algunos ciudadanos pueden actuar al margen de las leyes estamos en un orden ajeno a la democracia constitucional. ¿A qué orden apunta? A la prevalencia de la voluntad de poder de unos sobre el Derecho de todos. Esto es propio de los regímenes del Antiguo Régimen de privilegios. Fue formulado por el clérigo y filósofo Bossuet en el siglo XVII para defender el origen divino del poder y así justificar el absolutismo de Luís XIV, “civis absoluti legibus”, (ciudadano libre de la ley). Aquí y ahora, en nuestro orden constitucional se pretende validar este privilegio apelando al origen popular del poder de las élites secesionistas catalanas frente y contra la soberanía de la Nación de españoles. La amnistía de Sánchez y su mayoría parlamentaria de perdedores les instituye como ciudadanos por encima de la ley española: ”cives absoluti legibus”. Comportaría el reconocimiento fáctico de soberanía diferenciada, cuyas élites actuaron legítimamente en 2017 frente a un Estado opresor.
Por el contrario, hay que reiterarlo, las conductas de los secesionistas catalanes durante el golpe de 2017, consideradas desde la lógica del orden constitucional, fundado en la Nación unitaria de españoles, sólo conduce a una conclusión: graves delitos de insurrección por los que fueron condenados en sentencia firme. Después Sánchez los indultó con dudas de legalidad, pero dentro del orden constitucional. Ahora Sánchez a través del Congreso de Diputados, promueve la amnistía más allá del orden constitucional, cuyo techo es el indulto personalizado.
La responsabilidad de los ciudadanos
Ambos poderes, ejecutivo y legislativo, se otorgan una competencia que no tienen. Tendrán eso sí informes conformes emitidos por personal de obediencia a sueldo. Pero eso tiene trampa como nombrar a Fernando Galindo, vinculado al gobierno Sánchez, nuevo letrado mayor del Congreso para que dé el visto bueno a la ley de amnistía.
El PSOE y su líder ponen en riesgo a España en su descabellada negociación con el huido de la justicia, recién imputado junto a responsables de ERC y organizaciones separatistas, por la organización terrorista del Tsunami democràtic, por sus actos criminales antidemocráticos. La Fiscalía General del Estado los califica como desórdenes públicos cuando en julio, antes de las elecciones generales, los calificó de actos terroristas.
A modo de conclusión, la política en democracia se legitima en la responsabilidad de ciudadanos, poderes públicos, autoridades y funcionarios. Todos son responsables de sus actos (art. 9.2 CE), y de forma especial los políticos.
El principio constitucional de justicia debe prevalecer sobre los motivos políticos oportunistas como ejemplifica el filme citado al comienzo de esta reflexión. Sin responsabilidad exigente por los propios actos el principio de libertad, que es su anverso, deriva en abuso de poder; el principio de legalidad, inherente al orden civilizado, sucumbe al sectarismo como estamos viendo; y el principio de igualdad ante la ley es sacrificado a los intereses de los poderosos, en este caso, la ambición de poder de Sánchez que amolda leyes e instituciones a su interés, y los privilegios de los separatistas catalanes y vascos.
