En mayo de 2017, en el evento 'Populismo, Crisis Ecológica y Cuidados', el ahora líder de Más País, Iñigo Errejón, aconsejaba a los autodenominados "ayuntamientos del cambio" dejar sembradas "instituciones populares que resistiesen", y donde los suyos pudiesen refugiarse cuando gobernasen los adversarios. Desde asociaciones de vecinos, pasando por clubes de montaña y agrupaciones juveniles o espacios culturales y de autoorganización. "Una estructura económica autónoma que permitiese acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales", añadía. En definitiva, una red clientelar que acoja a sus cuadros políticos a costa del dinero del contribuyente, cuando pierdan las elecciones y se queden sin trabajo. Y así, añado yo, asegurarse un grupo fiel de votantes. Esto es lo que los politólogos Mudde y Rovira (2017) definen como clientelismo político:
"Un modo particular de intercambio entre grupos de electores y políticos, gracias al cual los votantes obtienen bienes (pagos directos o acceso privilegiado a empleo, bienes y servicios, por ejemplo) a condición de que apoyen a un patrón o partido".
Poder monopolístico
El clientelismo es, lamentablemente, un fenómeno ideológicamente transversal. Afecta a políticos y a partidos de todo el espectro político. Puede originarse o promoverse desde el poder político, como parecía proponer Errejón, o desde la propia sociedad civil, como ocurre con las asociaciones, fundaciones y grupos de interés que actúan como buscadores de rentas. La búsqueda de rentas, como la define el economista Randall Holcombe (2016), hace referencia al intento de "usar al gobierno para obtener beneficios induciendo reformas políticas". Los políticos generan unas rentas, a costa del contribuyente, que luego reparten entre los suyos: aquellas organizaciones alineadas ideológicamente son poco críticas con el gobierno o les aseguran una masa de votantes estable entre un colectivo determinado. Mediante este proceso, el gobierno es persuadido por grupos de interés para crear estas rentas privilegiadas. Estas benefician a los receptores, pero no agregan nada a la producción total de la economía. El buscador de rentas, en vez de comportarse como un empresario innovador que persigue la forma de lograr un nuevo proceso productivo con un menor coste, pretende que el gobierno le otorgue un poder monopolístico e impida o dificulte la entrada, en un ámbito concreto, de potenciales competidores.
En España existen miles de organizaciones que se financian en gran medida gracias a las subvenciones. Desde los partidos políticos, pasando por sindicatos, entidades empresariales, culturales, taurinas, gastronómicas, feministas o LGBT
Los grupos subvencionados tienen grandes incentivos para entrar en el juego clientelar. En primer lugar porque en un país con una sociedad civil tan débil y con tan poca tradición de mecenazgo privado, necesitan del dinero público para sobrevivir. En España existen miles de organizaciones que se financian en gran medida gracias a las subvenciones. Desde los partidos políticos, pasando por sindicatos, organizaciones empresariales, culturales, taurinas, gastronómicas, feministas o LGBT. Un estudio realizado por la Fundación Consumer (Eroski) en 2005, revelaba que dos de cada tres de las principales ONG obtenían, al menos, el 50% de sus ingresos del Estado, vía subvenciones públicas. Esto puede no suponer un problema para muchas personas, sin embargo lo es. Cuando una organización depende de una subvención para desarrollar su actividad los intereses de sus miembros se ven más comprometidos, y por supuesto supeditados a lo necesario para su consecución. Además, las organizaciones, para desarrollar su actividad de forma más eficiente y a medida que crecen, se burocratizan y generan unas élites con intereses propios que no tienen porqué estar alineados con los de los miembros a los que dicen representar. Un ejemplo de esto son los sindicatos cuyos dirigentes, en nuestro país, gozan de una relación con el poder político privilegiada. Este privilegio se plasma tanto en la figura de los liberados sindicales, que les permite trabajar para su organización a costa de la empresa; como en el rol que les otorga la ley como representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.
Los incentivos cortoplacistas que genera la política facilitan estas dinámicas. Los políticos tienden a primar aquello que les asegurará la reelección en los siguientes comicios
Todos los que compiten por lograr el favor del gobierno utilizan gran parte de sus recursos en promocionar y dar publicidad a sus intereses y objetivos para intentar persuadir y conseguir el apoyo de los poderes públicos. Este proceso es posible siempre que el gobierno interfiera a través de licencias, cuotas, permisos, concesiones, subsidios, rentas garantizadas y asignaciones diversas. Los incentivos cortoplacistas que genera la política facilitan estas dinámicas. Los políticos tienden a primar aquello que les asegurará la reelección en los siguientes comicios. Se torna todavía más perverso cuando se asume, como mínimo de forma implícita, que quien comparte una característica concreta (ser mujer, trabajador o catalanohablante, por ejemplo) comparte también unos intereses determinados, y que el grupo, o los grupos, que se erige como su representante es el interlocutor legítimo.
Las consecuencias del clientelismo y de la captura de rentas son diversas. En primer lugar, la que tiene que ver con la asignación eficiente de recursos. Una parte nada desdeñable de los recursos públicos se destina a financiar a organizaciones de la sociedad civil. El gasto en subvenciones públicas ronda los 12.600 millones de euros anuales, lo que equivale a alrededor de un 23% del presupuesto que se destinó a educación en 2019. Esto quiere decir que hay una serie de recursos que, en lugar de dedicarse a mejorar la vida de los ciudadanos, se dirigen, como poco, a un espacio en el que no podemos tener claro el uso que se hará de ellos.
Privilegios y asignaciones
Sin desdeñar la actividad tan importante que realizan algunas de ellas, no podemos estar seguros de que todas esas subvenciones se utilizan para generar valor en nuestra sociedad. Además, en vez de dejar que sean los individuos con sus membresías y su actividad los que señalen a las organizaciones más eficientes en la consecución de sus objetivos y que más les representan, las subvenciones actúan alterando su comportamiento y laminando la pluralidad. Si sabemos cuáles son las organizaciones que mayor influencia tienen en un ámbito concreto porque así lo han decidido los políticos con sus asignaciones monetarias o sus privilegios regulativos, los incentivos para apoyar a organizaciones que renuncian a esos beneficios, o incluso los incentivos para organizarse de forma paralela a estas, son muy bajos. Por último, estas distorsiones también afectan a la actividad de las propias organizaciones. Estas, que en la mayoría de los casos tienen asignada una subvención cuya consecución no les resulta demasiado costosa, no tienen ningún incentivo para ser más inclusivas o innovadoras en su planteamientos y reivindicaciones. Deben limitarse a hacer aquello que les permita seguir asegurando su subsistencia.
