El primer Pleno Ordinario del Congreso de los Diputados comenzaba el martes, día 11, a las 15:00 horas. Buena prueba de que inauguramos nuevas costumbres, que rompemos inercias nos apuntamos a otros husos y meridianos que favorecerán alineamientos con los europeos del norte. Porque para cumplir con puntualidad sus señorías tendrán que comer entre las 12 y las 13 si quieren tener margen para pasar por sus despachos, revisar su documentación y ocupar sus escaños antes de que suene la sintonía que declara la inminencia y de que la presidenta abra la sesión.
El Orden del Día del estreno incluía en su primer punto las propuestas de creación de ocho Comisiones que, en un inimaginable consenso y sin atender a sus adscripciones antagónicas de los Grupos signatarios a la España Progresista y a la España del Bloqueo, han presentado el Grupo Parlamentario Socialista, el Popular y el Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Comisiones que se denominan del siguiente modo:
- De seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo;
- De seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género;
- Para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales;
- De Derechos de la Infancia y Adolescencia;
- Sobre Seguridad Vial;
- Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones;
- Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades; y
- Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Semejante proliferación lleva consigo la constitución de las ocho mesas correspondientes cada una con su presidente, sus dos vicepresidentes y sus dos secretarios. De manera que así se añaden 40 cargos, que devengarán sus dietas y su canesú, a los 110 que ya integran las veintidós Comisiones paralelas a los departamentos ministeriales y los nueve integrantes de la Mesa de la Cámara. Es decir, que los prebendados pasan a sumar 159 de un total de 350 diputados.
Propuestas en el Pleno
Luego, el Pleno abordaba el debate de totalidad de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia que, contra todo pronóstico, se abstiene de declarar Murcia como nación o de reclamar el consabido referéndum de autodeterminación, ni tampoco de exigir cambios en el Código Penal para eliminar artículos afines a la idiosincrasia murciana o de otras gentes de mal vivir que señalaba la ordenanza de Carlos III. La propuesta de reforma estatutaria declara nacer de la necesidad de responder a la crisis de confianza en el sistema político. Por eso, se limita a eliminar los aforamientos de diputados regionales y de los consejeros autonómicos, sin perjuicio de su inviolabilidad por los votos y opiniones que emitieran en el ejercicio de sus funciones. Para ello se reforman en ese sentido los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía de 9 de junio de 1982.
Además, el Pleno, merced al voto de todos los Grupos excepto PP y Vox, acordó la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia impulsada por el Grupo Socialista. Su texto defendía la muerte digna pero la argumentación de los contrarios de la oposición entendía la propuesta como un intento de ahorrar facilitando la muerte de muchos mayores, lo que señalaron reduciría los costes sanitarios y sociales generados por un colectivo con enfermedades crónicas, además de rebajar el gasto en pensiones. Sí parece demostrado que el 80% del coste sanitario de un individuo corresponde al último año de su vida. Cuestión muy distinta es que nadie haya pensado por ello crear un cuerpo de puntilleros del Estado encargado de ultimar a cuantos no superaran la ITV a la que todos habríamos de someternos a partir de los setenta.
El Orden del Día del Pleno incluía dos Proposiciones no de Ley. Una del Grupo Socialista, relativa a paliar los daños de las catástrofes provocadas por los temporales, y otra, del Grupo Popular, sobre la revisión del sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común y Haciendas Locales. En último lugar figuraba la dación de Cuentas de la Diputación Permanente de la XIII Legislatura a la actual Cámara de la XIV.
La continuación del Pleno, a partir de las 9:00 horas del miércoles 12, comenzaba abordando las dieciséis preguntas formuladas para su respuesta oral de las cuales tres al Presidente y otras trece a los ministros y después las tres interpelaciones urgentes. La desolación comienza al observar el campo temático de las preguntas y comprobar la carencia de puntos de contacto con las preocupaciones reales de los electores. Al presidente le pregunta Gabriel Rufián, de ERC, por las medidas para frenar el auge del fascismo en el Estado; Santiago Abascal, de Vox, por la reunión de Ábalos y Delcy; y Pablo Casado, del PP, si está dispuesto a respetar el Estado de Derecho. La cuestión de Delcy en Barajas es objeto de otras cinco preguntas dirigidas tres al propio Ábalos, una a la ministra de Hacienda, otra al ministro del Interior.
Más trámites pendientes
Además, el diputado cántabro Mazón preguntó por los trámites pendientes de las subvenciones por las inundaciones; el de EH Bildu por la retirada de condecoraciones al policía Billy el Niño; el del PNV por los problemas de abastecimiento de algunos medicamentos; Laura Borrás por la derogación del Real Decreto-Ley sobre administración digital; la de Unidas Podemos por la protección sexual de las mujeres; la de Vox por el aumento de la criminalidad debido a grupos de origen extranjero; el del PP por la coordinación de las políticas de la Agenda 2030. O sea que la oposición parece por completo desnortada y ajena a sus deberes de controlar al Gobierno en asuntos de la gravedad de Cataluña, la mesa Gobierno-Govern, la eliminación del tipo penal de la sedición en la reforma del Código Penal, las medidas de gracia para los condenados de Lledoners, los presupuestos de la UE, los nuevos destructores que Washington quiere asignar a la base de Rota, la desaparición de la secretaría de Estado para Iberoamérica, o el trato reservado al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. O sea, que, si hubiéramos de conocer a la oposición, en particular a la del PP, por sus preguntas nos formaríamos una idea penosa de su incompetencia.
En cuanto a las Interpelaciones urgentes, eran tres. La primera, muy pertinente, de Ana Oramas, la valerosa diputada canaria, inquiriendo cuál es la respuesta del Gobierno a la delimitación unilateral por Marruecos de su frontera marítima, lo cual afecta a Canarias y al Sahara Occidental. Un proceder que ofrece una prueba más, si hiciera falta, de cómo se atreven con nosotros cuando nos ven débiles y distraídos jugando a la balkanización de la Península. La segunda interpelación, del grupo Popular, es para que se expliquen los motivos y los compromisos adquiridos en nombre del Gobierno con el régimen de Maduro durante la reunión de Ábalos con la vicepresidenta Delcy. La tercera, de ERC, sobre la situación por la que atraviesa el sector frutícola. Para que luego hablen de Rufián. Continuará.
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