En ese vago Plan de Acción por la Democracia con el que Sánchez lleva amenazándonos desde la Primera carta a los corifeos, deberían preverse penalizaciones a los políticos que nos asaltan en las redes sociales para colocarnos su mercancía averiada. Por ejemplo, en Sumar acaban de encontrar la solución al problema de la vivienda y llevan toda la semana dando la matraca en X. Un mensaje y otro y otro y otro; ahora Yolanda, ahora Errejón, ahora Bustinduy, ahora Carlos Martín Urriza… que no quede nadie sin enterarse de que ellos tienen la respuesta a todas las preguntas. Aunque ya os voy avisando; no esperéis propuestas modernas y rompedoras, sólo las viejas recetas zurdas: prohibir y subir los impuestos.
Como son la facción cosmética del gobierno, creen que pueden hablarnos como si llevaran mucho tiempo en la oposición; es decir: piensan que somos gilipollas. Y probablemente lo seamos. De otra manera, no se entiende que alguien tan patológicamente dispersa como Díaz haya podido llegar a vicepresidenta —no os perdáis lo que contesta cuando Pepa Bueno le pregunta qué piensa sobre la rivalidad entre Broncano y Pablo Motos—. Ella, tan feminista, se ha deshecho de todas las mujeres que tenía cerca —¿alguien recuerda a la hervida Marta Lois?—, y sus pijos y bien pagados muchachos fingen indignarse por el precio de los alquileres y las hipotecas como si fueran uno di noi y sufrieran nuestras fatiguitas. Por suerte, no necesitamos ningún censor del gobierno para saber que nos están engañando.
Como son la facción cosmética del gobierno, creen que pueden hablarnos como si llevaran mucho tiempo en la oposición; es decir: piensan que somos gilipollas
Yolanda Sonrisas ya era ministra cuando se aprobó el decreto 11/2020 por el que se prohíbe desahuciar a vulnerables, que es una condición que se asigna en función de las ganas de mover papeles que tenga la charo de Asuntos Sociales —ese cáncer—. Y aunque en la práctica suponía proteger a unos ciudadanos en detrimento de otros, se nos vendió entonces como una respuesta humanitaria a la pandemia; pero ahí sigue el decreto: prorrogado 10 veces y destrozando el mercado inmobiliario. Desde 2020, todo han sido medidas que dejan indefensos a los propietarios ante la okupación y el impago y que perjudican, sobre todo, a los colectivos que la izquierda dice defender, como las familias en las que sólo entra un sueldo.
El otro día, cuando Errejón defendió su propuesta sobre la vivienda en el Congreso, comprobé que tras sus palabras y ademanes de empollón no había método científico ni análisis objetivo, sino mera ideología. Para ellos no es importante encontrar soluciones, sino buscar culpables que, por supuesto, nunca están entre ellos aunque la lideresa fija discontinúa sea vicepresidenta. El de Sumar aseguró que la mayor parte de la vivienda de alquiler está en manos de oligarquías rentistas, fondos buitre y grandes tenedores. Incluso afirmó que la abuelita que alquila un piso para complementar su pensión es un animal mitológico: mi madre. Y muchas de sus amigas. Es entendible que al hijo de un alto cargo del PSOE le cueste asimilar que durante el franquismo y en las primeras décadas de democracia la gente prosperaba.
Aunque no soltaba el bolígrafo de profesor para inspirarnos confianza, mentía sin inmutarse: el Banco de España informa de que los grandes tenedores apenas tienen el 8% de las viviendas. Y esa oligarquía rentista —con más de 6 viviendas— que él señaló con codicia colectivista debe de ser insignificante, pues según un estudio de Fotocasa, sólo un 4% de los propietarios tienen más de 2 casas. Por lógica, serán muchos menos los que tengan más de 6. Al parecer, en Sumar no consultan datos oficiales —o los ocultan— y construyen sus discursos con los papeles que les pasan las del Sindicato de Inquilinas, uno de esos chiringuitos en los que seguir cobrando cuando pierden elecciones. Pero para que no sospecháramos de sus soviéticas intenciones, el ex mejor amigo de Pablo Iglesias citó un informe de Idealista que afirma que Caixabank y Blackrock son los mayores propietarios de vivienda. En él también se dice que entre todos los megatenedores sólo suman el 10% de la oferta; pero ese dato el muy pillín se lo calló, porque entonces se le caería el relato. Por supuesto, en su indignada intervención justiciera se guardó muy mucho de comentar que el Gobierno del que forman parte está vendiendo patrimonio del Estado a Blackrock para que construyan pisos de lujo. Pisos de lujo, nada de viviendas sociales. Y, como era de esperar, tampoco hizo referencia a cómo afecta al problema habitacional la llegada de miles de inmigrantes a las zonas tensionadas.
Precisamente a estas dedica Sumar su medida estrella: prohibir —prohibir, prohibir, prohibir— la compra de pisos en zonas tensionadas si no es para vivir. Con lo fácil que sería derogar el puñetero decreto 11/2020 y dar seguridad jurídica al propietario para que vuelvan muchos pisos al mercado.
Pero entonces, a ver de qué iban a vivir los núcleos irradiadores.
P. D. Por cierto, y antes de que comience mi lapidación en X: hace 20 años que vivo de alquiler. Soy la primera interesada en que bajen los precios.
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