En mis tiempos de juventud, luchar por la libertad de expresión era sinónimo de progresismo. Un país o una organización se apellidan democráticos si los miembros que forman parte de los mismos gozan de la libertad de expresión. Y esa libertad solo existe si puede ser ejercida por el discrepante sin cortapisas, salvo las establecidas por ley. Por eso en países como en China, en Corea del Norte o en Cuba, la libertad es solo una palabra sin efectos en el conjunto de la población.
En organizaciones políticas rige la censura cuando se trata de asuntos que enturbian o desenfocan los principios fundamentales que animaron su fundación. En el resto de los asuntos, la libertad de expresión no solo está permitida sino que debe ser ejercida cuando existen varias opiniones posibles sobre un mismo tema. Ocurre con la llamada ley Trans o con la reciente proposición de ley sobre modificación del delito de sedición que PSOE y Podemos han presentado para su debate en el Congreso de los Diputados. En este último caso, ni siquiera el propio portavoz del Grupo Parlamentario socialista tenía conocimiento de lo que tres días después iba a presentar en las Cortes, salvo que no dijera la verdad cuando en un programa de radio el conductor del mismo le preguntó y repreguntó sobre el tema.
Ya somos adultos y estamos en condiciones de poder entender, si se nos explica, que lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco
No pretendo pasar factura a nadie sobre los cambios de opinión que, a veces, se producen en el gobierno de la Nación. A más edad, más razonable me vuelvo y más dudas me asaltan sobre muchos asuntos que son como mínimo discutibles. Está bien que cuando alguien crea que se debilitan sus tesis, rectifique. La única condición exigible, en mi opinión, es que se explique detallada y razonablemente el cambio de postura. Ya somos adultos y estamos en condiciones de poder entender, si se nos explica, que lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco.
El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó la convocatoria de un Referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. El 8 del mismo mes en el mismo escenario se aprobó también la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana. Si el 1 de octubre de 2017 se celebró, sin ninguna garantía legal, el referéndum de autodeterminación a pesar de encontrarse suspendido por el Tribunal Constitucional. Y si en la mañana del viernes 27 de octubre, el Parlamento catalán aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que provocó la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española, y el PSOE apoyó las medidas que se adoptaron para la aplicación de ese artículo, fue porque se consideró gravísima la situación y delictivo el comportamiento del gobierno catalán. Tan delictiva era la actuación, que el propio presidente Puigdemont, antes de ser acusado de nada, salió corriendo, huyendo de una Justicia que, como mínimo le imputaría la comisión de un delito de sedición.
Estábamos todos los demócratas tan convencidos de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Cataluña, que hasta el Rey Felipe VI, el 3 de octubre de ese 2017, se dirigió al país para decir que “estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada −ilegalmente−la independencia de Cataluña”.
Que algunos se olviden de las palabras de aliento que dirigieron a policías nacionales y guardias civiles cuando se les obligó a dejar sus casas, sus familias, sus destinos, para marchar a una tierra a defender la Constitución
El gobierno de España ha cambiado de opinión respecto al delito de sedición. Tiene derecho a hacerlo y obligación de explicarlo. Es difícil de entender ese cambio, pero lo que resulta más difícil es entender a quienes, desde responsabilidades institucionales y partidarias, sin que haya mediado ningún debate, se sumen al cambio y se olviden de las palabras de aliento que dirigieron a policías nacionales y guardias civiles cuando se les obligó a dejar sus casas, sus familias, sus destinos, para marchar a una tierra a defender la Constitución y la integridad territorial de España.
Esos mismos dirigentes, respondiendo a las críticas de la oposición, han afirmado que “no venga a criticar el PP, cuando con su gobierno hubo un referéndum, una declaración de independencia y se fugaron algunos líderes independentistas”. Llevan razón: exactamente eso fue ocurrió, un referéndum ilegal y una declaración de independencia, y por eso se les aplicó el delito de sedición. No se puede decir lo que dicen y, a continuación, para justificar la proposición de ley, defender que lo que sucedió en esas fechas fue “un delito de desórdenes púbicos agravados”.
Por realizar un ejercicio de simulación, ¿cómo estaría ahora la situación si esta proposición de ley se hubiera aprobado a principios de 2017? La celebración de referéndum y la declaración unilateral de independencia de Cataluña habrían sido solo delitos de desórdenes público agravados.
Vivíamos equivocados. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? ¿Cómo pudimos creer que los independentistas atacaban el artículo 2 de la Constitución, cuando solo estaban realizando una alteración del orden público?
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