De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. Y esto es lo que ha ocurrido este año debido al retraso acumulado para formar Gobierno y coordinar éste su teórica “mayoría progresista” para sacar unos nuevos. Se confiaba, no obstante, en que esta primavera hubiera Presupuestos Generales del Estado de 2024. Sin embargo, la pugna política entre dos de los aliados de Pedro Sánchez, ERC y Junts, ha llevado a que el actual president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, y precisamente por no poder sacar adelante sus propios presupuestos autonómicos, haya convocado elecciones para mayo. Esto reduce las posibilidades de obtener una mayoría parlamentarias en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos nacionales. El discurso de Sánchez de la “necesidad” de tener presupuestos en 2024 ha mutado a la “necesidad” de empezar a elaborar los de 2025, en lugar de hacer lo mismo que Aragonés que, ante la imposibilidad de sacar adelante los suyos, ha optado por las urnas.
Los gobiernos no tienen fondos propios, simplemente se encargan de administrar las cuentas públicas lo mejor que saben, en un metro trabajo de recaudación y asignación. Y, en concreto, con una Hacienda que disfruta de los máximos históricos de contribución fiscal, destinar todo ese capital a las diferentes áreas de inversión y gasto responsabilidad del Estado, es la labor por antonomasia de un ejecutivo, lo más importante que hace al año: diseñarlos conforme a las necesidades principales y aplicarlos con rigor, y conseguir que las previsiones no difieran mucho de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias para los españoles de un año sin presupuestos, al margen de las derivadas políticas inevitables?
En 2023 se gastó mucho y si no se producen ajustes, aumenta el riesgo de desequilibrio en las cuentas. Y Europa no será comprensiva con un incumplimiento de los objetivos de déficit aunque no haya Presupuestos
Es importante no ser alarmista. No hace tanto que vivimos los PGE más longevos de la democracia, los del ministro Cristóbal Montoro de 2018, que estuvieron en vigor durante tres años por la falta de mayorías parlamentarias tras las dos elecciones de 2019, y no ocurrió nada especialmente grave. No obstante, la situación postpandemia ha elevado el volumen de deuda pública y la dependencia de los fondos europeos, lo que nos obliga a ajustar las cuentas para reducir seriamente el déficit. Hay que gastar menos o ingresar más, o hacer políticas que aumenten el crecimiento… o una mezcla de las tres medidas. Y sin presupuestos, lo primero corre mucho peligro, ya que en 2023 se gastó mucho y si no se producen ajustes, aumenta el riesgo de desequilibrio en las cuentas. Y Europa no será comprensiva con un incumplimiento de los objetivos de déficit aunque no haya Presupuestos. Hacen falta ajustes.
Cuando el gobierno prorroga los presupuestos, no todas las partidas son automáticamente prorrogadas. Muchas inversiones presupuestadas para 2023 que no se hayan completado, se quedan sin fondos en 2024 y el margen de maniobra sobre los proyectos en marcha será reducido. Esta es la razón de que tantos dirigentes disuelven el Parlamento y convocan elecciones cuando no sacan adelante los PGE, ya que su capacidad de gestión queda muy limitada. Aparte de darle continuidad al gasto corriente (que se supone ya estaba comprometido con los PGE de 2023), sólo podrá modificar y ampliar partidas ya existentes mediante la aprobación de decretos-ley que, posteriormente, tendrán que ser validados en el Congreso, siempre y cuando alegue razones de "urgencia y necesidad".
La subida salarial de empleados públicos y la de las pensiones (blindada por ley) no corre peligro, así como puede prorrogar vía decreto las medidas extraordinarias aprobadas con la excusa de la invasión de Ucrania
En el caso de la España actual, el mal desempeño que se está haciendo de los Fondos europeos Next Generation no se va a poder resolver sin unas nuevas cuentas ya que se mantendrá su ejecución sin cambios. Salvo una situación de emergencia, difícilmente justificable, el Gobierno no podrá aprobar nuevos proyectos que supongan un incremento directo del gasto inicialmente previsto. Sin embargo, la subida salarial de empleados públicos y la de las pensiones (blindada por ley) no corre peligro, así como puede prorrogar vía decreto (y donde seguro colará muchas medidas aunque tengan poco que ver) las medidas extraordinarias aprobadas con la excusa de la invasión de Ucrania. Tampoco tienen obstáculo para subir los impuestos si quieren, aunque sólo puede modificar los existentes sin crearlos nuevos. Y a pesar de la letanía que el Gobierno repite cuando sale este asunto, no es cierto que sin PGE las autonomías tendrán menos recursos del estado.
El aspecto más frágil de fiasco presupuestario
En resumen, el impacto de que no haya presupuestos de 2024 a mediados de marzo de 2024, no cambia demasiado a que los hubiera habido en abril o mayo, ya que en julio ya se empiezan a preparar los de 2025. Se trata más de una derrota política de Sánchez -amén de un síntoma de debilidad de su teórica “mayoría progresista”- que de una mala noticia económica en sí. Nadie tenía demasiadas esperanzas en esas cuentas. La exministra Calviño hace meses, y últimamente la ministra Montero, insistían en su importancia. El aspecto más preocupante es lo que pueda influir en la inversión extranjera en nuestro país, que puede resentirse ante este clima de inestabilidad. Porque no tengo ninguna confianza en que la necesaria reducción del déficit vaya a conseguirse, o que, si se consigue, se deba a un aumento de los ingresos y de la actividad económica por el sector turístico, y no a unos Presupuestos Generales del Estado elaborados por este PSOE y aprobados por Bildu y compañía.
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