Los violentos delitos del fin de semana de San Juan, y particularmente el asesinato de David Lledó Caselles a manos de magrebíes okupas con un amplio historial delictivo, vuelven a poner de manifiesto las perniciosas consecuencias de no controlar quién entra en nuestro país. Pero este sindiós no ha empezado ayer, es una gota malaya que viene trepanándonos desde hace décadas.
Con la llegada de la democracia, los políticos decidieron que determinada etnia podría parasitar los recursos del Estado a cambio de paz social, paz que se quiebra cuando los etnianos cogen sus kalashnikovs y se lían a tiros entre ellos o cada vez que uno de los suyos ingresa en un hospital. Imagino que los legisladores creyeron que, facilitándoles la vida, las siguientes generaciones se integrarían hasta llegar a ser indistinguibles del resto de españoles; y no se pensó en el lastre exponencial que se estaba cargando sobre los contribuyentes futuros: si acostumbras a la gente a tener casa gratis y subvencionas su natalidad sin exigir nada a cambio, empezarás dando un piso a una familia y acabarás teniendo la obligación de dar otros cinco pisos a sus hijos y 25 a sus nietos. Entonces sólo teníamos que mantener al parásito patrio, ese al que también le gustan los torreznos, pero ahora mantenemos incluso a quienes odian nuestra cultura. Y, aun así, no hay día sin robos violentos, violaciones e incluso asesinatos perpetrados por magrebíes que no se entiende qué hacen aquí. Porque, seamos claros: nadie que ande con machetes o bates de béisbol por la calle ha venido a pagarnos las pensiones.
La inmigración ilegal es la nueva industria de España; y David Lledó, sólo un daño colateral que podemos asumir, como cuando un obrero se mata al caer de un andamio
Y es que en España se dan las condiciones perfectas para la delincuencia multicultural. Para empezar, tenemos las fronteras abiertas a gente que rompe su documentación antes de ser “rescatados” y asociaciones caritativas que se forran con el tráfico de personas a las que, ya en tierra, hay que atender, alojar asesorar, mantener… El Gobierno dispone qué hay que hacer, pero son las mil y una oenegés quienes se reparten el trabajo. Y no son las únicas que se enriquecen; pensemos, también, en los hoteles que alojan a los ilegales, las marcas de ropa que los visten, las de zapatillas deportivas y bolsas de viaje, los catering que los alimentan, etc… La inmigración ilegal es la nueva industria de España; y David Lledó, sólo un daño colateral que podemos asumir, como cuando un obrero se mata al caer de un andamio.
Así, primero importamos delincuentes indocumentados y después permitimos que okupen viviendas en las que desarrollan todo tipo de actividades delictivas; desde el tráfico de drogas a la explotación sexual de menores o, directamente, la violación en manada de chicas que querían llegar a casa solas y borrachas. Todo ello con la connivencia de muchos ayuntamientos, que por buenismo y para conseguir más dinero del Estado —a mayor población, más presupuesto—, los empadronan con un ticket de Telepizza, que es el primer paso para acceder a ayudas. Sumémosle a esto un Código Penal pensado para aquel lumpen doméstico que respetaba a los jueces y temía a la Guardia Civil, no para delincuentes que violan a las infieles por mandato divino y a los que no les importa degollar para robar un teléfono que venderán por 20€ en el paki de la esquina. ¿Y la policía? Atada de pies y manos. Si tienes un iPhone, puedes saber dónde está tu móvil gracias al localizador, pero si tras ser robado acudes a comisaría para pedir ayuda, un agente te explicará que ellos no pueden hacer nada. Y, para nuestra desgracia, se diría que hay órdenes de castigar la autodefensa: José Lomas —el anciano que mató al intruso de la motosierra— estuvo nueve meses y medio en prisión preventiva; en cambio, dos de los tres acusados del asesinato de David Lledó —que tenían al pueblo atemorizado— ya están en libertad.
En el 2003, PP y PSOE pactaron que los medios ocultaran la nacionalidad de los delincuentes —estaría bien que Aznar explicara por qué—. En el 2007, Zapatero creó una guía práctica para medios, pero es a partir de Pedro Sánchez cuando cierto periodismo empezó a dar vergüenza ajena. En la comisión para esa supuesta regeneración democrática que nos van imponer, Manuel Mariscal Zabala (Vox) acusó al pseudoperiodista —no tiene el título de Periodismo— Ignacio Escolar de no haber publicado la noticia del asesinato de David Lledó en el diario.es y de trabajar para el poder político. La respuesta de Escolar confirmó que, efectivamente, no publica noticias negativas sobre la inmigración ilegal porque no quiere “convertir la anécdota en dato”. Que el Gobierno favorezca que delincuentes magrebíes campen a sus anchas, violen y asesinen, es algo anecdótico. No como el terrorismo machista, en el que la muerte de cada mujer a manos de su pareja es un asunto de Estado al que hay que dedicar cientos de millones.
Deberíamos aprender de ellos y agrupar cada delito cometido por ilegales africanos bajo el epígrafe Terror moro. Imaginad que, tras cada noticia sobre el tema, dos locutores estrella de Antena 3 nos dijeran: “Contra el terror moro, tolerancia cero”.
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